El histórico fallo de la Casación que declara imprescriptibles los delitos contra la administración pública cierra la principal vía de escape de los sospechosos.
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El histórico fallo de la Casación que declara imprescriptibles los delitos contra la administración pública cierra la principal vía de escape de los sospechosos.
Las herramientas estaban ahí, en la misma caja de la cual sólo salían apelaciones, pericias interminables, excusaciones, faltas de mérito y discretos sobreseimientos de medio mundo: guardada -casi escondida- en el artículo 36 de la Constitución Nacional, advertía que la corrupción también puede ser un “atentado contra el sistema democrático” cuya persecución judicial no debe tener plazos. Es decir que las coimas, el enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles con la función pública, las dádivas y todo el catálogo de delitos contra el Estado pueden ser investigados siempre: no importa si el plazo transcurrido desde que ocurrieron supera el lapso de la pena máxima contemplada para esa falta. Y otro detalle clave: reformada por última vez en 1994, esa Constitución a la que hoy apeló la Cámara de Casación es previa a casi todos los casos de corrupción cuya impunidad enfurece a los argentinos.
El fallo de ayer, sellado por el máximo tribunal del país debajo de la Corte Suprema de Justicia tiene una trascendencia histórica: desde el punto de vista jurídico, abre la puerta a que todos los jueces federales del país retomen viejos y nuevos expedientes sin importar cuándo ocurrieron los hechos.
Pero el mensaje político es mucho más contundente: la corrupción no debe ser tolerada, y los jueces deben juzgarla y condenarla sin entregarse a las excusas que hasta ahora llenan miles de fojas de causas que quedaron en la nada.