Después de que florezcan los cerezos, será tiempo de decisiones en la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe pronunciarse antes de finales de junio sobre controvertidos temas para la sociedad estadounidense, como el matrimonio gay y la discriminación en las urnas y la universidad. Una vez terminada la temporada de audiencias, a finales de abril, la máxima instancia judicial del país tradicionalmente falla, antes de la pausa estival boreal, en los casos esperados para el otoño y el invierno y, por lo general, deja el más polémico para el final.
El tribunal supremo estadounidense, de mayoría conservadora, integrado por cinco jueces nombrados por un presidente republicano y cuatro nombrados por un demócrata, esperó hasta el último día de junio en 2012 para validar la reforma del sistema de atención de salud impulsada por el presidente Barack Obama.
Esta vez es el futuro del matrimonio gay el que acapara toda la especulación y cerrará el período de sesiones de la Corte los últimos días de junio.
"Esta sesión podría ser más histórica" que la anterior porque "la Corte decidirá no sólo sobre la constitucionalidad de la ley electoral, un hito de los derechos civiles, sino también sobre el acceso a la educación superior en un caso de discriminación positiva, y en una cuestión fundamental sobre la igualdad con respecto al matrimonio gay", dijo la abogada Elizabeth Wydra.
El más alto tribunal sólo ha tomado hasta ahora algunas decisiones en casos de impacto limitado y los fallos son cada vez más una sorpresa para el observador ordinario de la Corte Suprema, en tanto el culto del secreto se mantiene hasta el final en las alcobas del templo de la Justicia.
Se prevé por lo tanto una competencia difícil cuando la Corte, presidida por el conservador John Roberts, deba decir si la definición del matrimonio, que la ley limita a nivel federal a la unión entre un hombre y una mujer, puede o no ampliarse a parejas del mismo sexo.
En la audiencia, a finales de marzo, el tribunal superior parecía dispuesto a derogar la ley que niega a los homosexuales casados legalmente en nueve Estados, la capital Washington, y recientemente un décimo Estado, Rhode Island, los derechos federales otorgados a las parejas heterosexuales.
