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En medio de un tenso ambiente generado por la continuación de las protestas callejeras, Nicolás Maduro y la oposición se aprestaban anoche a comenzar un inédito proceso de diálogo para hallar una salida política a la aguda polarización del país, que desde febrero se ha cobrado 41 vidas en choques entre opositores, policías y parapoliciales filochavistas. Pero el intento, que iba ser mostrado por TV en cadena nacional en su ronda inaugural, está totalmente minado.
Eso es lo que se percibía antes del inicio de las reuniones a partir de los recelos mutuos y la cantidad de obstáculos surgidos que complican el camino a recorrer.
Una muestra de esas trabas surgió de inmediato en las rondas preparatorias para el encuentro inicial de ayer cuando la alianza opositora agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) planteó cuatro condiciones para sentarse a dialogar.
La primera de ellas es la liberación o amnistía general de los arrestados. Según sus líderes, podría aceptar que ese proceso ocurriera en cuentagotas, por ejemplo, a través de la liberación como gesto de buena voluntad del comisario Iván Simonovis -detenido desde 2004 y acusado de “delitos de lesa humanidad” no probados- y del jefe del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde hace un mes por supuesta instigación de las protestas callejeras. La oposición denunció que hay un millar de detenidos por las marchas, entre ellos, varios alcaldes antichavistas.
Pero antes de que comenzara la reunión transmitida en cadena nacional, el partido Voluntad Popular denunció que el oficialista grupo Tupamaro -integrante de los grupos armados que apoyan al gobierno y a los que se atribuyen varios asesinatos de manifestantes- solicitaba su ilegalización. Este choque de reclamos es sólo un botón de muestra de la enorme distancia que separa a los extremos.
Voluntad Popular, un importante miembro de la MUD, es el partido que más daño sufrió con el acoso y la persecución ordenada por el presidente Maduro por impulsar las protestas. Además del arresto de López, tienen orden de captura dos de sus principales dirigentes: Carlos Vecchio y Antonio Rivero- y dos de sus alcaldes han sido encarcelados y destituidos de sus cargos por apoyar las manifestaciones en sus respectivos distritos de trabajo.
El gobierno de Maduro ha demostrado que no tiene intención de revisar ni suavizar su acoso contra la oposición desde que iniciaron las protestas el 12 de febrero pues decidió elegir nuevas autoridades en esas dos ciudades para reemplazar a los destituidos. Las otras condiciones de la oposición son el fin de la represión a las protestas, la renovación judicial y el desarme de los grupos filochavistas.
El diálogo, promovido por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), contará con la mediación de los cancilleres de Brasil, Ecuador, y Colombia. Se espera que el nuncio apostólico en Caracas, Aldo Giordano, en representación del Vaticano, participe como “testigo de bueno de fe”.
La reunión en el Palacio presidencial de Miraflores no cuenta con el apoyo del movimiento estudiantil y recibe duros cuestionamientos de importantes líderes opositores como la diputada recientemente desaforada María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
