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La Legislatura de Mendoza ha discutido y aprobado, y seguirá haciéndolo en este nuevo período, lo que ya constituye la mayor cantidad de normas vinculadas al mejoramiento del servicio de Justicia que nunca antes se haya legislado en nuestra provincia.
Iniciativas como la reforma de la Corte provincial, en la cual he participado como co-autor del proyecto, junto a otras propuestas, como aportes de legisladores que trabajamos en torno al proyecto que representa un camino hacia un nuevo estado.
Los obstaculizadores tuvieron "éxito" al conseguir que se hable solo de la "ampliación" del número la Suprema Corte de Justicia, negándose a aceptar los motivos más importantes de la propuesta. Propuesta, avalada por la Constitución provincial y que se complementa con los antecedentes políticos de ese órgano superior del Poder Judicial a lo largo de la historia.
Dos miembros más en la Corte -que actualmente tiene siete- permitirá agilizar el funcionamiento. Quienes buscan "impacto", disminuyen la calidad del debate: más estructura en este caso sí representará más dinamismo. Así se incorporará una sala que, sumada a las dos que ya existen, terminará por conformar una nueva estructura de trabajo que hoy no existe, lo que representa un escollo para garantizar la administración de Justicia. Con esa decisión se llegará a tres salas: la que aborde las causas del Derecho Civil, Comercial, Tributario y de Familia; la Penal y la Laboral.
¿Por qué será mejor con la reforma? Posibilitará mayor especialización de sus integrantes. Cada sala dará respuesta al tema específico que le incumbe resolver. Así, se superará el escollo actual en el que está empantanada la Corte: solo una de las salas se dedica, con tres de sus miembros, a resolver temas penales y laborales al mismo tiempo.
El proyecto de reforma de la Corte, mal conocido solo por el factor fáctico de la "ampliación", le asigna (mayor cantidad de tareas) al presidente. Mendoza es la única provincia en donde el titular de la Corte "reina pero no gobierna". Aparece como un "gerente" administrativo, que solo participa en los fallos excepcionales de índole plenaria, como el reciente caso del Ítem Aula. Con la creación de la figura del Administrador General que solivia esa carga, ajena al conocimiento intrínseco del Derecho, marca indeleble de quien llega a presidir la Corte.
Es fundamental limpiar a la gestión pública de las trabas que vienen impidiendo, sistemáticamente, modernizar al Estado y ponerlo al servicio de la gente.
Muchas de las decisiones del "no cambiemos nada" provienen de quienes están cómodos allí, pero con un mundo que cada vez funciona más rápido y con mejores herramientas al servicio de la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Uno de esos requerimientos básicos es que haya Justicia. Y para eso, la maquinaria judicial debe funcionar aceitadamente y en sintonía con los nuevos tiempos. Si pudiera, no solo debería actualizarse, sino anticiparse al futuro.
Nadie puede olvidar que el Poder Judicial habla a través de sus sentencias. Lo que buscamos y queremos es que no enmudezca. Que hable cuando así se lo requieran las partes y que lo haga en el momento justo y en el lugar exacto.