La polémica en torno a la lucha antigranizo parece haber llegado a su fin. Desde el ministerio de producción confirmaron a Los Andes que se está evaluando un nuevo sistema de mitigación de riesgos. Este programa dejaría atrás el uso de aviones, en favor de un modelo basado en seguros agrícolas, con financiamiento público y privado.

Según explicaron, el objetivo del gobierno es reasignar el uso de los más de 10.000 millones de pesos que actualmente se destinan al sistema aéreo en su conjunto y lograr un sistema más equitativo y moderno, de acuerdo a las demandas del sector.

La estructura operativa de AEMSA incluye cuatro aviones, 27 pilotos, 12 mecánicos, cuatro radares meteorológicos, 12 generadores de superficie y 30 estaciones meteorológicas. Este sistema es gestionado por 38 personas dedicadas a su operación y mantenimiento. Durante una temporada se utilizan aproximadamente 10.000 cartuchos y 10.000 bengalas, con un costo total de 10.000 millones de pesos entre 2023-2024.

Aunque el gobierno prorrogó el contrato vigente con AEMSA de la temporada pasada, actualmente se está evaluando la posibilidad de cambiar el modelo de combate mediante la modificación del tiempo atmosférico y reasignar esos fondos a otro modelo de gestión más cercano a las necesidades de los pequeños productores, antes de formalizar un nuevo acuerdo.

Un sistema multimodal

La lucha activa, no es único medio por el cual se ayuda a los productores. El gobierno también asiste a quienes sufren siniestros bajo la Ley de Emergencia 9.083, que ofrece beneficios proporcionales al daño sufrido. Estos incluyen la eximición del 50% o 100% del canon de riego (irrigación), la eximición del pago del Inmobiliario Rural, subsidios en la tarifa eléctrica para riego y diferimientos especiales en el pago de créditos otorgados por el FTyC.

Por otro lado, el Fondo Compensador Agrícola, aún con baja adhesión —solo 2.000 productores de menos de 10 hectáreas están adheridos—, actúa como un seguro para daños por granizo y heladas, cubriendo hasta $250.000 por hectárea cuando el daño supera el 100% (para productores con menos de 20 hectáreas). Los productores pagan una prima de $12.500 por hectárea. Durante la temporada 2023-2024, la erogación de la provincia fue de aproximadamente $2.200 millones, y se prevé que alcance los $4.000 millones en la próxima temporada.

Un seguro público-privado

El gobierno provincial considera necesario implementar un sistema de mitigación de riesgos más efectivo y equitativo que el actual de lucha antigranizo con aviones, cuya efectividad está limitada por diversas variables, como el tipo de tormentas y las zonas donde se desarrollan.

La propuesta es desarrollar un seguro para heladas y granizo destinado a la agricultura, con participación público-privada. Para evitar que la prima sea elevada, el gobierno aportaría parte de los fondos que se liberarán al abandonar el sistema de aviones. Este esquema en estudio permitiría ofrecer una compensación por hectárea que cubra, o se aproxime, a los costos reales de producción de la explotación asegurada.

Además, la provincia fortalecería el sistema de radares y su sitio web para proporcionar mejor información, haciéndolo accesible a toda la población con un diseño centrado en la experiencia del usuario.

Sin embargo, surgen dudas sobre cómo incentivar a los productores a tomar este seguro, dada la baja adhesión actual al Fondo Compensador Agrícola. Algunos proponen considerar un sistema de premios y castigos, sugiriendo la posibilidad de que aquellos que decidan no participar en el seguro podrían perder otros beneficios a los que actualmente tienen acceso, aunque aún no se ha definido nada al respecto.

Los datos de Contingencias revelan que, en las últimas ocho temporadas, el sistema de mitigación de tormentas de granizo ha recibido denuncias de daños por parte de 10.300 productores agrícolas. De estos, el 75% son pequeños productores con menos de 10 hectáreas, dominando así el panorama.

Y además pondrá en marcha un sistema agresivo de subsidio de tasas para la tenicificar y eficienctizar la producción agrícola, que incluirá entre otros, malla antigranizo, adquisión de riego por goteo y eficiencia hídrica, sistemas antiheladas, maquinarias, panales solares y capital de trabajo.

Otro intentos

No es la primera vez que la provincia analiza y pone en marcha un seguro agrícola; en los últimos treinta años se desarrollaron varios esquemas. Entre ellos, en 1989 -1990 se debatió en la legislatura de Mendoza el “Fondo de Protección Integral a la Agricultura”, que incluía un seguro agrícola, pero fue rechazado por el sector productor. Entre 1992 y 1994, una empresa privada ofreció en el mercado mendocino un “Seguro contra efectos de Granizo” de carácter no estatal y optativo.

En 2004, el gobierno de Mendoza, en colaboración con un grupo de aseguradoras, estableció un sistema de compensación totalmente subsidiado, pero no prosperó. En 2012, se creó el Fondo Solidario Agrícola, con aportes voluntarios de los productores y del gobierno provincial.