El gobierno de coalición de Pedro Sánchez aprobó este martes dos decretos ley destinados a enfrentar la creciente crisis de alquileres en España, luego de semanas de presión social por el aumento de los precios de la vivienda y los desalojos.
Pedro Sánchez aprobó dos decretos para intentar contener la crisis de alquileres. Las medidas incluyen prórrogas de contratos, congelamiento de rentas, mayor protección para familias vulnerables y restricciones a los fondos de inversión.
Crisis de alquileres en España y acampes masivos en la Puerta del Sol
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EFE
Crisis de alquileres en España y acampes masivos en la Puerta del Sol
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El presidente español Pedro Sánchez junto a sus ministros.
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El gobierno de coalición de Pedro Sánchez aprobó este martes dos decretos ley destinados a enfrentar la creciente crisis de alquileres en España, luego de semanas de presión social por el aumento de los precios de la vivienda y los desalojos.
Las nuevas medidas deberán ser ratificadas por el Congreso de los Diputados dentro de los próximos 30 días para mantener su vigencia. El Ejecutivo solicitó una sesión extraordinaria para que los decretos sean tratados este viernes.
Entre las principales disposiciones se encuentran la ampliación de la protección frente a los desalojos hasta 2030, la posibilidad de extender durante dos años determinados contratos de alquiler y una prohibición temporal para que los fondos de inversión compren viviendas con fines especulativos.
La crisis afecta especialmente a los inquilinos: alrededor del 30% de los españoles vive en una vivienda alquilada.
La decisión del gobierno se produjo en medio de una fuerte movilización social. Desde el sábado por la noche, cientos de personas permanecen acampando en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar medidas contra los desalojos y la especulación inmobiliaria.
Uno de los casos que generó mayor repercusión fue el de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda. Su situación se convirtió en uno de los símbolos de la crisis habitacional y aumentó la presión sobre el Ejecutivo.
Los manifestantes también reclaman una respuesta frente a los aproximadamente 25.000 desalojos que se producen cada año y cuestionan el papel de los llamados fondos buitre en el mercado inmobiliario.
Los dos decretos incluyen una serie de cambios destinados a reforzar la protección de los inquilinos y regular diferentes modalidades de alquiler.
Prórroga de los contratos: los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 podrán ser prorrogados durante dos años. La extensión deberá ser solicitada por los inquilinos y estará sujeta a las condiciones establecidas en la nueva normativa. Además, se contempla la renovación automática de contratos, mientras que los propietarios deberán justificar determinados casos de no renovación o afrontar una compensación al inquilino.
Congelamiento de los alquileres: las nuevas disposiciones establecen una subida del 0% en las actualizaciones anuales de determinados contratos, con el objetivo de contener el incremento de las rentas. Al mismo tiempo, se contemplan beneficios fiscales para propietarios que reduzcan el alquiler respecto del contrato anterior y bonificaciones para inquilinos con bajos ingresos.
Protección contra los desalojos: las familias consideradas vulnerables y que no tengan una alternativa habitacional tendrán protección frente a los desalojos hasta 2030.
Restricciones a los fondos de inversión: uno de los puntos más relevantes es la prohibición durante dos años de que determinados fondos de inversión compren viviendas destinadas a usos especulativos.
Alquileres temporarios y por habitaciones: los contratos de alquiler temporal tendrán una duración máxima de 12 meses y deberán justificar el motivo de la temporalidad. Si esa condición no está debidamente acreditada, el contrato podrá ser considerado como un alquiler de vivienda habitual, con las garantías correspondientes.
También se regularán los alquileres por habitaciones: la suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el límite establecido para la vivienda completa y los inquilinos tendrán protecciones similares a las de un alquiler tradicional.
Pisos turísticos y cambios fiscales: los pisos destinados al alquiler turístico pasarán a tributar con un IVA del 21%. También habrá modificaciones en el régimen fiscal de las sociedades inmobiliarias, conocidas como socimis. La tributación de los beneficios no distribuidos aumentará del 15% al 25%. Por otra parte, los municipios podrán aplicar hasta el doble del IBI a las viviendas que permanezcan cerradas durante más de tres años.
