Burford Capital, el fondo que litiga contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF, aseguró ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que no busca quedarse con el control de la petrolera, pero sí pretende que el país deposite las acciones como garantía para poder continuar con la apelación del fallo por USD 16.000 millones.
“No desean administrar una petrolera y buscarán la mejor manera de devolver las acciones”, señaló en X Sebastián Maril, especialista de Latam Advisor y quien sigue el caso, al interpretar la postura de Burford. Sin embargo, la intención del fondo es clara: evitar que Argentina pueda seguir apelando sin antes garantizar el pago del juicio, en caso de perder.
"Pero no desean que la Corte de Apelaciones permita al país apelar sin depositar una garantía. Se abre una vía alternativa no contemplada hasta esta madrugada", agregó.
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Vale recordar que el gobierno de Estados Unidos presentó este martes una intervención clave a favor de la Argentina. A través del Departamento de Justicia (DOJ), la administración de Donald Trump pidió formalmente que se suspenda la orden de la jueza Loretta Preska, quien había dispuesto la entrega inmediata de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo.
El escrito fue presentado como amicus curiae, es decir, como opinión de un tercero interesado en el proceso, y contiene seis argumentos centrales para respaldar a la Argentina:
- Interés sustancial de EE.UU.: la causa involucra cuestiones de política exterior, relaciones internacionales y el respeto por las normas internacionales.
- Apoyo a la suspensión: el gobierno norteamericano se suma al pedido de la Argentina para frenar la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva la apelación.
- Inmunidad de los bienes soberanos: según la ley FSIA, los activos de Estados extranjeros están protegidos de embargos o ejecuciones.
- Alcance limitado de la ley estadounidense: el Congreso nunca eliminó la inmunidad sobre bienes ubicados fuera de EE.UU. al legislar sobre excepciones a la FSIA.
- Daño irreparable: si Argentina entregara ahora las acciones de YPF y luego ganara la apelación, podría no recuperarlas.
- Sin perjuicio para los demandantes: como Argentina no puede vender esas acciones sin el aval del Poder Legislativo, los acreedores no sufrirían daño alguno por la suspensión.
El tribunal de apelaciones definirá antes de fin de mes si acepta el pedido de suspensión presentado por la Argentina. Mientras tanto, el caso sigue siendo una de las principales amenazas judiciales para el Estado nacional, con un potencial impacto millonario sobre las reservas y la estrategia energética.
Esta semana también se conoció que la Procuración del Tesoro Nacional inició una investigación, con purga incluida, tras considerar que hubo “filtraciones” internas en el litigio internacional por la expropiación de YPF, con sede de Nueva York. Más de 60 desvinculaciones hasta el momento.