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La orden de inmediata encarcelación de un diputado condenado por malversación de fondos, la primera contra un legislador en 25 años, es la primera respuesta al clamor de “¡Basta!” contra la corrupción, un flagelo que carcome desde hace décadas a Brasil.
La prensa y el cine muestran a la corrupción en Brasil como un monstruo de muchas cabezas, con la policía, la clase política y los contratistas como los principales sospechosos: sobornos, pago de favores, tráfico de influencias, son moneda común.
“La corrupción cuesta de 23.000 a 37.000 millones de dólares en el país, el equivalente a entre 1,4 a 2,3% de toda la riqueza producida (PBI)”, afirmó el titular de la ONG Cuentas Abiertas, Gil Castello Branco. “Esto corresponde a lo que que el gobierno ha invertido en cuatro años en su programa de aceleración del crecimiento, en carreteras, aeropuertos, puertos, la construcción de un millón de viviendas y 57.600 escuelas”, señaló. Las cifras se desprenden de un estudio divulgado en diciembre de 2012 por la poderosa Federación de Industrias de San Pablo, que trató de cuantificar el flagelo.
Brasil, séptima economía del planeta, se ubica tan solo por detrás de China entre los países emergentes más corruptos, según la ONG Transparency International.
“La nota de Brasil es inferior a 4 sobre 10 desde 1995”, agregó Claudio Abramo, director de Transparency Brasil. A su juicio, los brasileños tienen la impresión de que “el crimen paga”, que viven en el país de la impunidad, que existe una “tolerancia brasileña” a la corrupción.
