Foto:
Saqueos, incendios y choques con la policía marcaron el final de una masiva marcha ayer hacia el estadio de Belo Horizonte donde se disputaba la semifinal Brasil-Uruguay (2-1) por la Copa Confederaciones, mientras aumentan las medidas para combatir la corrupción a pedido de los manifestantes.
Los manifestantes, que exigen penas más duras para los políticos corruptos -entre muchas otras reivindicaciones- obtuvieron dos significativas victorias: el Senado aprobó un proyecto de ley para endurecer las penas contra la corrupción, y la Corte Suprema dictó prisión inmediata por primera vez para un legislador en funciones -el diputado Natán Donadon- condenado por desvío de fondos públicos.
En Brasilia, la presidenta Dilma Rousseff recibió a los principales sindicatos, que mantienen un “día de lucha” para el 11 de julio, buscando sumarse a las manifestaciones que agitan al país desde hace dos semanas.
Unos 40.000 manifestantes marcharon pacíficamente hasta el estadio Mineirao de Belo Horizonte, pero un pequeño grupo intentó derribar las barreras metálicas en uno de los accesos y fue dispersado por la policía con gases lacrimógenos.
También “destruyeron dos concesionarias de automóviles y prendieron fuego” a basura y a un coche, añadió la portavoz. Un total de 24 personas fue detenida por agresión o por llevar “material de depredación: máscaras antigases, palos, piedras y cuchillos”, detalló la policía.
Más temprano, manifestantes bloquearon cinco rutas e incendiaron un colectivo en la periferia de Belo Horizonte, que con 5,5 millones de habitantes es la tercera metrópoli de Brasil. La policía desbloqueó luego las carreteras.
Reivindicaciones atentidas
Tras las históricas protestas callejeras en todo el país, las reivindicaciones de los manifestantes comienzan a ser escuchadas.
El Senado de Brasil aprobó un proyecto de reforma del Código Penal que califica la corrupción como “crimen hediondo”, es decir con la misma gravedad que un asesinato o una violación, y que endurecería por tanto las penas. La Cámara de Diputados debe pronunciarse aún sobre el proyecto, y si lo modifica, debe volver al Senado.
La Corte Suprema ordenó por su parte la prisión inmediata para el diputado Natán Donadon por desvío de fondos públicos, adoptando esta decisión por primera vez para un legislador en funciones desde que fue aprobada la Constitución de 1988.
El Congreso también rechazó masivamente el lunes la propuesta de enmienda constitucional PEC37, que limitaba el poder de la fiscalía para investigar delitos de desvíos de fondos públicos, y que según los manifestantes aumentaba la impunidad de los corruptos.
Tras años de bloqueo, la Cámara de Diputados aprobó destinar un 75% de las regalías del petróleo para educación y 25% para la salud. El proyecto deberá ser aprobado ahora por el Senado y hay tramos que pueden ser vetados por la presidenta, que quería el 100% para la educación.
Rousseff afina asimismo con el Congreso los detalles de un plebiscito para hacer una reforma política que debería entrar en vigencia para las elecciones presidenciales de octubre de 2014, sin recurrir por ahora a una Asamblea Constituyente por falta de tiempo.
El gobierno anunció que abrirá 35.000 vacantes para médicos en los servicios de salud y 12.000 cupos para especializaciones en áreas prioritarias, y quiere contratar a más médicos extranjeros, ya que calcula que Brasil tiene un déficit de 54.000 médicos.
Los gremios médicos, opuestos a la medida, anunciaron una protesta el próximo miércoles en San Pablo contra la llegada de colegas extranjeros.
