La grieta judicial desembarcó en la Legislatura

Nuevo round en la pelea judicial entre la Suprema Corte y el procurador general de la Corte, Rodolfo González. Esta vez, la embestida vino desde la política, más precisamente desde el oficialista frente Cambia Mendoza, contra el supremo Omar Palermo y con argumentos similares a los del procurador general.

Fueron tres pedidos de informes votados por la Cámara de Diputados: dos fueron aprobados y uno no obtuvo los dos tercios para ser tratado sobre tablas.

Los pedidos de informes fueron presentados por el diputado del Pro, Pablo Priore, fuerza aliada al radicalismo. Los tres pretenden dilucidar si Palermo pecó de intencionalidad política en un fallo.

En uno de los proyectos aprobados se pide a la Suprema Corte estadísticas de presos con prisión preventiva; en el otro el destinatario es el procurador, a quien le piden la cantidad de presos sin condena.

El que no logró aprobación solicita a la Corte que mande copia de un expediente de un detenido condenado.

Los datos estadísticos y el expediente del preso condenado fueron usados por Palermo para argumentar un fallo que desató el enfrentamiento entre la Suprema Corte y el gobernador Alfredo Cornejo en diciembre pasado: el hábeas corpus presentado por la asociación Xumek por la cantidad de presos en preventiva sin intervención de un juez de Garantías.

Priore sospecha que las estadísticas de presos fueron falseadas y el caso del condenado no sirve para ejemplificar la situación de los detenidos en prisión preventiva.

Fuentes judiciales rechazan de plano que se hayan falseado las estadísticas y afirman que el número de expediente usado como ejemplo fue mal tipeado; le llaman “error material”, pues se consignó un número diferente de expediente (ver aparte).

Hasta acá lo que se respondió oficialmente a Los Andes. En los corrillos judiciales se observa con extrañeza el interés por un ejemplo y no por el hecho de que haya otros muchos ejemplos de internos en prisión preventiva sin que un juez haya intervenido, cuando el Código Procesal Penal indica que, cuando se detiene a alguien, hay un plazo de diez días para dar participación al juez de Garantías.

El hecho de que no intervenga un juez de Garantías se califica de gravedad institucional y hasta se habla de práctica sistemática. Más aún, se recuerda que en la ley que propuso el gobernador Cornejo para combatir la “puerta giratoria” (una modificación del Código Procesal Penal), se mantiene el plazo de 10 días para que intervenga un juez: es denominado como “fatal”.

La grieta judicial es evidente y nadie se toma el trabajo de disimularla. Desde la política se hacen los distraídos, pero se hacen movimientos más o menos sutiles para fogonearla.

Para los observadores es evidente que el oficialismo tiene una “alianza temporal” con el procurador general (así lo relató Los Andes el 12 de junio), y que haya sido el diputado macrista Priore el que presentó los pedidos de informe es casi una comprobación del fogoneo: no es del palo cornejista pero es un aliado muy cercano.

Priore lo niega rotundamente, aunque admite haber hablado del tema con el Gobernador. Luego dice que si es cierto que el redactor del fallo del hábeas corpus, el supremo Palermo, falseó datos estadísticos, se trata de un hecho grave que demostraría intencionalidad política en el fallo del magistrado.

Un dato casi anecdótico, más allá de los errores materiales y las supuestas intencionalidades políticas. El fallo del hábeas corpus que tanto encolerizó a Cornejo y que ahora es cuestionado por Priore y por el procurador fue el único emitido por una Suprema Corte provincial que lograra ser premiado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El premio fue por el concurso “Justicia y Convencionalidad” y fue otorgado el 24 de junio pasado.

Fue finalista junto a otros cinco fallos de Cortes nacionales y obtuvo el segundo lugar en la final. Casi un karma argentino ser segundos en estos días, pero el premio sirve como argumento contra las críticas. De hecho, en Tribunales sostienen que la ley de la “puerta giratoria”, la 8.869, fue sancionada como respuesta a este fallo, para imponer ese “plazo fatal” de diez días.

La Corte desestimó el pedido del procurador

Los pedidos de informe del diputado Pablo Priore nacieron de una nota presentada por el procurador general a la Suprema Corte mendocina. Otra vez, el centro del debate es el hábeas corpus presentado por la asociación Xumek. La nota fue presentada el 8 de mayo pasado en mesa de entradas del Máximo Tribunal. En las últimas horas se conoció el rechazo de la Suprema Corte a esa nota.

En la presentación, González hace notar que el expediente citado en el fallo del hábeas corpus de Xumek no correspondía a una persona en prisión preventiva sino a un detenido y condenado por un Juzgado de Flagrancia, cuya pena fue apelada y que la Corte se demoró un año y cuatro meses en resolver.

En la nota, González solicitó que desarchivara el expediente del condenado y se anexara al de Xumek, que ya estaba en la Corte nacional desde enero pasado.

La Corte mendocina respondió que el pedido del procurador general “debió ser articulado oportunamente” en los términos del artículo 158 del Código Procesal Penal, es decir a tres días de dictado el fallo del hábeas corpus en caso de error u omisión material; o, en su defecto, “ser motivo de agravio en el recurso federal extraordinario interpuesto contra la resolución” del hábeas corpus. El recurso federal extraordinario fue presentado por el propio procurador González.

“En consecuencia, a lo solicitado por el procurador general, por extemporáneo, no ha lugar”, concluye la respuesta de la Suprema Corte.

Iniciativa oficial para lograr "eficacia penal"

El martes era otro el clima. Seis de los siete miembros de la Suprema Corte (Pedro Llorente, Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo, Mario Adaro, Jorge Nanclares y Julio Gómez) se sentaron con el procurador González, los ministros de Seguridad, Gianni Venier, y de Gobierno, Dalmiro Garay, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, a discutir una nueva ley referida a la seguridad pública que el gobernador Alfredo Cornejo remitirá a la Legislatura en los próximos días, a la que han denominado “de eficacia penal”.

Cuentan que hace dos semanas hubo un encuentro matinal entre los miembros del Máximo Tribunal y el gobernador Cornejo. El rumor es que el encuentro tuvo momentos tensos, pero que el diálogo fue fructífero; sin embargo, mientras la reunión del martes se desarrollaba en paz, en la Legislatura, el diputado macrista Pablo Priore, cocinaba una nueva tempestad.

El martes algunos vislumbraban un cambio de actitud que se auguraba prometedor; las otras leyes tuvieron letra del Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Comparado, donde revistan el ministro Venier y los camaristas José Virgilio Valerio y Alejandro Gullé, ambos cercanos al procurador González. Todos estos nombres están a un lado de la grieta judicial. Esta vez el Gobierno había remitido el borrador también a la Corte para que opinaran.

El proyecto contiene varias novedades. Quizá la más llamativa es la inclusión del “co-fiscal” que asista a los fiscales correccionales, de instrucción y de cámaras. En la reunión del martes, González planteó la posibilidad que directamente se nombren más fiscales que trabajen en distintos turnos en cada fiscalía.