La presidenta brasileña Dilma Rousseff seguía ayer tejiendo alianzas para salvar su mandato, mientras denunciaba un “deseo de venganza” del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en la tentativa de impulsar un juicio político contra ella.
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La presidenta brasileña Dilma Rousseff seguía ayer tejiendo alianzas para salvar su mandato, mientras denunciaba un “deseo de venganza” del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en la tentativa de impulsar un juicio político contra ella.
En tanto, el fiscal general de Brasil impugnó la legalidad de los procedimientos de juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff.
José Eduardo Cardozo presentó la defensa de Rousseff ante la comisión de la cámara baja del Congreso que evalúa si la mandataria violó las leyes fiscales del país para esconder un déficit presupuestario.
Cardozo dijo que le demostrará a la comisión que los procedimientos contra Rousseff son “completamente infundados”. Dijo que se debe demostrar que la presidenta cometió un crimen para que sea destituida y subrayó que Rousseff no ha cometido ni un delito. Los defensores de Rousseff han insistido en que las maniobras fiscales en cuestión han sido una práctica común entre los presidentes previos del país.
Rousseff negocia, tras la ruptura del partido centrista PMDB con la base aliada, una reestructuración gubernamental en todos los niveles, con el fortalecimiento de formaciones que puedan darle los votos necesarios para impedir un juicio de destitución en el Congreso.
El último sacrificado de esa movida fue el presidente del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), designado en 2015 por el vicepresidente Michel Temer, quien es también jefe del PMDB y virtual heredero de Rousseff si el impeachment prospera.
La semana pasada ya habían sido destituidos los jefes del Departamento Nacional de Obras contra la Sequía (DNOCS), de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) y de la Fundación Nacional de Salud (Funasa).
El PMDB, que tiene una bancada de 69 diputados, cuenta aún con seis ministros que expresaron su deseo de permanecer en sus cargos, en abierto desacato de la orden dada por la dirección partidaria.
Rousseff, de 68 años, busca premiar a partidos capaces de garantizarle un apoyo contra el proceso de destitución.
Una comisión de 65 diputados debe indicar en un primer momento si ve causas válidas para abrir un juicio político contra Rousseff, acusada de presunta manipulación de las cuentas públicas.
Una moción de destitución de la mandataria, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), debe ser aprobada por 342 de los 513 diputados (dos tercios) antes de ser tramitada en el Senado.
La mandataria asegura que las acusaciones en su contra no implican un “crimen de responsabilidad” y denuncia una tentativa de “golpe de Estado” institucional.
Cunha, tercero en la línea de sucesión de Rousseff, se convirtió el mes pasado en el primer político brasileño protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de la Corte Suprema, por haber recibido, según la acusación, al menos cinco millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la estatal Petrobras.
Estiman una caída de la economía del 3,73%
La economía brasileña se contraerá 3,73% este año y la inflación alcanzará el 7,28%, de acuerdo con las últimas proyecciones de los analistas del mercado financiero difundidas ayer por el Banco Central.
Las nuevas estimaciones son levemente más pesimistas en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) que las de la semana pasada, cuando se esperaba una caída del 3,66%, según el “Boletín Focus”, publicación semanal del Banco Central que difunde los pronósticos de un centenar de analistas.
Para 2017, las previsiones auguran un crecimiento del PIB del 0,30%, frente a la estimación de la semana pasada que apuntaba a un incremento del 0,35%, se consignó. En el mismo informe, sin embargo, se disminuye levemente la previsión para la inflación para este año del 7,31% a 7,28 , y se mantiene su estimación para 2017 en el 6%.
La economía de Brasil se contrajo 3,8 por ciento en 2015, lo que supuso el peor resultado en los últimos 25 años, y cerró el año con una inflación del 10,67%, según datos oficiales. Agencia Télam
