El juez federal Daniel Rafecas ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil para investigar transacciones.
Fecovita denunció a los directivos de Iberte por lavado de activos y la Justicia Federal pidió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil para avanzar en la investigación
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Las acciones legales entre Fecovita e Iberte comenzaron en 2023 y se han generado distintas causas en los fueros penal, comercial y civil. Esta semana se conoció que la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas presentó una denuncia en la Justicia por lavado de activos contra Juan José Retamero y Guillermo García, directivos de Iberte.
Marcelo Biglieri, abogado penal de Fecovita, explicó que la entidad le planteó al juez federal la necesidad de investigar de dónde provenían los fondos que Iberte -que se asoció a Fecovita en 2021 para crear Evisa y desarrollar un negocio de exportación- aportó a las operaciones en Argentina.
Al rastrear el circuito del dinero, detectaron que varias de las empresas a las que Iberte les había vendido mercadería que Fecovita le había entregado en consignación -y que, supuestamente, no pagaron por ese producto- pertenecían al mismo grupo de Retamero. En ese momento, detalló el abogado, se decidió poner en conocimiento a la Justicia Federal.
La denuncia se presentó en diciembre de 2025 y el fiscal federal Ramiro González requirió información a la Unidad de Información Financiera (UIF), que informó sobre reportes de operaciones sospechosas por parte de los denunciados y de sus sociedades.
A partir de eso, el fiscal dispuso el requerimiento de instrucción. Y el juez federal Daniel Rafecas ordenó, esta semana, al Banco Central de la República Argentina el levantamiento del secreto bancario; a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el levantamiento del fiscal; y a la Comisión Nacional de Valores el levantamiento del secreto bursátil con respecto a Guillermo García y Juan José Retamero, como también de la Exportadora Vitivinícola SA (Evisa) y otras cinco empresas del grupo.
Esto, porque considera que “la información amparada por el secreto fiscal, bancario y bursátil que se requiere guarda relación directa con el objeto de la investigación llevada adelante en el presente legajo, en tanto permitiría profundizar el análisis de las operaciones comerciales y movimientos financieros atribuidos a las personas físicas y jurídicas denunciadas”.
Los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) muestran inconsistencias patrimoniales preliminares, por lo que el fiscal propuso investigar formalmente transferencias y movimientos significativos en cuentas corrientes de Evisa durante 2022 y 2023.
Este es un nuevo capítulo de un proceso que se inició en 2022, cuando Fecovita e Iberte firman el acuerdo final con el que rescinden la sociedad Evisa. A partir de ese momento, Evisa (Iberte había comprado el 100% de las acciones) reclama una deuda de más de US$ 30 millones. Sin embargo, el reclamo excedió el fuero comercial y las denuncias llegaron al penal.
Siete directivos de Fecovita están imputados por la presentación de balances falsos y por estafa, y hubo un pedido de quiebra de la Federación, que fue rechazado. Ahora, se suma una solicitud de investigación por lavado de dinero. Desde la entidad vitivinícola consideran que, de confirmarse que Retamero y García no pueden justificar de dónde provienen los fondos que han invertido en diversas empresas, podría utilizarse como un elemento en el resto de las causas.
Biglieri resumió el complejo entramado de denuncias cruzadas entre la federación vitivinícola y la empresa a lo largo de más de tres años: “Fecovita e Iberte pactan por contrato que, si hubiera cualquier diferendo, deuda o cuestión vinculada al cumplimiento o incumplimiento de los contratos, las partes se van a someter voluntariamente a un tribunal arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires”.
Resaltó que, básicamente, se trataba de diferencias comerciales. Sin embargo, Retamero y García recurrieron a la justicia penal para denunciar una estafa. Esa causa se archiva, por considerar que se trata de un diferendo comercial, pero se reabre después de nuevas presentaciones y aún está sin resolverse, ya que el fiscal debe esperar a que se determine si existió algún perjuicio (requisito para que se trate de una estafa).
Eso, lo debe determinar el Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero se trata de un proceso lento que aún no se ha resuelto.
