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Congreso de los Diputados español aprobó
hoy una nueva
ley para proteger a los deudores hipotecarios
pese al rechazo de la principal organización de afectados porque no contempla sus demandas básicas.
La llamada "ley antidesahucios“, que ahora pasará al Senado, salió adelante gracias a la mayoría absoluta del partido gobernante, el Partido Popular (PP), y con la oposición del resto de fuerzas políticas, que denunciaron que la norma está al servicio del sector financiero y no resuelve el drama social de los desalojados.
Los partidos opositores presentaron sus objeciones al texto alternativo del PP al considerarlo desde ôinsuficiente“ hasta ôinjusto“ y por vaciar de contenido la iniciativa presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que dio origen la ley.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que llegó al Congreso de los Diputados con el respaldo de 1,4 millones de firmas, planteaba la llamada dación en pago retroactiva, es decir, que los deudores puedan cancelar su deuda hipotecaria entregando al banco el inmueble afectado.
También pedían la paralización de los desahucios de viviendas habituales y el alquiler social para que las personas puedan seguir en sus departamentos.
Mientras se celebraba el último debate previo a la votación de la ley, en el exterior de la cámara baja se concentraron un centenar de manifestantes convocados por la PAH al grito de "Rajoy, escucha, el pueblo está en la lucha“, en referencia al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
En una de las pancartas que sostenían los manifestantes se podía leer: ôDormiré en tu puerta si me quitas la casa“.
Al término de la votación, en la Plaza Neptuno, a unos 200 metros del Parlamento, los manifestantes hicieron un minuto de silencio por el ôfusilamiento“ de la iniciativa popular.
Horas antes, la PAH había anunciado en un comunicado que retiraba su propuesta para denunciar ôla voluntad del PP de aprovechar la tramitación parlamentaria de la ILP para desvirtuar las propuestas de esta iniciativa ciudadana“.
La ley del PP supone "una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y para la sociedad en su conjunto", señaló.
"Una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras", añadió.
Por su parte, la vocera de la plataforma, Ada Colau, aseguró a la prensa que el gobierno "vulneró el espíritu del proyecto“ y que no consentirían que se aprobara la ley ôen nuestro nombre“.
No obstante, el anuncio fue simbólico, ya que una vez aceptada una ILP no puede ser retirada porque ya pertenece al Congreso, según fuentes jurídicas citadas por la prensa española.
La ILP fue registrada en la Cámara Baja el pasado 30 de marzo de 2010, a iniciativa de la plataforma y el Observatori DESC junto a otras entidades sociales y organizaciones sindicales, aunque recién fue aceptada dos años después como consecuencia de la presión social.
El PP, que se negaba a debatir el tema, dio marcha atrás el pasado 12 de febrero cuando se vio acorralado por los manifestantes y ante el suicidio de un matrimonio de ancianos en Mallorca, que iban a ser desalojados.
El PP considera un ôdisparate“ un dación en pago, ya que, alegan, podría ser utilizada por personas con capacidad de pago.
El vocero del PP en la comisión de Economía, Vicente Martínez Pujalde, llegó a decir que algunas personas se hipotecaron sabiendo el riesgo que asumían y ahora querían beneficiarse de la dación para ôcomprar otro inmueble“.
En cambio, la representante de vivienda del Partido Socialista (PSOE), Leire Iglesias, defendió que la dación no supone la quiebra de ningún país ni para el sistema financiero y acusó al PP de ôcerrar en falso“ el problema.
Sin embargo, el máximo líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sostuvo en entrevista con el canal Telecinco que la dación no era ôla mejor solución“ porque las familias ôigualmente pierden sus casas“, y abogó por un sistema de negociación de la deuda.
La ley del PP recoge el decreto aprobado por el gobierno en noviembre de 2012 y que establece requisitos para paralizar por dos años los desalojos de familias vulnerables. Además, se fija el acceso de los más necesitados a un fondo social de vivienda de la banca que cuenta con unos 6.000 inmuebles.
La PAH insiste en que la norma no resuelve el principal problema que es que "miles de ciudadanos continuarán perdiendo la vivienda y endeudados con las entidades financieras“ y, por lo tanto, serán ôcondenados a la pobreza y a la exclusión social“.
