El Ministerio, el cual es encabezado por Luis Caputo, deberá entregar sus expedientes en un plazo de cinco días.
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El Juzgado Federal de Dolores obligó al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente íntegro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, que autorizó la toma de un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
La medida judicial responde a una acción de amparo presentada por Francisco Verbic en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, quienes denunciaron la violación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación al recurrir a maniobras administrativas: primero procesó el pedido bajo la normativa vigente e incluso solicitó una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y trasladó el trámite a un procedimiento más restrictivo y burocrático.
El juez recordó que el Estado debe cumplir con la norma sancionada democráticamente y con amplio consenso, por encima de reglamentaciones dictadas durante gobiernos de facto.
“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, enfatizó el magistrado, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que reconoce al acceso a la información como un derecho humano fundamental, abierto a toda persona sin necesidad de justificar interés particular. La sentencia también destacó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni los fundamentos del empréstito con el FMI, lo que refuerza la exigencia de máxima transparencia. “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo el fallo.
En consecuencia, el Ministerio de Economía quedó obligado a entregar la totalidad del expediente con todos sus anexos y documentos en un plazo máximo de cinco días hábiles. Para organizaciones como ACIJ y CELS, el pronunciamiento constituye un avance significativo en la defensa del acceso a la información estatal y en el control de decisiones de gran impacto económico y social.