En 2025 ingresaron más de 134.000 demandas, el número más alto registrado, pese a la fuerte caída de accidentes y muertes laborales.
Récord histórico de juicios laborales pese a la fuerte baja de accidentes de trabajo.
Foto:
El sistema de Riesgos del Trabajo atraviesa una crisis marcada por un crecimiento sin precedentes de la litigiosidad, a pesar de que los indicadores de prevención muestran una mejora sostenida en los últimos años. Durante 2025 ingresaron más de 134.000 juicios laborales por accidentes de trabajo, el número más alto de la historia.
La situación expone una paradoja estructural: mientras los accidentes laborales se redujeron un 55% y las muertes en el ámbito del trabajo cayeron un 80%, la cantidad de demandas judiciales no deja de aumentar. Desde 2020, la litigiosidad creció un 200%, incluso en un contexto de mayor cobertura y mejores estándares de prevención.
Según datos del sector, el sistema logró salvar unas 19.000 vidas y evitar cerca de 4,7 millones de accidentes, garantizando respuestas integrales y oportunas ante los siniestros. Sin embargo, estos avances no se reflejan en una menor judicialización, que se volvió un fenómeno estructural.
La comparación internacional refuerza el contraste: Argentina presenta niveles de cobertura superiores a los de Chile y España, con índices de siniestralidad similares, pero registra una litigiosidad muy superior. Cada 10.000 trabajadores, en Chile se inician 5,8 juicios, en España 8,5, mientras que en Argentina la cifra asciende a 132,8 demandas, es decir, 23 veces más que España y 16 veces más que Chile.
A este escenario se suma un elevado volumen de juicios laborales por otras causas, como despidos o reclamos salariales. El stock total de causas por Riesgos del Trabajo alcanzó en septiembre las 317.848, pese a que las aseguradoras lograron cerrar unas 70.000 demandas.
Incluso se quebraron patrones históricos: en diciembre se registraron más ingresos de juicios que en noviembre, un fenómeno que no se observaba desde antes de la reforma de 2017. Además, el último cuatrimestre mostró una aceleración interanual del 12%.
Desde las ART señalan como factor central de la crisis el incumplimiento de la Ley 27.348, que estableció la creación de Cuerpos Médicos Forenses para ordenar las pericias judiciales. En muchas jurisdicciones provinciales, estos organismos nunca se conformaron, lo que habilitó la intervención de peritos externos sin control ni supervisión, que evalúan incapacidades por fuera de los criterios oficiales.
Estas pericias, advierten, suelen ser convalidadas por la Justicia laboral y generan un incentivo económico adicional: los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que favorece el sobredimensionamiento de las incapacidades.
El impacto económico es significativo. Del costo total de las demandas judiciales, el 45% queda en manos de la intermediación. Por cada millón de pesos que pagan las ART, 450.000 pesos se distribuyen entre abogados, peritos y el sistema judicial.
Las entidades del sector sostienen que corregir estas distorsiones es clave para preservar un sistema que protege tanto a trabajadores como a empleadores, y advierten que la actual dinámica judicial no se condice ni con la realidad de la prevención ni con los estándares internacionales en materia de riesgos del trabajo.