La justa preocupación ciudadana por la lamentable sucesión de delitos en la provincia de Buenos Aires tiene una repercusión política de consecuencias inquietantes.
La mejor imagen para la gente se obtendría a través de un acuerdo en materia de seguridad entre el gobierno de Buenos Aires y el de la Nación para hacer frente en forma conjunta al desborde delictivo. Se trataría de una decisión sobrepuesta a toda especulación de corte político y partidario. En cambio, la reiteración de desatinos con tufillo electoral genera una poco saludable sensación de desapego a lo institucional que habla muy mal de los gobernantes de turno.
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La justa preocupación ciudadana por la lamentable sucesión de delitos en la provincia de Buenos Aires tiene una repercusión política de consecuencias inquietantes.
Como ya expresamos en este espacio en fecha reciente, no quedan dudas de que el conurbano bonaerense es actualmente el punto de mayor dramatismo en virtud de la tenebrosa sumatoria de asaltos seguidos de asesinatos. La sensación de vulnerabilidad deja muy mal colocada la imagen de la autoridad pública en cuanto al control del delito, pese a los justificativos que ensaya periódicamente el gobernador de esa provincia.
Sin embargo, las especulaciones con motivo del año electoral en marcha conducen a una fuerte y lamentable confrontación a la que se suma el gobierno nacional, lo que coloca en evidencia falencias de procedimiento sorprendentes.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viene amparándose en la merma de recursos provenientes de la Nación para justificar el desmadre en materia de seguridad en su propio territorio. Mientras tanto, del lado de la Nación no cesan los agravios desde lo más alto del poder. Ya hubo una crítica pública del presidente de la Nación hacia el titular del Ejecutivo bonaerense al indicar que la provincia “es un baño de sangre” y “tierra de nadie en favor de los delincuentes”. Y en los últimos días insistió: “... si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, dijo Javier Milei al Gobernador en su sorprendente mensaje público, ignorando, incluso, la línea sucesoria encabezada en este caso por la vicegobernadora Verónica Magario.
Debe tenerse en cuenta que la intervención federal, prevista en la Constitución nacional (artículo 6°) es un mecanismo que le permite al Poder Ejecutivo pasar a controlar una provincia solamente por tres causas: “garantir la forma republicana de gobierno”, “repeler invasiones exteriores” y por pedido de sus autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Nada de lo escrito sucede hoy en Buenos Aires. Además, la intervención es una atribución del Congreso cuando éste no se encuentra en receso, justamente a partir de hoy.
Por otra parte, el presidente no puede ignorar que el gobernador bonaerense, como él mismo, fue electo por el voto popular. Corresponde entonces esperar lo que expresen las urnas tras la votación de mitad de mandato, que será este año, para saber si los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires están en mayor o menor medida de acuerdo con la gestión en su provincia.
Cerramos reiterando el concepto expresado en esta misma sección con anterioridad: la mejor imagen para la gente se obtendría a través de un acuerdo en materia de seguridad entre el gobierno de Buenos Aires y el de la Nación para hacer frente en forma conjunta al desborde delictivo. Se trataría de una decisión sobrepuesta a toda especulación de corte político y partidario. En cambio, la reiteración de desatinos con tufillo electoral genera una poco saludable sensación de desapego a lo institucional que habla muy mal de los gobernantes de turno.