La decisión de Donald Trump de desplegar tropas en América Latina para combatir el narcotráfico ha generado reacciones negativas, sobre todo en México. Lo hizo mediante una “orden ejecutiva” (una suerte de decreto). El argumento es que el narcotráfico se asimila al terrorismo cuando llega a determinado nivel de acción violenta, lo que hace necesaria la participación militar para enfrentarlo y derrotarlo. Con este razonamiento, la vinculación del presidente venezolano Nicolás Maduro con el “Cártel de los Soles” justificaría la intervención estadounidense en este país para desplazarlo y capturarlo.
Lo mismo sucedería con su vinculación con el cártel denominado “Tren de Aragua”. El mismo razonamiento podría usarse respecto al gobierno mexicano y en particular para alguno de sus estados de manera específica. El fentanilo es la nueva droga cuyo uso causa cerca de cincuenta mil muertes al año. Los cárteles mexicanos actúan con eficacia en la frontera con Estados Unidos, pese al despliegue de fuerzas militares, policiales y la acción de guardias de frontera. De acuerdo a la tradición mexicana -históricamente presente por la pérdida de territorios a manos de Estados Unidos en el siglo XIX-, la presidente Claudia Sheinbaum planteó que su país no va a aceptar el despliegue de tropas estadounidenses en su territorio. Esto se da en momentos en que México -como también Canadá- mantienen abiertos sus respectivos conflictos comerciales con Washington.
Al mismo tiempo, esto podría darse llegado el caso en Brasil, donde interactúan los dos principales cárteles del crimen organizado de América del Sur. Se trata del Primer Comando de San Pablo y el Comando Vermelho de Río de Janeiro . Se manejan desde las cárceles brasileñas y han ido extendiendo sus redes a Paraguay, Bolivia, Argentina y algunos países más. Pero hasta ahora Estados Unidos no ha caracterizado a estas organizaciones como terroristas, como sí lo ha hecho con las mexicanas y venezolanas.
Es decir que no está previsto por Estados Unidos algún tipo de intervención en Brasil. Es que para la política de Trump -como ha sido tradicional en las últimas décadas en Estados Unidos- del Río Grande hasta el Canal de Panamá hay una mayor prioridad que al sur del mismo. Pero es posible que Brasil tenga una manifestación contraria a esta decisión estadounidense que afecta la tradicional concepción nacionalista brasileña. Brasil está enfrascado en un conflicto con Estados Unidos que tiene como detonante la situación judicial y carcelaria del ex presidente Jair Bolsonaro (aliado político de Trump), y las consecuencias de las sanciones impuestas por la administración republicana contra jueces de la Suprema Corte brasileña que han fallado contra Bolsonaro. Al mismo tiempo, el conflicto por los aranceles entre Brasilia y Washington sigue abierto. Trump mantendrá un aumento del 50% mientras el gobierno de Lula no modifique su actitud con Bolsonaro. El presidente del PT, que se prepara para presentarse a su cuarta elección presidencial, manifiesta estar decidido a cualquier negociación menos las referidas a Bolsonaro.
Mientras tanto, en Colombia, la situación judicial y carcelaria del ex mandatario Álvaro Uribe es también un conflicto entre el presidente estadounidense y su colega Gustavo Petro. La muerte de Miguel Uribe Turbay, uno de los candidatos opositores más importantes, a consecuencia de un atentado, va a incrementar las tensiones internas dentro del país y en especial con motivo de la elección presidencial que se realiza el 31 de mayo de 2026.
Al mismo tiempo en calles y plazas se organizan manifestaciones reclamando la liberación del ex presidente Álvaro Uribe, la figura más relevante de la actual oposición. La violencia política ha retornado a Colombia, la que en realidad nunca se fue, dado que los acuerdos de paz logrados entre los últimos tres presidentes (Uribe, Santos y Petro) y las FARC solamente lograron limitaciones a la violencia política, pero no su eliminación o suspensión. La vigencia de remanentes de grupos guerrilleros y de cárteles de la droga hacen que Colombia pase a ser un posible escenario de intervención militar estadounidense, si la situación se agravara. A diferencia de México y Brasil, Colombia tiene una historia de aceptación de estas intervenciones y de haber colaborado con las mismas. Que la oposición de centroderecha tenga el apoyo de Washington -como lo tiene Uribe- no es llamativo. La cooperación de Colombia con Estados Unidos viene desde la Segunda Guerra Mundial y en realidad sólo ha tenido un momento de excepción, durante el actual gobierno de Petro.
El apoyo de Trump a la reelección indefinida de Nayib Bukele confirma su tendencia a apoyar los regímenes de derecha autoritarios a nivel global. El presidente salvadoreño mantiene una popularidad muy alta (cercana al 80%), lo que le da apoyo social para su intención de retener el poder de forma indefinida.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
