jueves 15 de abril de2021

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La empresa genera un “efecto derrame” en cientos de pymes. / Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
Economía

Casi 85% de las acciones de Impsa quedaría en manos del Estado

El proyecto de ley que haría posible la compra de acciones de la empresa por parte del Gobierno Provincial, ya se encuentra en Legislatura para ser analizado y votado.

La empresa genera un “efecto derrame” en cientos de pymes. / Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
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Si la Legislatura aprueba el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, que contempla que la provincia invierta 5 millones de dólares para adquirir acciones de Impsa y que la Nación aporte otros 15 millones de dólares con el mismo fin, la empresa pasará a tener casi un 85% de composición pública. El otro 15% del paquete accionario seguiría en manos de los acreedores y de la familia Pescarmona.

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, explicó ayer la propuesta a los legisladores integrantes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados. Además de brindar detalles de lo que implica y de dónde surgirían los fondos, insistió en que el riesgo estaría en no participar en la capitalización de la empresa, no sólo por la firma en sí, sino por el centenar de pymes, la mayoría mendocinas, que trabajan en proyectos con Impsa.

La compañía mendocina se encuentra en un largo proceso de reestructuración de deuda. Para no endeudarse más aún, la asamblea de accionistas autorizó la emisión de acciones por 20 millones de dólares y las ofreció tanto al Gobierno Provincial como al Nacional. Ambos se mostraron interesados y salvo algún imprevisto, comprarán la totalidad de las acciones en venta (el 25% serían adquiridas por el primero y el 75% restante por el segundo).

Vaquié detalló que Nación se ha comprometido a enviar los 15 millones de dólares a mediados de abril, que es cuando la empresa tiene planeado integrar las acciones. Para posibilitar esto, ayer salió publicada en el Boletín Oficial la resolución 102, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que amplía las facultades del Fondep (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo), para que pueda participar en la capitalización de empresas de determinados sectores que se consideran prioritarios (en los que está encuadrada Impsa).

Por otra parte, el Ejecutivo Nacional ya le confirmó a la provincia el envío de $ 200 millones (en caso de aprobarse el proyecto de ley), lo que le permitirá acceder de inmediato a una parte de las acciones. Lo títulos pasarían a manos de la empresa provincial de energía, Emesa. Si bien se solicitó el monto total de $ 500 millones –los 5 millones de dólares, aproximadamente-, se está aguardando confirmación del monto restante, que se abonaría en 24 cuotas. De demorarse las transferencias desde Nación, Emesa adelantaría el importe con fondos propios.

Previo a ello, sin embargo, se necesita el aval de Legislatura. Por eso el funcionario provincial acudió a dar detalles de la propuesta y a explicitar por qué se la considera una empresa estratégica. Vaquié explicó que la firma está integrada por tres empresas. Se trata de Impsa, de fabricación de turbinas hidráulicas y eólicas, y reactores nucleares; Icsa, de soluciones integrales para la generación, transmisión y distribución de energía; y Transapelt, de transporte de los equipos.

En total, trabajan en ellas 714 personas, de las cuales 671 lo hacen en Mendoza. Un número importante son profesionales altamente capacitados. Por otra parte, las firmas tienen contratos con unas 100 pymes que, por trabajar con Impsa, tienen que adherir a una serie de normativas de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente; además de contar con ese antecedente para futuros trabajos.

En la actualidad, el capital accionario de la empresa es de 3.500 millones de dólares: el 65% está en manos de acreedores privados –y del Banco Nación, el BICE y el Banco Provincia- y el 35% pertenece a la familia Pescarmona. Si se diera el proceso de capitalización y se sumaran otros 20 millones de dólares, 63,7% de las acciones serían del Estado Nacional, 21,2% del Gobierno Provincial, el 9,8% de los acreedores y el 5,3% de la familia fundadora. Por otra parte, a los tres directivos y dos síndicos (uno por cada sector), se sumarían otros cuatro directivos y tres síndicos, y la provincia designaría un director y un síndico.

Entre las condiciones que Mendoza ha puesto para invertir en Impsa están que la sede de la compañía permanezca en la provincia, que se evite el ingreso de personal no idóneo ni imprescindible y contar con avales de Nación para poder exportar y participar en proyectos internacionales que posibilitarían una reactivación económica. El ministro de Economía planteó que no sólo apuntan a conservar los puestos de trabajo actuales, sino también a ampliarlos, y recordó que la empresa llegó a tener más de 3 mil empleados y trabajar con 700 pequeñas y medianas empresas.

De empresa familiar a estatal

En 1907, Enrique Epaminondas Pescarmona, un italiano que había llegado a Mendoza un año antes, fundó los Talleres Metalúrgicos Pescarmona, en donde fabricaba equipos para la industria vitivinícola y compuertas para los canales de irrigación. En 1965 nació Impsa.

Las generaciones posteriores fueron las encargadas de incursionar en la generación hidroeléctrica- y de ganar protagonismo en el mercado internacional. De la mano de esto, decidieron tener una subsidiaria en Brasil: Wind, con la que apostaron a la energía eólica con aerogeneradores de alta tecnología. Sin embargo, esta apuesta les significó la caída: en 2014, la brasileña entra el default por una deuda de 850 millones de dólares, a la que se suman unos 250 millones de la mendocina (1.100 millones en total).

Por eso, la familia Pescarmona decidió ceder 65% del paquete accionario a sus acreedores, entre los que se encuentran el Banco de la Nación Argentina, el BICE y el Banco Interamericano de Desarrollo Export Development Canada, entre otros. Poco después, Enrique, nieto del fundador, se vio involucrado en la causa de los cuadernos y decidió declarar como arrepentido.

A fines de 2020, la empresa logró acceder al canje de la deuda existente, de unos 560 millones de dólares, por nuevas obligaciones negociables con oferta pública y privada, un bono internacional y préstamos.

También a fines del año pasado, Impsa fue incluido en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos, con lo que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación se hizo cargo del 75% de los salarios de los empleados (sin cargas sociales). Pese a esto, la firma le debería, según deslizó Vaquié, unos 6 millones de pesos a proveedores mendocinos.

Cronología: desde la fundación hasta hoy

1907. Enrique Pescarmona fundó “Talleres Metalúrgicos Pescarmona”.

1965. Nació Impsa.

Años ’70. Se inicia un proceso de desarrollo tecnológico, que convierte a la empresa en líder en generación hidroeléctrica en el país.

Años ’80. Se torna en un referente mundial en la construcción de grúas portuarias y centrales hidroeléctricas bajo la modalidad “llave en mano”.

Años ’90. Impsa se consolida en el mercado de la energía como desarrollador de proyectos hidroeléctricos y comienza las investigaciones sobre energía eólica.

Años 2000. Nace la unidad de negocios Wind y se le adjudica a Impsa la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma, en Venezuela, con las turbinas Kaplan de mayor potencia jamás construidas.

2014. Impsa entra en default.

2018. La familia Pescarmona reestructura la deuda cediendo gran parte de su capital accionario (sólo conserva el 35%).

2021. Luego de varias negociaciones de sus pasivos, la empresa le ofrece acciones al Gobierno Nacional y Provincial. Al capitalizar la firma, la familia quedaría con apenas un 5,3% del paquete accionario.