Roca, Civit y el debate actual sobre la Obra Pública

Una de las características del Imperio Romano fue dotar a las ciudades de sus vastos territorios, que hicieron del Mediterráneo el mare Nostrum, de equipamientos urbanos similares. En todas esas ciudades había agua traída en acueductos, que en el algún caso superaban los cien kilómetros, red de distribución, cloacas, teatros, anfiteatros, baños públicos. Un equipamiento del territorio equilibrado.

Otros dicen que fue el resultado de la constitución de 1853. Mucho tuvo que ver la Constitución, pero no basta solo con aprobar un texto. Lo importante es primero cumplirlo como se hizo con una acción del Estado que en primer lugar se ocupó de dar seguridad concluyendo con los malones y llevando a todos el país la jurisdicción efectiva del poder nacional, como asimismo garantizar los derechos de propiedad por una justicia independiente y gobernando con el Congreso.

A esto se agregó una política a largo plazo, que pudo bajar o subir el ritmo, pero que nunca dejó de encarar obras públicas para dotar al territorio de infraestructura.

No hay salto en la producción agropecuaria, industrial, mineral, de hidrocarburos sin ferrocarriles, autopistas, generación y distribución de energía, telecomunicaciones, oleoductos, gasoductos, puertos, como tampoco sin población educada.

Obras Públicas, ese fue el nombre del ministerio creado a instancias de Roca cuando asumía la segunda presidencia y una reforma constitucional amplió de cinco a ocho los ministerios con la creación del de Agricultura y Ganadería y el de Marina segregado del de Guerra.

Obras Públicas fue una cartera a cargo durante todo el mandato presidencial del general Roca, de Emilio Civit, quien dejó la gobernación de Mendoza para asumirlo.

Roca al finalizar ese mandato se vanagloriaba que no había rincón de la república donde no se encarara alguna obra: prolongación de un ferrocarril, un puente carretero, un muelle, aguas corrientes, un dique, un muelle, un edificio escolar, un hospital…

El Estado lo hizo con concesiones y subsidios en muchos casos a esas empresas. Cuando dijeron los inversores que no tenían sentido prolongar las vías al Norte y a Cuyo no dudaron los gobiernos de entonces de contraer empréstitos para hacerlo por su cuenta. Con la idea que si no lo hace el Mercado no hay que hacerlo no se hubieran hecho las obras que hicieron surgir los emporios azucareros del Norte ni el Vitivinícola de Cuyo ni ampliado las superficies irrigadas con los diques reguladores y las redes de canales.

Sólo una parte de las obras viales se puede financiar con peaje. Los accesos a Buenos Aires hasta el kilómetro cien. Se demostró con el fracaso de las concesiones de peaje de 1990, que además resultó ser un negociado escandaloso.

No hay explotación minera posible, ni expansión de la producción de Vaca Muerte sin inversiones en infraestructura ferroviaria y vial. No hay posibilidades de ampliar las fronteras agropecuarias sin bajar los costos del transporte y eso requiere inversiones.

El gobierno ha recibido una herencia espantosa en infraestructura, no sólo no se avanzó en pavimentar rutas o en convertirlas en autopistas, sino que el deterioro de las existentes es grave y se manifiesta en demoras en los tiempos de viaje y en el incremento de la tasa de accidentes y mortalidad.

Lo mismo sucede con el parque eléctrico, las redes de distribución y los ferrocarriles. Ni hablar de la morosidad en encarar planes que deberían en poco tiempo triplicar la superficie irrigada ampliando así las exportaciones del complejo agroindustrial.

Pero en veinte meses de gobierno aún no se perfila un programa para afrontar esos problemas. Incluso créditos de organismos internacionales para obras están sin ejecutar o sus fondos desviados.

Incluso temas que requieren gestión como preparar los pliegos de licitación de concesiones vencidas o próximas a vencer en ferrocarriles, centrales hidroeléctricas y térmicas, han concluido en una irregularidad como es la prórroga de los contratos por siete años que se suma a la escandalosa tramitación de la licitación de la hidrovía, reiterando viejas prácticas que solo benefician a los concesionarios y afectan el interés general, para el que debe gobernarse, como lo proclama la Constitución Nacional.

* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.