La obra pública ha sido históricamente una herramienta del Estado para transformar territorios y mejorar la vida de las personas. Su evolución debería reflejar no solo el crecimiento urbano y económico, sino también la búsqueda de integración social y sostenibilidad ambiental.
Casa propia. Construcción de viviendas por ayuda mutua en un barrio de Mendoza. 1970.
Foto:
Archivo Bajuk. La importancia de la obra pública es innegable en cualquier sociedad moderna. Este campo, promovido por las distintas escalas de administración de gobierno, abarca una amplia gama de proyectos e iniciativas. Desde la construcción de infraestructuras básicas hasta el desarrollo urbano sostenible, la obra pública juega un papel crucial en el bienestar y el progreso económico, sino también en la integración territorial y la equidad social.
En su composición, se incluyen proyectos como autopistas, puentes, ferrocarriles, infraestructuras esenciales para facilitar la conectividad y la movilidad, permitiendo a las personas y bienes trasladarse de manera eficiente y segura. Además, supone el desarrollo de instalaciones educativas, de salud y recreativas, entre otras. Construir y mantener escuelas, hospitales y centros culturales, extender redes básicas de agua potable y saneamiento, gas y electricidad, tanto como la renovación urbana de barrios deprimidos, no solo mejora la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también fomenta la cohesión social y el bienestar general. Es particularmente en las instalaciones generadas por el Estado (pensemos en cualquier tipo de espacio público) donde las comunidades se congregan e interactúan.
Además, la obra pública ha demostrado ser, históricamente, un poderoso motor de reactivación económica. No solo genera empleo directo e indirecto durante su planificación y ejecución, sino que dinamiza otras industrias vinculadas y estimula la creación de nuevas empresas y la inversión en tecnología e innovación para satisfacer las crecientes demandas del sector.
Pero hagamos un poco de historia. Mendoza tiene una rica tradición en la construcción de diversas obras públicas que han moldeado su paisaje físico a lo largo de los siglos. Desde tiempos precolombinos hasta la actualidad, las infraestructuras y los equipamientos han desempeñado un papel crucial en su evolución y marcado hitos importantes en su crecimiento y modernización.
Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy ocupa Mendoza estaba habitado por culturas que desarrollaron técnicas de riego sofisticadas en respuesta a las condiciones áridas del lugar. Estos sistemas de riego, basados en canales y acequias, fueron fundamentales para la agricultura y dieron inicio al manejo humano del agua en la región, un legado que sería vital para las obras públicas futuras.
En la definición de obra pública, se incluyen proyectos como autopistas, puentes, ferrocarriles, infraestructuras esenciales para facilitar la conectividad y la movilidad, permitiendo a las personas y bienes trasladarse de manera eficiente y segura.
Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, se inició la construcción de las primeras estructuras. El cabildo y el damero urbano, los fuertes, así como las tomas de agua establecidos a lo largo del siglo XVII, sirvieron como puntos de partida para la consolidación y expansión territorial. La construcción de caminos y puentes comenzó a conectar los primeros asentamientos y forjó las bases para el desarrollo de la provincia.
Durante el siglo XIX, Mendoza experimentó un crecimiento significativo, impulsado por la inmigración europea y la expansión económica asociada a la agricultura y la vitivinicultura. Este período vio la construcción de obras claves como la red ferroviaria, que conectó la provincia con el resto del país y facilitó el transporte de productos agrícolas hacia los centros urbanos y los puertos de exportación, aceleró la urbanización y transformó la fisonomía de la provincia.
A comienzos del siglo XX, la modernización de la infraestructura urbana adquirió un nuevo impulso con la construcción de edificios públicos para el desarrollo de actividades asociadas a la administración y la educación, principalmente, y de servicios como la electricidad. La expansión de la red de agua potable y la mejora de las condiciones sanitarias, que incluyó la construcción de hospitales y centros de salud, fueron prioritarias para mejorar la calidad de vida de la creciente población urbana. Además, comenzaron a construirse obras hidroeléctricas para aprovechar el potencial energético de los ríos de la región.
Desde mediados de ese siglo, Mendoza ha enfrentado desafíos significativos en cuanto a la infraestructura y el equipamiento públicos. El crecimiento urbano continuo ha exigido la expansión de redes de transporte y la mejora de la accesibilidad, con la construcción de nuevas autopistas y la modernización de las redes de transporte público. La construcción de viviendas, una de las principales problemáticas del Estado, y la gestión del agua siguen siendo una preocupación central, con proyectos de barrios para clases medias y bajas, y represas y sistemas de irrigación que buscan garantizar el acceso a una morada, tanto como el suministro de agua para usos productivos y el consumo humano en un entorno semidesértico.
Ya en el siglo XXI, la preservación de la obra públicacomo patrimonio histórico y cultural se ha integrado, aunque con disímiles alcances, a la agenda gubernamental provincial. Además, las obras impulsadas por el Estado juegan un rol importante en el desarrollo urbano sostenible y la mitigación de los efectos del cambio climático. Proyectos como la construcción de nuevos parques urbanos y edificios sostenibles, sumados a los intentos de planificación urbana integrada, intentan contribuir a mejorar la calidad ambiental y a reducir la huella de carbono.
¿Será posible el desarrollo de una comunidad sin obra pública? La historia demuestra con claridad que la presencia del Estado en la planificación, ejecución y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos es insustituible. Desde los antiguos sistemas de riego hasta las más recientes iniciativas orientadas a la sostenibilidad ambiental, la obra pública ha sido —y sigue siendo— un factor clave para garantizar el acceso a la vivienda, la educación, la salud, la movilidad, el agua y la energía.
Esto exige una planificación estratégica de largo plazo, que trascienda coyunturas políticas y se base en diagnósticos participativos, datos confiables y una visión compartida de futuro. En este marco, la participación activa de la ciudadanía, la transparencia en los procesos y la rendición de cuentas se vuelven esenciales para garantizar que los proyectos respondan a necesidades reales, se ejecuten con eficiencia y generen beneficios duraderos. Es fundamental retomar y consolidar una política de obra pública que también fortalezca el tejido social, impulse la economía y preserve el patrimonio cultural. Apostar por una obra pública integral, inclusiva y planificada es apostar por un futuro más justo y más humano para todos.
*La autora es arquitecta. También es doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo Historia y Conservación Patrimonial (Incihusa-Conicet).
Producción y edición: Miguel Títiro - [email protected]