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Quienes observan a Evo Morales como un ícono de esta oleada de líderes de retórica progresista en la región, asumirán que su decisión de ir por un tercer mandato consecutivo confirma la pertenencia a ese pelotón que ha hecho de la perpetuación una condición estratégica del modelo. La autorización legal que ampara ese salto, descontando la victoria en 2015, extendería ahora su mandato a 15 años, hasta 2020.
Ese paso se dio con una lectura, al menos controvertida, de la reforma constitucional que el propio Evo instauró y que prohíbe tres periodos consecutivos. Pero el argumento, que ya utilizó Hugo Chávez antes de imponer la reelección indefinida, es que el primer gobierno no se contabiliza porque lo rigió la anterior Constitución. De modo que el segundo pasa a ser el verdadero primero bajo la nueva Carta y el tercero, segundo. Cosas del modelo.
Quienes se oponen a estos manejos creativos observan, además, que el presidente que se reelige cuenta con todo el aparato de Estado, cuestión crítica si esa herramienta es usada de modo indiscriminado como, no tan lejos, en tiempo y distancia, se ve en Venezuela. Pero esta visión ignora esos prejuicios porque asume que el electorado no está para elegir sino, apenas, convalidar lo que el líder ha decidido.
El caso de Evo desborda esos debates en un espacio de tan enormes contradicciones. El fallo de la justicia interpretando la Constitución como el gobierno esperaba, se conoció pocos días antes de comenzar ese lunes una huelga nacional por tiempo indeterminado que convoca la poderosa Confederación Obrera Boliviana. Esa central busca canalizar el disgusto de parte de la población por una distribución del ingreso que no ha mejorado como se proclama, pese al potencial de una economía que el gobierno ha gerenciado con criterio.
Bolivia aparece en el exiguo pelotón de los países con mayor crecimiento en Sudamérica en 2013. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) colocan a Paraguay en el tope de ese recorrido con un impactante 10% a 13% de suba, luego a Perú (6%) y finalmente Bolivia junto a Chile con 5%. Parte de ese suceso nace de un cambio en la matriz productiva nacional. El país captó US$ 16.700 millones de la renta petrolera en los últimos seis años con el control estatal del sector.
La cifra es más sugestiva si se la compara con los escasos US$ 1.600 millones que había logrado en el lustro previo de mercados liberados. Es conocido que Bolivia es uno de los países más saqueados en la historia de la región, y no casualmente el único donde la movilización popular y no los poderes tradicionales, echaron por la ventana a dos presidentes que precedieron a Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Pero este gobierno parece haber sido más eficiente, incluso, que sus colegas de la misma vereda en Venezuela o Argentina, desarrollando su economía, con bajo desempleo y una inflación de menos de 5%.
En enero de este año la revista The Economist se preguntaba "si un gobierno puede hacerlo mejor que el sector privado" al recordar que Bolivia superó a sus ricos vecinos, como Perú, en el acceso de la población al agua potable o en la distribución de electricidad hogareña aunque, en ese aspecto, con el mayor costo per cápita del subcontinente.
Esa película tiene también sombras importantes. En la extensa base de la pirámide hay 60% de la población bajo la línea de la pobreza. Es un problema estructural y congelado. El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), difundió un informe que establece que "el porcentaje de pobres en el país no ha variado en una década".
Lo que mutó es la composición, debido a las migraciones. El dato central es que la persistencia de problemas de empleo e ingreso (sólo 20% de los asalariados tiene trabajo regular) es resultado, dice el organismo, de "una economía de base estrecha, con sectores intensivos en capital que impulsan crecimiento pero están desarticulados (separados) de los sectores intensivos en mano de obra". Es decir, menos trabajadores para iguales o mayores resultados. La Defensoría del Pueblo boliviana calcula que dos millones de niños y adolescentes, el 20% de la población del país, viven hoy en situación de pobreza.
La huelga general que comienza el lunes eleva como bandera equiparar las jubilaciones con el 100% de los sueldos. Pero detrás hay una batalla por aumentos de sueldos superiores al 8% autorizado por el gobierno. Los sindicatos exigen una base 10 veces superior al salario mínimo que cubre una parte de la canasta familiar.
Los portazos de las autoridades a estos reclamos multiplicaron a más de un millar los conflictos sociales en 2011 y 2012, incluyendo un resonante choque con comunidades indígenas por la construcción de una ruta en el Amazonas, en un duelo que puso en cuestión la representación de esos pueblos que se atribuye el mandatario. El problema, y no solo ahí, es que el gobierno convierte en enemigos golpistas a sus cuestionadores. Pocas horas atrás Evo expulsó del país al Usaid, el organismo de EEUU para el desarrollo. Lo acusó de conspiración. No fue una medida ingenua.
El vicepresidente Alvaro García Linera, un matemático y politólogo que le suele colgar ideas al Ejecutivo, sostiene visiones muy audaces sobre quienes, en la jungla o las ciudades, se atreven a cuestionar las políticas distributivas oficialistas. "La derecha se enmascara en lo social para acumular fuerzas y desgastar", advirtió con tono revelador en una revista partidaria. Es una acrobacia dialéctica notable por lo que sugiere.
Aunque acepta que “hay demandas y necesidades colectivas legítimas”, éstas acaban siendo “copadas e infiltradas” por “sectores conservadores”, afirma. De modo que, pese a la justicia del reclamo, sería doblemente justo rechazarlo para no alimentar a esa "derecha" agazapada.
Por cierto no se desperdicia el eventual vínculo de esos sectores críticos con Washington, de ahí el golpe a la Usaid. “Rastreamos hasta Europa y EEUU el núcleo de donde viene el financiamiento principal y quienes son movilizados”, dice García Linera respecto a los indígenas que no comulgan con el régimen. Y remata, vaciando de toda legitimidad real a las reivindicaciones opositoras: “En el fondo es una lucha de empresas y gobiernos extranjeros contra el Estado boliviano”. Simplemente.
