Nuevamente, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó un resarcimiento económico para los ex trabajadores de YPF que durante el gobierno peronista de Carlos Menem fueron excluidos del Programa de Propiedad Participativa (PPP). Por 215 votos afirmativos, la norma quedó finalmente sancionada luego de que en noviembre la Cámara baja diera un primer aval y de que en marzo el Senado le realizara algunas correcciones. Ayer, los diputados de todos los bloques aceptaron las modificaciones hechas por los senadores y dejaron en manos del Ejecutivo la aplicación de la ley.
Por la norma sancionada ayer cada uno de los 36.000 ex empleados -4.000 de ellos son mendocinos- de la entonces YPF Sociedad del Estado (SE) recibirá 956 acciones de la petrolera de bandera, que las podrán canjear por bonos de la deuda pública consolidada como forma de pago. A propuesta del Senado, la ley fija un valor mínimo (piso) para cada una de estas acciones, que es de 311 pesos. De este modo, cada beneficiario cobrará al menos 297.000 pesos, aunque si el Gobierno ejecuta rápidamente la ley cada ex ypefiano podría recibir unos 350.000 pesos, teniendo en cuenta el valor de las acciones de YPF en la actualidad.
Todos los bloques coincidieron ayer en ratificar la necesidad de que, luego de casi 25 años, los ex empleados de la YPF estatal puedan cobrar un resarcimiento ya que fueron despedidos o forzados a tomar retiros voluntarios y, encima, el gobierno de Menem los excluyó del beneficio del PPP. El legislador kirchnerista Mario País (Chubut) fue quien explicó por qué se decidió escuchar a los ex ypefianos. “Vamos a honrar lo que fue una estafa para miles y miles de trabajadores que quedaron fuera del pago de las acciones”, señaló.
País explicó que en 1991, cuando YPF pasó de ser una Sociedad del Estado (SE) a ser una Sociedad Anónima (SA), se prometió el cobro de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP) a los trabajadores. Pero inmediatamente la nueva conducción de la compañía petrolera despidió en sólo dos años al 75% de los trabajadores. El “meollo” del conflicto, sostuvo el legislador chubutense, fue una resolución firmada por los ex ministros menemistas Domingo Cavallo y Armando Caro Figueroa, que dispuso que sólo podían cobrar la PPP quienes eran empleados de la compañía, lo que excluyó a tres cuartas partes de los trabajadores que habían sido desvinculados.
En 1995, el Estado pagó a un 10% que estaba en ese momento en relación de dependencia, por lo cual ese pequeño grupo de personas quedó excluido de los beneficios de la ley aprobada ayer. En 2001, en tanto, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Estado debía pagar las acciones a quienes eran empleados de YPF el 1 de enero de 1991, cuando la compañía pasó a ser una Sociedad Anónima. Luego de 14 años, ayer el Congreso respondió a esta orden del Máximo Tribunal.
Aunque el kirchnerismo intentó arrogarse la victoria ya que dos legisladores K, el mendocino Dante González y el porteño Roberto Feletti, impulsaron la ley sancionada junto al trotskista Néstor Pitrola (Partido Obrero-FIT), la oposición se ocupó de recordar que fue justamente un gobierno peronista el que privatizó YPF y dejó a miles de trabajadores en la calle.
“Es este gobierno el que ha estado reparando durante 12 años las injusticias de las políticas del mercado que hoy algunos sectores de la oposición vuelven a defender”, sostuvo Feletti. El radical Costa, en tanto, fue el diputado más aplaudido por los ex ypefianos que poblaron las bandejas del recinto. El legislador opositor prometió un nuevo proyecto de ley para obligar al Ejecutivo Nacional a que pague las acciones en menos de 60 días; que se tome el valor de las acciones de YPF que tenían en noviembre, cuando la Cámara baja dio la media sanción, de modo que cada trabajador reciba 500.000 pesos (y no 350.000 pesos o menos); y que el Estado además dé una reparación a las familias de los ex ypefianos fallecidos.
Los dos únicos diputados mendocinos que hablaron ayer en el recinto fueron el demócrata Roberto Pradines, quien felicitó a los ex ypefianos que durante años cortaron la ruta en Luján frente a la destilería de YPF, y el trotskista Nicolás del Caño, que aseguró que la norma fue producto de una lucha inclaudicable de los ex trabajadores.
