Milei con su decreto abrió un frente de confrontación con dos poderes: el Legislativo al desconocer las atribuciones del Senado para la aprobación de los jueces, y con el Judicial al imponer sus condiciones para la designación de integrantes de la Corte. Una intromisión del Ejecutivo que -seguramente- no será inocua.
El juez Ariel Lijo ratificó que no renunciará a su juzgado.
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El decreto presidencial que designó “en comisión” a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obviando el imprescindible aval del Senado nacional, abrió un previsible conflicto institucional con el que Javier Milei pretende dar no sólo una señal de autoridad, sino también modificar la agenda reciente marcada por el todavía no extinguido escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
Sin embargo, tal decisión supone -en la misma línea- ratificar aquella advertencia que tiempo atrás trascendió de las usinas libertarias, cuando se aseguró que el gobierno haría todo lo que fuera necesario para imponer sus deseos. Incluso, si eso estuviera reñido con la ley o su razonable interpretación. Este es un ejemplo.
La denominada “batalla cultural” que Milei esgrime para justificar muchas de sus decisiones destempladas parece ser la arbitraria justificación para manejar por la banquina; o directamente, elegir los atajos que -como en esa ocasión- tensan los límites de la división de poderes y de la propia Constitución Nacional.
Lo cierto es que las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García Mansilla para cubrir las vacantes del máximo tribunal nunca tuvieron el acompañamiento ni el respaldo esperado. Ni en la opinión pública que puso demasiados reparos para quienes deberían llegar a esa instancia con la menor cantidad de objeciones o sospechas. Pero tampoco, y especialmente, en el Congreso donde sus pliegos deberían haber sido aprobados por los dos tercios del cuerpo que le dieran el plafond jurídico necesario.
No es verdad, como aduce el Ejecutivo, que el Senado se negó a tratar los pliegos: lo que sucedió es que no hubo mayorías necesarias para que avanzaran. Y hay razones para eso.
Lijo acumula una treintena de denuncias en el Consejo de la Magistratura, el organismo de promoción y remoción de los jueces; pero además enfrenta serios cuestionamientos públicos por corrupción, entre ellas, asociación ilícita, lavado de dinero y sobornos. Aun así, su pliego logró las firmas necesarias en la comisión de Acuerdos (con el acompañamiento del kirchnerismo) pero nunca llegó al recinto para su votación: no había votos afirmativos suficientes.
El caso de García Mansilla es distinto, pues el cuestionamiento a su figura es más de índole ideológica, o de la concepción doctrinaria del derecho que sustenta en posturas netamente conservadoras, bien alineadas con la matriz mileísta de derecha. Por ello, su derrotero en el Senado tuvo menos suerte que la de Lijo. Ni siquiera reunió las firmas de respaldo en comisión.
Sin embargo, y a pesar de las resistencias, tanto Lijo como García Mansilla se transforman, desde la publicación del decreto, en partícipes necesarios del atropello institucional que perpetra Milei. Esto es así desde el momento en que ambos aceptaron ser designados “en comisión”, horas antes del vencimiento del plazo del receso legislativo, y hasta que culmine el período ordinario de sesiones del Congreso.
Otra vez, aparecen particularidades en ambos casos que agravan el conflicto de poderes que la decisión presidencial ha desatado. Pese a no ir en línea con el espíritu de la potestad que la Constitución le otorga a Milei para designar “empleos” en situaciones extraordinarias y ante la imposibilidad de frenar el funcionamiento de otro poder, la Corte ya le tomó juramento express a García Mansilla. Aunque al momento de defender su postulación él mismo aseguró que no aceptaría esa circunstancia excepcional. Evidentemente, cambió de opinión.
El caso de Lijo también tiene otra arista de complejidad. El juez federal no está dispuesto a renunciar a su cargo para asumir provisoriamente en la Corte (ante la precariedad que podría generar que a fin de año termine su mandato y deba volver a su juzgado en Comodoro Py). Ahora, la Corte evalúa ratificar o no la licencia extraordinaria que ya le aprobó la Cámara Federal para poder recibirlo como miembro. Si esa diferencia propia del andamiaje judicial no se dilucida, la controversia se agravará, pues el Gobierno lo interpretará como una obstaculización de su decisión. Lo mismo, en otra dirección, si finalmente jura como supremo.
Como se ve, Milei con su decreto abrió un frente de confrontación con dos poderes: el Legislativo al desconocer las atribuciones del Senado para la aprobación de los jueces, y con el Judicial al imponer sus condiciones para la designación de integrantes de la Corte. Una intromisión del Ejecutivo que -seguramente- no será inocua.
Porque más allá del desenvolvimiento de los acontecimientos, y en especial de lo que se avecina como una fuerte reacción parlamentaria encaminada directamente a rechazar el decreto (o los pliegos) y con ello, abrir otra vía de interpretación sobre la validez de las designaciones, habrá también que esperar qué hace Milei.
El presidente, ante la resistencia que su decisión provoca, podrá desentenderse o intentar volver a poner las cosas en su lugar por obra y acción de la política. Es decir, buscar los avales necesarios para que sus elegidos lleguen a la Corte con las necesarias y legítimas prescripciones constitucionales. O, por el contrario, si logra que su decreto finalmente se imponga, retirar los pliegos del Senado ante la comprensión que su tarea está ya cumplida.
En cualquier caso, las múltiples acciones judiciales ya presentadas que se sumarán a las estrategias políticas en marcha, no harán más que agregar controversia sobre la seguridad jurídica en el país, ruido e inestabilidad institucional que en su mezquino cálculo el presidente atribuye a las preocupaciones de la casta, lejos de la comprensión -y por ende, del castigo- popular.
Y si bien lo acontecido no es una mera anécdota, ni un episodio menor en el breve derrotero de este gobierno, sí esta forzada interpretación constitucional, especie de desvarío político y desvío republicano, genera suficiente alarma sobre cierta vocación autoritaria de Milei. Muy preocupante.
La tentación del atajo se materializa bajo la justificación de la eficiencia en las decisiones o el cumplimiento de la voluntad presidencial, sin reparar en el daño institucional que supone -siempre- tomar el camino más corto.
El autor el periodista y profesor universitario.
