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El ministro de Educación de Chile, Haral Beyer, quedó suspendido temporalmente de sus funciones ayer, luego de que los diputados aprobaran un juicio político en el que puede ser destituido por no fiscalizar la obtención de lucro en las instituciones educativas. La "acusación constitucional"o juicio político, presentada el 20 de marzo por la oposición de centro izquierda, fue aprobada por 58 votos a favor y 56 en contra al final de una tensa sesión en la sede del Congreso.
Tras esa decisión, el ministro Beyer quedó suspendido temporalmente de sus funciones hasta que el Senado, que actúa como jurado en estos casos, vote la acusación, probablemente la próxima semana. En caso de que el Senado la apruebe, el ministro será destituido y quedará impedido de asumir cualquier cargo público por cinco años.
El Senado, compuesto por 38 legisladores, está dominado por la oposición. Como si se tratara de un tribunal, Beyer y los acusadores deberán presentar sus descargos ante la Cámara Alta.
"La oposición está plenamente satisfecha por este resultado. La acusación es justa", comentó tras la votación de ayer el diputado opositor José Pérez. "Hoy día ha perdido el país. He sido el primer ministro de Educación que ha fiscalizado el lucro", señaló Beyer en rueda de prensa, en alusión a sus gestiones en el reciente cierre de la Universidad de Mar.
Esta institución es considerada un símbolo de la forma de operar de muchas instituciones educacionales chilenas, que por ley no pueden obtener lucro.
En pocos años, la Universidad de Mar pasó de tener 3.000 alumnos a unos 20.000, con un deficiente nivel académico y una paupérrima infraestructura. En contraste, sus autoridades retiraron jugosas utilidades a través de sociedades inmobiliarias espejo, el resquicios más usado para burlar la ley.
Pero su cierre no se decidió por infringir la ley sino porque se comprobó que la acreditación de calidad que sostuvo su exponencial crecimiento fue conseguida en base a sobornos. Beyer, que lleva 15 meses en el cargo, sostiene que su ministerio no tenía facultades para fiscalizar el tema, cuestión que la oposición rechaza.
Dijo además que la acusación forma parte de una operación política en su contra. "Demuestra la peor cara de la política chilena", señaló el ministro.
