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La necesidad de sancionar una reforma política en Brasil, expresada por la presidenta Dilma Rousseff, obtuvo ayer un amplio consenso en ámbitos parlamentarios, políticos y sociales, los que, en cambio, rechazaron la idea de refrendarla a través de un plebiscito previo para constituir una asamblea constituyente, como postuló la mandataria.
Esa opinión, recogida en las numerosas reuniones que Rousseff y varios de sus ministros mantuvieron con dirigentes de diversos sectores, fue exteriorizada por el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, quien, de todos modos, aclaró que la mandataria se refirió a la constituyente “en forma genérica” y “no defendió una tesis”.
Anteayer, Rousseff propuso a los gobernadores de los 27 estados y alcaldes de 26 capitales provinciales un “gran pacto nacional” de cinco ejes que incluía el llamado a un plebiscito para consultar si una asamblea constituyente debería realizar una profunda reforma política.
La jefa del Estado volvió a abordar ayer esos temas en las reuniones que mantuvo con los presidentes de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa; del Senado, Renán Calheiros (PMDB, aliado del gobierno), y de la poderosa Orden de Abogados de Brasil, Marcus Furtado.
“Hacer un plebiscito para convocar una asamblea y sólo ahí elaborar la reforma política atrasaría todo el proceso; es posible, necesario, urgente, más rápido y efectivo hacer una reforma política modificando la Ley de Elecciones y la Ley de Partidos Políticos, sin alterar la Constitución federal”, afirmó Furtado.
Calheiros subrayó que “hay una necesidad de ampliar, como todos saben, los mecanismos de la democracia directa y de la democracia participativa”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Alves (también del PMDB), afirmó que “el país quiere una reforma política“ pero el Parlamento “no quiere” una asamblea constituyente “porque eso retardaría más una discusión que el Congreso tiene que hacer y debe hacer”.
Rousseff recibió ayer también a representantes del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y de los grupos Resistencia Urbana y Periferia Activa, organizadores de algunas protestas en suburbios de San Pablo, tal como ayer hizo anteayer con dirigentes del Movimiento Passe Livre (MPL), impulsor de las primeras manifestaciones contra el alza de las tarifas.
Al cabo de la jornada, y pese a las objeciones, Rousseff envió al Congreso su pedido de plebiscito para concretar la reforma política, aunque sin volver a hablar de una asamblea constituyente.
La mandataria tiene previsto reunirse hoy con miembros de las principales centrales sindicales, que ayer convocaron a una jornada nacional de protestas y huelgas para el 11 de julio próximo.
Con el “gran pacto nacional” que anticipó en su discurso del viernes pasado y la ronda de contactos con líderes de los diversos sectores políticos y sociales, Rousseff busca consensuar una respuesta contundente a la ola de protestas callejeras masivas que se registran desde hace más de dos semanas.
Las primeras manifestaciones, limitadas exclusivamente a la ciudad de San Pablo y al rechazo al aumento de las tarifas del transporte, se extendieron en pocos días a todo el país -llegaron a producirse en 438 ciudades, según datos oficiales- y a diversas reivindicaciones, como la de mayor calidad en los servicios públicos y la crítica al gasto estatal en la organización de la Copa Confederaciones y el próximo mundial de fútbol.
Esas protestas, que tuvieron su pico el jueves, cuando salieron a las calles cerca de 2 millones de personas, generaron 4 muertos, más de 100 heridos y cuantiosos daños.
Ayer hubo algunas manifestaciones aisladas, como las que bloquearon importantes rutas de la periferia de San Pablo, pero la mayor preocupación estaba centrada en la protesta anunciada para hoy en Belo Horizonte, donde jugarán los seleccionados de Brasil y Uruguay por una de las semifinales de la Copa Confederaciones.
El sábado, al jugarse el último partido en esa sede, 60.000 personas se manifestaron contra la Copa y se generaron serios disturbios que dejaron al menos 32 heridos, y la policía local advirtió el domingo que “se acabó el accionar reactivo” y “ahora habrá tolerancia cero ante las protestas”.
