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El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, de 86 años, fue condenado ayer a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose así en uno de los pocos líderes en el mundo en ser condenado por este delito, tipificado por la Corte Internacional de La Haya.
“El acusado es responsable como autor del delito de genocidio y se le impone una pena de 50 años inconmutables; y el acusado es responsable contra los deberes de la humanidad (crímenes de guerra) cometido en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles y se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutable”, anunció la jueza Jazmín Barrios, al leer la histórica sentencia, que puede ser apelada.
Ríos Montt fue hallado responsable de 15 masacres a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché, en el norte del país, durante su régimen entre 1982 y 1983, en tanto que su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, fue absuelto de los mismos cargos.
De traje oscuro, el ex dictador, a quien la jueza también le revocó el beneficio de arresto domiciliario que tenía desde hace año y medio, escuchó sereno la condena, mientras la sala del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, de la Corte Suprema de Justicia, estalló en aplausos.
“Se ordena la inmediata detención por la naturaleza de los delitos y se ordena el ingreso directamente a prisión”, dijo la jueza para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
El jueves, al tomar la palabra por primera vez ante el tribunal, Ríos Montt, quien estuvo acompañado en la sala de juicios por su hija, la ex diputada Zury Ríos, se había declarado inocente.
“Nunca he tenido la intención, el propósito de destruir a ninguna etnia nacional; no soy genocida”, dijo con firmeza el jueves, tras argumentar que estaba muy ocupado como jefe de Estado y no tenía control sobre los militares.
Bajo el régimen del general Ríos Montt, quien llegó al poder tras encabezar un golpe de Estado en 1982, el Ejército aplicó la llamada política de “tierra arrasada” sobre poblaciones indígenas, a las que acusaba de colaborar con la guerrilla izquierdista.
Durante el juicio, más de cien sobrevivientes de masacres testificaron en contra de los militares y revelaron atrocidades cometidas en sus lejanas poblaciones.
Con los rostros tapados con mantas tejidas de colores, mujeres indígenas relataron horrores: algunas fueron violadas por decenas de soldados hasta perder el conocimiento.
Otro testigo, Julio Velasco, un niño en la época, aseguró haber visto cómo los militares usaban “la cabeza de una anciana como pelota”, en un campamento militar, adonde fue llevado a la fuerza.
El fiscal del caso, Orlando López, pidió 75 años de prisión para Ríos Montt y Rodríguez, aunque la máxima es de 50 años de cárcel, según el Código Penal guatemalteco.
Los abogados defensores consideraron ilegal el juicio, con el argumento de que se violó el debido proceso y presentaron recursos para que se anulara y se volviera a la fase de investigaciones.
Poco antes de que se emitiera la sentencia, Francisco Palomo, uno de los abogados de Ríos Montt, había asegurado tener “armas legales” para apelar en caso de que la sentencia “saliera mal para nosotros”.
