La relación entre los espacios dominantes de la política nacional actual es cada vez más tensa y de ese modo resulta incierto el destino de medidas que, por una clara cuestión institucional, se deben debatir en el ámbito parlamentario.
Mientras el oficialismo libertario y la mayoría opositora kirchnerista no hacen nada por lograr el mínimo consenso político, el desequilibrio va distorsionando el funcionamiento del Estado: el Ejecutivo abusa de las facultades legislativas, mientras el Congreso se arroga funciones del Ejecutivo.
La relación entre los espacios dominantes de la política nacional actual es cada vez más tensa y de ese modo resulta incierto el destino de medidas que, por una clara cuestión institucional, se deben debatir en el ámbito parlamentario.
El Congreso de la Nación se viene convirtiendo en la sede de sectores que transitan a la deriva en el plano institucional. La mayoría opositora embiste al oficialismo con proyectos que apuntan directamente a las medidas de equilibrio fiscal que impuso el Gobierno desde su arranque en la administración del Estado, mientras desde las bancas que responden al Ejecutivo sucumben en las votaciones tanto por su reducida cantidad de miembros como por la falta de roce político que ha caracterizado a ese sector desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha. No es suficiente el respaldo recibido en todo este tiempo por sus aliados.
La media sanción al nuevo financiamiento universitario y la mayor asignación de recursos para la denominada “emergencia pediátrica”, basada en el reclamo de recursos generado en el hospital Garrahan, sumaron mayores adhesiónes de diputados en forma transversal, es decir, motivadas no por directivas partidarias o acuerdos previos sino por propias convicciones con respecto a la temática abordada.
A ello se le agrega la todavía irresuelta consideración de los vetos presidenciales a otros temas de enorme sensibilidad social, como los haberes jubilatorios, la moratoria previsional y, fundamentalmente, el financiamiento de las políticas sobre discapacidad.
Cabe destacar, a modo de ejemplo, que el proyecto sobre mejoras en el presupuesto universitario fue elaborado por las propias casas de altos estudios en asocio con los gremios que representan al personal del sector. Y esto no es nuevo: la mayoría de las medidas controversiales aprobadas por las cámaras del Congreso y que dieron lugar al liso y llano rechazo del Poder Ejecutivo han surgido, más allá del componente político, por la falencia institucional que significa seguir gobernando sin presupuesto nacional aprobado.
La gestión de Javier Milei se limitó a prorrogar el presupuesto nacional de 2023, que correspondió al último año de gestión kirchnerista, tanto durante 2024 como para este año. Esto contribuye a alentar, por un lado, la discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte del Gobierno y, a la vez, la intervención del Congreso con fuerte incidencia partidaria de parte de los sectores opositores amparados por la anomalía de no contar con números claros para la gestión anual. Siempre es posible la reasignación de recursos por eventuales urgencias o desequilibrios, pero con la base de sustentación de un presupuesto debidamente aprobado antes. Si no, reina el caos, como en estos casos descriptos.
Mientras el oficialismo libertario y la mayoría opositora kirchnerista no hacen nada por lograr el mínimo consenso político, el desequilibrio va distorsionando el funcionamiento del Estado: el Ejecutivo abusa de las facultades legislativas, mientras el Congreso se arroga funciones del Ejecutivo.
La política argentina comienza a recorrer un camino incómodo, aunque probablemente sus integrantes no sean conscientes de ello. Es de esperar que cuando lo adviertan la transitabilidad aún sea posible.