El encarcelamiento de opositores, el amago de juicio contra una diputada y las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra autoridades locales opositoras, abrieron un debate sobre la independencia de los poderes en Venezuela.
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El encarcelamiento de opositores, el amago de juicio contra una diputada y las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra autoridades locales opositoras, abrieron un debate sobre la independencia de los poderes en Venezuela.
Al calor de más de mes y medio de protestas antigubernamentales, en la última semana fueron detenidos los alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal (Táchira, oeste), y Enzo Scarano, de San Diego (Carabobo, norte), quien en una sola tarde fue destituido y condenado a 10 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por no haber tomado acciones para impedir bloqueos de calles en las manifestaciones.
“Es importante que los venezolanos sepan que estas decisiones son de los órganos de Justicia y que no es el gobierno quien ordena detener a nadie”, justificó el jueves el ministro de Justicia, Miguel Rodríguez, al garantizar la separación de poderes.
Pero para Gonzalo Himiob, abogado de la ONG Foro Penal, la decisión del TSJ es una “aberración jurídica” pues actuó “como si fuera un tribunal penal” cuando debió remitir las actuaciones a la Fiscalía.
El martes pasado, el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dio trámite inmediato a una denuncia del oficialismo contra la diputada opositora María Corina Machado, acusada de incitar a la violencia, terrorismo y homicidio en las protestas opositoras, que han dejado 31 personas muertas. Cabello, acompañado de un grupo de diputados, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Machado, que ahora espera que el TSJ determine si hay elementos para retirarle la inmunidad parlamentaria y ser sometida a un proceso judicial.
Machado y Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular encarcelado desde el 18 de febrero, también acusado de incitar a la violencia, son los impulsores de la denominada táctica “La Salida”, que busca la renuncia de Maduro a través de protestas.
“Está claro que el Ejecutivo está dando las órdenes para sacar de la escena política a los disidentes”, resumió la ex magistrada Mármol.
Otro opositor que podría ser sometido a un proceso judicial es Ramón Muchacho, alcalde del acomodado municipio de Chacao (Este, opositor), epicentro de las protestas en Caracas.
