El gobierno de Milei había centrado gran parte de su enfoque para combatir la inflación en una devaluación controlada. Actualmente, está optando por utilizar el congelamiento o la moderación de tarifas como nueva herramienta para contener el incremento en el costo de vida.
El Gobierno busca controlar las tarifas para detener la inflación.
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Los Andes / Ramiro Gómez Al eliminar el cepo cambiario y abandonar la pauta devaluatoria del 1% mensual, el Gobierno dejó de utilizar una de las herramientas centrales que había empleado en su primer año de gestión para frenar la inflación: el ancla cambiaria. En los últimos días, adoptó varias medidas que sugieren que ahora buscará cumplir ese mismo objetivo mediante el control de tarifas.
En Argentina, el comportamiento de los precios está fuertemente condicionado por las variaciones en el tipo de cambio. Por eso, una devaluación administrada ayuda a generar certidumbre y a moderar la volatilidad inflacionaria. Luego del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, se implementó un esquema de flotación dentro de bandas para el dólar, con un margen inicial del 40% entre el valor mínimo y máximo ($1000 y $1400), el cual se irá ampliando progresivamente.
Así, la política de utilizar el tipo de cambio como ancla para contener los precios ha quedado en el pasado. Sin embargo, el interés del Gobierno en mantener la inflación bajo control de cara a las elecciones legislativas sigue vigente. En ese marco, se anunciaron medidas orientadas a utilizar otra herramienta: las tarifas.
En ese contexto, se incluyen el ajuste del 3% en las tarifas de luz y gas, y la postergación de la suba prevista para mayo en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), con el objetivo de que los consumidores puedan beneficiarse de la baja del 4% en los precios de nafta y gasoil aplicada por YPF.
A esto se suma la decisión de congelar el precio del boleto de colectivo en las líneas nacionales y las gestiones para frenar los incrementos en las cuotas de la medicina prepaga.
La inflación de marzo fue del 3,7%, marcando la segunda suba consecutiva y el nivel más alto desde agosto del año pasado. En ese escenario, levantar el cepo implicaba un riesgo elevado de impacto en los precios. Para evitarlo, el Gobierno libertario implementó distintas medidas.
“El Ejecutivo, al adoptar un tipo de cambio flotante, buscó desde un principio imponer disciplina en un sector empresarial poco habituado a la inestabilidad del dólar oficial. Aprender a convivir con la flotación también supone entender que no se puede ajustar precios cada vez que el tipo de cambio varía”, señaló el informe semanal de Econviews.
El mismo reporte agregó: “A esta estrategia se sumó una táctica más polémica, con reminiscencias del kirchnerismo: funcionarios que salieron públicamente a confrontar a empresas que enviaron listas con aumentos, incluso utilizando redes sociales para amenazarlas con posibles represalias”.