El abogado y ex procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, explicó en qué ámbitos es posible accionar y qué se necesita.
Qué puede hacer Argentina para no tener que pagar US$ 16 millones por el juicio de YPF
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Bernardo Saravia Frías, quien fue procurador del Tesoro de la Nación Argentina y secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda, sostuvo que la decisión de la jueza de Estados Unidos, Loretta Preska, sobre el juicio de YPF, es “grave, por lo que ordena y por cómo lo hace”.
La magistrada ordenó que, como parte de pago de los US$ 16 mil millones (más intereses) que ella misma fijó -en el juicio por no haber realizado una oferta pública de adquisición a todos los accionistas cuando se estatizó YPF-, el Estado argentino debe entregar sus acciones, lo que representa el 51% del paquete accionario.
El abogado resalta que eso no alcanzaría para saldar el total de la deuda, pero, además, que es cuestionable. Reconoce que no es la primera medida judicial excepcional que se le aplica al Estado argentino y que se inscribe en una “larga historia de incumplimientos de gobiernos anteriores, que ayuda a entender la drasticidad”.
Pero plantea que el principio de “international comity” es central en el vínculo de Estados Unidos con otros países. Y que significa que el Estado de ese país no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otros. Además, lo ordenado por la jueza contradice la ley de inmunidad soberana.
“El problema con la decisión de Preska es que viola ese principio: la ley que expropió YPF establece en uno de sus artículos que el Estado argentino no puede disponer de sus acciones en la empresa sin el consentimiento del Congreso, con mayoría agravada de dos tercios”, advierte Saravia Frías.
Comentó a Los Andes que la magistrada reconoce en el fallo que sabe que la ley argentina establece que no se puede disponer de esas acciones sin autorización previa de dos tercios del Congrego, pero aun así ordena que se cambie la ley o que las partes se sienten a negociar y que esto ocurra en un plazo de 14 días.
El abogado resaltó que la legislación argentina impide pagar hasta que no exista una sentencia firme. Y que estos errores de la jueza dan fundamento para apelar y, si bien no se va a dar vuelta el fallo, sí se puede reducir el monto a pagar. Esto, porque el tipo de cambio que aplicó para determinar el pago de US$ 16 mil millones tomar la fecha de la expropiación, cuando debería haber sido la de la sentencia.
El otro frente de acción que visualiza es el Congreso, que considera debería hacer un acto institucional, uno de declaración, con la unanimidad de todos los bloques, para resaltar que la decisión de la jueza estadounidense viola el ordenamiento jurídico argentino.
“Como referencia para Mendoza, hay varios diputados y senadores mendocinos que están trabajando en este momento, como Lisandro Nieri, Rodolfo Suarez y Mariana Juri. Mendoza está siendo protagonista en esto”, destacó.
“Se debe actuar con astucia y prontitud”, planteó Saravia Frías y expresó que espera que no se hagan esperar una apelación en la justicia de Estados Unidos y una respuesta contundente del Congreso nacional.