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La periodista Beatriz Sánchez, precandidata a la presidencia de Chile por la nueva izquierda que aglutina el Frente Amplio (FA), espera acabar con el sistema binominal que ha gobernado Chile en los últimos 25 años y enterrar el legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La precandidata, que dejó hace dos meses los micrófonos de la radio para meterse en política, señala que el FA ha venido para quedarse y "disputar todos los espacios de poder".
Con vocación “de ser puente con los movimientos sociales”, el partido espera “girar un país donde todo está mercantilizado a un país donde haya derechos sociales” para “reducir este temor permanente a no tener el dinero para enfrentar lo que nos pasa” ya sea en el ámbito laboral, educativo o sanitario.
En opinión de Sánchez, nacida en 1970 en Valparaíso y madre de tres hijos varones, es necesario un "pacto social que deje atrás el miedo", una herencia de la dictadura todavía presente en el país.
En un país ultraliberal donde la dictadura de Augusto Pinochet desmanteló el estado, el FA busca "que los problemas individuales sean enfrentados con respuestas colectivas".
Desde el salón de su casa en un barrio residencial de clase media de Santiago, Sánchez desgrana los cambios que propugna su formación, que todavía tiene que decidir en las primarias del 2 de julio si la postula para la elección presidencial o si se decanta por su rival y amigo el sociólogo Alberto Mayol.
Con ganancias de 180.000 millones de dólares entre 2003 y 2013 en la minería privada, la precandidata se pregunta "cuánto de eso podría haber quedado en Chile".
La precandidata, que ha encumbrado a su partido como la tercera fuerza de las elecciones, quiere acabar con el sistema dual de salud, para pobres y para ricos o con los privilegios que gozan las fuerzas de seguridad, con un sistema de salud y pensiones proporcionados por el estado.
Sánchez quiere una democracia “distinta”, “con mayor participación soberana”; un cambio en el modelo de desarrollo “extractivista actual” en el que haya mayor valor agregado, más estímulo a la industria nacional y más inversión en ciencia y tecnología, así como una nueva “fórmula tributaria” para que paguen más “los segmentos más altos”.
Partidaria de “subir los impuestos a la explotación de recursos naturales” porque “hay royalties muy bajos, hay otras áreas de explotación de recursos que ni siquiera tienen royalties” y demasiadas “exenciones tributarias”.
A lo mejor esas exenciones “se justificaban en los años 90” pero ya no. Eso priva al fisco de hasta 10.000 millones de dólares anuales, asegura.
Con ganancias de 180.000 millones de dólares entre 2003 y 2013 en la minería privada, la precandidata se pregunta “cuánto de eso podría haber quedado en Chile”.
También hay que cerrar “canales de elusión” y “mirar cómo está gastando Chile y dónde esta gastando”. Porque, asegura, el pueblo se merece una discusión democrática más profunda respecto al rol de las Fuerzas Armadas y si se justifica la denominada ley del cobre que viene de la dictadura y que le entrega directamente al Ejército para armamento el 10% de las ventas de la cuprífera estatal Codelco.
La máxima exponente del FA, que en dos meses de campaña ha llevado al partido al tercer puesto de las encuestas por detrás del expresidente Sebastián Piñera (derecha) y el candidato de una parte de la Nueva Mayoría gubernamental, Alejandro Guillier, es conciente de que el cambio no será fácil.
Pero existe un caldo de cultivo como demostraron las manifestaciones masivas de estudiantes que pusieron en jaque al gobierno de derecha de Piñera (2010-2014) o las que han obligado a Bachelet a reformar el sistema de pensiones por capitalización actual.
“Si no hacemos un cambio, si no hacemos una reflexión este país se está llenando de rabia y de miedo”, advierte.
