La Corte Suprema de Brasil postergó para hoy la definición del formato que tendría el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, tras congelar el procedimiento la semana pasada por un reclamo judicial del oficialismo.
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La Corte Suprema de Brasil postergó para hoy la definición del formato que tendría el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, tras congelar el procedimiento la semana pasada por un reclamo judicial del oficialismo.
La dilación obedeció a una simple cuestión de tiempo: el voto del ministro Edson Fachin consumió la sesión completa y se espera que el jueves puedan dar su parecer los restantes 10 ministros.
“Mañana (por hoy) nos quedaremos el tiempo que sea necesario”, dijo el presidente del tribunal, Ricardo Lewandowski, al cerrar los trabajos de ayer.
El parecer del máximo tribunal podría obligar al Congreso a reiniciar el trámite que determine la admisibilidad del pedido de juicio a la mandataria -presentado por un grupo de juristas y apoyado por la oposición- por aumentar gastos sin permiso previo del Congreso y tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales.
Hace una semana, una votación secreta en la Cámara de Diputados en la cual una lista opositora derrotó holgadamente a la apoyada por Rousseff eligió a una comisión legislativa que analizará si el procedimiento de impeachment debe proseguir o no. Pero congresistas aliados del gobierno cuestionaron la constitucionalidad de dicha comisión ante la Corte Suprema, que suspendió el proceso hasta ayer.
Los legisladores pidieron a los jueces que clarifiquen si la votación no debió haber sido pública, si la mandataria no tiene derecho a una defensa previa y si el Senado no debe ratificar una potencial decisión afirmativa de los diputados para separarla del cargo.
El plenario de la Corte Suprema de esta jornada fue un paso más en la judicialización del impeachment, salpicado de recursos jurídicos mucho antes de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, decidiera este mes aceptar uno de los varios pedidos de destitución de la presidenta presentados en 2015.
Según “el rito” aceptado hasta el momento, Rousseff será suspendida de la presidencia por hasta seis meses si la Cámara baja aprueba con dos tercios de los votos un eventual parecer positivo de la comisión. En ese caso, el Senado debe juzgar a la presidenta y decidir si la destituye o no. La coalición de gobierno está fisurada, un megaescándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras salpica a todo el establishment político.
Por otra parte, la fiscalía general de Brasil pidió que el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que abrió el proceso de juicio político a la mandataria, sea apartado del cargo por haber actuado “en beneficio propio”.
La solicitud, presentada ante la Corte Suprema, está relacionada con maniobras de este poderoso legislador para obstaculizar investigaciones de la justicia y del Congreso que buscan probar que cobró sobornos por al menos 5 millones de dólares en el marco de la gigantesca trama de corrupción en Petrobras y luego los traspasó a cuentas secretas en Suiza.
Deuda en categoría de 'basura'
Por otra parte, Brasil perdió este miércoles el grado de inversión a manos de una segunda agencia de calificación internacional, Fitch, un nuevo golpe para la presidenta Dilma Rousseff, amenazada de destitución.
La decisión puede costar caro a la séptima economía del mundo, ya que muchos grandes fondos de capital no pueden invertir en países cuya deuda soberana es considerada especulativa por dos o más agencias calificadoras.
Siguiendo los pasos de Standard and Poor's, que a inicios de setiembre despojó a Brasil del título de buen pagador, Fitch argumentó que la decisión refleja “una recesión más profunda a la anticipada, continuos desarrollos fiscales adversos y una creciente incertidumbre política que puede socavar aún más la capacidad del gobierno de aplicar medidas fiscales para estabilizar la creciente carga de la deuda”.
Marcharon en todo el país en defensa del gobierno
Movimientos sociales y sindicatos de Brasil marcharon ayer por varias ciudades de ese país en defensa del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y contra el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de corrupción y quien elevó el proceso de juicio político.
Las manifestaciones contra el juicio político a la presidenta, que los movimientos califican como un intento de golpe de Estado, se dieron en 23 ciudades de Brasil, tres días después de las convocadas por los grupos que demandan la destitución de la presidenta, que tuvieron una baja adhesión.
Las movilizaciones marcharon por lugares como Río de Janeiro, Natal, Goias, San Pablo y Brasilia, entre otras, con banderas que proclamaron el Día Nacional de Lucha contra el Impeachment, el Ajuste Fiscal y Cunha, según informaron sus organizadores.
La Cámara de Diputados decidió el martes pasado analizar el pedido de instauración de un juicio con fines de destitución por el supuesto maquillaje de las cuentas fiscales presentadas por el gobierno pero fue suspendido temporalmente por el Supremo después de que el oficialismo solicitó esclarecer algunos detalles sobre el trámite.
El juez Luiz Fachin, instructor de la causa en la que la Corte decidirá el trámite para un eventual juicio político contra Rousseff, negó hoy uno a uno los alegatos del oficialismo contra ese proceso. Según Fachin, cuya sentencia debe ser debatida y votada por los otros diez miembros de la corte, el proceso con miras a la perdida del cargo de la mandataria solicitado por la oposición se ajusta a derecho y atiende todos las exigencias de la Constitución. Agencia Télam
