Un enrevesado escándalo se está desarrollando en torno a la Infanta Cristina. El juez instructor del caso de Iñaki Urdangarín por corrupción pidió información a Hacienda sobre la Infanta por una presunta venta de tierras e inmuebles.
Foto:
Un enrevesado escándalo se está desarrollando en torno a la Infanta Cristina. El juez instructor del caso de Iñaki Urdangarín por corrupción pidió información a Hacienda sobre la Infanta por una presunta venta de tierras e inmuebles.
Doña Cristina desmintió estas informaciones y ayer sorprendentemente, fuentes del gobierno, hicieron trascender que se trataba de un error de la Agencia Tributaria.
El fallo, dice el trascendido, procede de informes no verificados por Hacienda de algunos notarios por ventas atribuidas a la Infanta. Al parecer, dice la insólita versión, se rellenó incorrectamente la casilla del Documento Nacional de Identidad de la hija de los Reyes.
Para aumentar la confusión, la Agencia Tributaria ni confirmó ni desmintió sobre si se trata de un error. Ante el embrollo, el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, explicó ayer que la Fiscalía Anticorrupción analizará el informe de Hacienda.
El documento fiscal señala que doña Cristina vendió 13 departamentos, casas y tierras por 1,43 millones de euros. La investigación señala que esta información "sobre la situación patrimonial y las operaciones inmobiliarias de los contribuyentes fue aportada por notarios y registradores de la propiedad".
El informe se realizó a pedido del magistrado instructor sobre la Infanta. Señala que estas ventas se produjeron poco después de realizarse la compra por 5,8 millones de euros del lujoso palacete en el exclusivo barrio de Pedralba de Barcelona al que se le realizaron reformas por otros tres millones. La mansión se convirtió en la residencia de los Duques de Palma en la Ciudad Condal.
Un vocero de la Casa Real, en nombre de la Infanta, declaro que "esa información es falsa y carece de toda base".
Doña Cristina es por primera vez en la larga historia de la monarquía española, el primer integrante de la Casa Real imputado ante un tribunal de justicia por corrupción. La importancia que ha ido adquiriendo el "caso Urdangarín", ha contribuido, junto con otros resonantes episodios, a un creciente desprestigio de la corona que se revela en los sondeos de opinión.
La caída del apoyo y aumento de las críticas pone a la monarquía en un nivel favorable de solo el 52%, el menor de los registrados desde la restauración que ha llevado a Juan Carlos de Borbón a la Jefatura del Estado.
Pero la imputación a la Infanta formulada el 3 de abril pasado por el juez instructor fue recibido críticamente por la Casa Real, el gobierno, y varias instituciones del estado, incluida la abogacía estatal, y la derecha en general. El fiscal apeló la demanda del magistrado que fue finalmente desechada por un tribunal superior.
Lo mismo sucedió cuando el juez reveló que la Infanta había aumentado espectacularmente en dos años cuando ya estaba vinculada la red que manejaba su esposo, Iñaki Urdangarín. El Duque utilizada como "gancho" para captar dineros públicos de los que se lucraba, su situación de proximidad a los Reyes y había designado a su esposa como socia y directiva de algunas entidades de la red corrupta.
El magistrado pidió amplios informes a la agencia tributaria sobre las declaraciones a la renta de Cristina de Borbón que anteanoche recibió el juez. La documentación revela que paso de 162.360 euros por rendimientos de trabajo en 2007 a recibir 319.260 dos años después, 148.809 euros más.
Cristina de Borbón y Grecia, integraba la dirección del instituto Noos que centralizaba las operaciones de la trama corrupta y también propietaria al 50% con su marido de la empresa "Aizoon" otra sociedad pantalla que captaba los fondos, los giraba a distintas cuentas de Urdangarín en España y también a paraísos fiscales.
