La comunidad autonómica de Valencia despedirá al menos a 3.000 empleados del sector público, el 40% del total de su personal, lo que supondrá un ajuste estimado en torno a los 300 millones de euros.
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La comunidad autonómica de Valencia despedirá al menos a 3.000 empleados del sector público, el 40% del total de su personal, lo que supondrá un ajuste estimado en torno a los 300 millones de euros.
La reducción de personal se realizará sobre un total de 7.555 empleados, en una medida ya fue anunciada en mayo pasado por el Gobierno valenciano, aunque la mayoría de los despidos se realizarán en las próximas semanas, consignó la agencia de noticias EFE.
Parte del personal ya fue despedido de dependencias como el instituto Valenciano de la Vivienda, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Ciegsa (una empresa pública creada con el objetivo de construir nuevos centros educativos).
El resto de las empresas y fundaciones del estado valenciano sufrirán la reestructuración en las próximas semanas.
Los datos fueron dados a conocer por el consejero de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, en la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell (consejo) en el que se aprobó el decreto de reestructuración del sector público, que quedará compuesto por 30 entidades.
Buch, explicó que los expedientes de regulación de empleo (ERE), eufemismo usado para los despidos, se plantearán en su mayoría a lo largo del mes de noviembre y su costo estimado es de entre 85 y 100 millones de euros, una cantidad similar al ajuste estimado que se espera obtener en gastos de personal.
En estas cuentas no se incluye ni el despido de Ràdio Televisió Valenciana, que afecta a 1.200 de los 1.800 empleados que tiene el ente y que ya fue aprobado y está pendiente de aplicación, ni la regulación prevista en la Agéncia Valenciana de Turisme, que cuenta con cerca de 300 empleados.
En total, los despidos del sector público valenciano se situarán en una cifra que rondará entre las 4.000 y las 5.000 personas.
El consejero, quien no descartó que el ajuste aumente si posteriormente se decide alguna medida de austeridad adicional en el sector público valenciano, señaló que espera ahorrar entre doce y quince millones de euros a los que se sumarán entre 160 y 200 millones por optimización y eficiencia en la gestión.
Para pagar las indemnizaciones, el Consell espera el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que previsiblemente llegará a fines de este mes.
El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, expresó que parte del dinero procedente del FLA corresponderá a la autorización que tiene la Generalitat para endeudarse sin superar el objetivo del déficit del 1,5% y cerrar así los presupuestos autonómicos de 2012, que incluyen las indemnizaciones por los despidos públicos previstos.
