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En la Argentina existen en la actualidad unos 25.000 viñedos de un tamaño promedio de 9 hectáreas y unas 900 bodegas en funcionamiento. En tanto, en 1990, existían más de 36.400 viñedos con un tamaño promedio que no alcanzaba las 6 hectáreas y unas 1.750 bodegas.
Más allá de que una misma firma pueda ser propietaria de más de un viñedo y/o bodega, resulta claro que el negocio vitivinícola se ha concentrado en la Argentina en los últimos 25 años.
El INV no publica los volúmenes totales comercializados de vinos y mostos por empresa, debido al secreto estadístico. Sin embargo, esto no impide que se puedan hacer análisis utilizando alguno de los índices que miden el grado de concentración en una industria.
El Observatorio Vitivinícola de Coviar, recientemente, publicó un informe de estas características pero analizando los valores comercializados en el mercado externo; concluyó que, en el caso de las exportaciones de vino, el nivel de concentración muestra una tendencia alcista entre los años 2008 y 2012, impulsada por el segmento vinos embotellados, encontrándose al borde de ser catalogada como “moderadamente concentrada”.
Mientras, en el caso de las exportaciones de jugo concentrado de uva, se catalogan como “diversificadas”, y al contrario que en los vinos, la tendencia es hacia una mayor diversificación. Esto no significa mayor cantidad de empresas exportando sino que las empresas se reparten las ventas de manera más equitativa.
Probablemente, dentro del mercado interno de vinos estos indicadores muestren una situación de mayor concentración en el segmento de baja gama de precios, donde 4 empresas manejan una importante proporción del mercado. A medida que sube la gama de precios, quizás, el nivel de concentración disminuya. Lo cierto es que esto no se conoce.
Ahora bien: tener una industria concentrada ¿es bueno o malo? La tendencia en el mercado internacional de agroalimentos es a la concentración, a la consecución de economías de escala y a la mayor productividad. En este contexto, tener una industria que vaya en ese camino permite sostener algún grado de competitividad, más allá del nivel de tipo de cambio.
Sin embargo, la estructura de mercado local marca que las grandes empresas vitivinícolas son propietarias de una baja proporción de la materia prima. El resto la compran en el mercado de uvas o en el mercado de traslado. Por tanto, la alta concentración conlleva la posibilidad de que abusen de su “poder de mercado” y fijen precios por debajo del nivel de competencia. En tal caso, es el Gobierno el que debe intervenir para corregir estas distorsiones.
En suma, una de cal y una de arena y dependerá de una decisión política qué modelo de industria queremos. Por lo visto, está claro cuál ha sido la opción de los gobiernos de turno.