El funcionario proyectó una inflación cercana al 16% para este año y apuntó contra la presión impositiva y la falta de competencia.
Inflación y precios: Caputo defendió el IPC vigente y anticipó convergencia internacional.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación continuará en descenso y convergerá hacia valores similares a los internacionales. Además confirmó que el cambio en el método de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será postergado hasta que el proceso de desinflación esté plenamente consolidado.
En declaraciones radiales, el funcionario explicó que la decisión de mantener el índice actual responde a una estrategia política y técnica. Según señaló, introducir ahora una nueva metodología podría dar lugar a cuestionamientos, especialmente si la medición resultara más baja. “La oposición diría que la inflación bajó porque cambiamos el índice”, advirtió.
Caputo remarcó que esta postura fue consensuada con el presidente Javier Milei desde el inicio de la gestión y reiteró que no existe urgencia en modificar el indicador, dado que las diferencias entre ambos métodos serían mínimas en el contexto actual. Incluso, indicó que el nuevo cálculo habría arrojado valores levemente inferiores tanto en diciembre como en enero.
En cuanto a las proyecciones, el titular del Palacio de Hacienda estimó que la inflación de este año será inferior a la registrada en 2025 y se ubicará en torno al 16% previsto en la Ley de Presupuesto, aunque admitió que podría cerrar algunos puntos por encima. El año pasado, recordó, el índice acumulado fue del 32%.
Caputo reconoció que hacia mediados del año anterior el proceso desinflacionario mostraba un ritmo más acelerado, pero atribuyó la posterior suba a factores políticos. En ese sentido, sostuvo que la campaña electoral y el “ataque político” impactaron negativamente en el riesgo país y en las expectativas inflacionarias.
De cara a los próximos meses, el ministro afirmó que la prioridad del Gobierno es sostener el crecimiento económico, que anticipó como “muy fuerte”, y continuar con la desaceleración de los precios. En su análisis, apuntó a la carga impositiva y a años de desorden macroeconómico como las principales causas de los precios elevados en la Argentina.
En esa línea, sostuvo que la ineficiencia estructural se traslada a los precios finales y cuestionó a sectores empresariales que, según dijo, se acostumbraron a obtener rentabilidad a partir de márgenes elevados en un contexto de inestabilidad. “Ahora deben acostumbrarse a ganar por volumen”, planteó.
El ministro también volvió a enviar un mensaje a los gobernadores al afirmar que las provincias concentran la mayor presión tributaria sobre la actividad económica. Finalmente, descartó una avalancha de vehículos importados desde China y precisó que los autos chinos representaron solo el 4% de los patentamientos totales del año pasado, dentro de un segmento híbrido que alcanzó el 8,5%.
El Gobierno nacional resolvió postergar la implementación de la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pese a que los cambios técnicos ya se encontraban finalizados. La decisión fue adoptada en el marco del proceso de desinflación y tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec.
La publicación del nuevo índice estaba prevista para el martes 10 de febrero, pero quedó aplazada sin una nueva fecha definida. Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo optó por mantener el esquema vigente hasta que la desaceleración de la inflación esté plenamente consolidada, con el objetivo de evitar lecturas políticas o especulativas.
El ministro también atribuyó la postergación a factores políticos que, según indicó, impactaron negativamente en la economía durante el último año. Señaló que el aumento del riesgo país y la caída en la demanda de dinero derivaron en un repunte inflacionario, lo que tornó inconveniente avanzar con la modificación del índice en ese contexto.
En términos técnicos, la nueva metodología preveía una actualización en las ponderaciones de la canasta de precios, otorgando mayor peso a los servicios y reduciendo la incidencia de algunos bienes. De haberse aplicado, rubros como vivienda, electricidad, gas, transporte y comunicaciones habrían ganado participación, mientras que alimentos, bebidas, indumentaria y calzado habrían perdido relevancia relativa.
De acuerdo con estimaciones privadas, alimentos y bebidas no alcohólicas habrían pasado de representar el 26,9% de la canasta al 22,7%, mientras que prendas de vestir y calzado se habrían reducido del 9,9% al 6,8%. En contraste, vivienda y servicios públicos habrían aumentado del 9,4% al 14,5%, y transporte del 11% al 14,3%.