El cardenal Pietro Parolin gestiona la diplomacia y el día a día administrativo de la Santa Sede, pero carece de potestad para nombrar obispos.
El conjunto de ministerios y organismos vaticanos (dicasterios) mantiene las actividades operativas ordinarias de la Iglesia.
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El papa León XIV, de 71 años, superó una intervención quirúrgica de 90 minutos en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho tras ser diagnosticado con cáncer. La operación transcurrió según lo previsto, pero abrió interrogantes sobre el funcionamiento del Vaticano durante su convalecencia.
A diferencia de los casos de fallecimiento o renuncia, donde el derecho canónico fija con precisión los mecanismos de sucesión, la Iglesia católica carece de un protocolo formal para delegar el mando cuando el pontífice se encuentra temporalmente impedido o incapacitado para gobernar. Ante la pregunta sobre quién asume el liderazgo en ese trance, los analistas vaticanos suelen sintetizarlo en dos palabras: “El Papa”.
En la práctica cotidiana, la administración recae en la Curia Romana y especialmente en el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, quien opera como una suerte de primer ministro de la Santa Sede. Parolin, que conversó con el pontífice antes de la cirugía, señaló que el diagnóstico fue sorpresivo: “Sí, porque ciertamente no esperaba algo así”. No obstante, llevó calma sobre la intervención: “Es algo que, gracias a Dios, detectamos de inmediato. Y normalmente, cuando estas cosas se descubren a tiempo, pueden resolverse”.
Sin embargo, la delegación administrativa tiene límites estrictos. Según advirtió el especialista en asuntos vaticanos Filipe Domingues, Parolin “no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo el nombramiento de obispos”. Tampoco le está permitido rubricar canonizaciones ni emitir los tradicionales mensajes dominicales o de las audiencias públicas, atribuciones exclusivas de la autoridad pontificia.
El ordenamiento eclesiástico prevé soluciones para las diócesis en el Canon 412, traspasando el gobierno a un obispo auxiliar si un prelado enferma, pero omite un criterio equivalente para la cabeza de la Iglesia. El Canon 335 apenas menciona la posibilidad de que la sede esté “vacante o totalmente impedida”, sin precisar causales ni procedimientos para verificar esa condición.
Ante este limbo jurídico, pontífices como Pablo VI o Francisco dejaron cartas de renuncia anticipadas ante un eventual declive cognitivo irreversible. Sin embargo, la norma canónica exige que la dimisión sea “libre y manifiesta”, lo que complicaría su aplicación práctica si el pontífice pierde el discernimiento. Como remarcó Domingues, en ese escenario extremo “alguien de la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico”.
Aunque en 2021 un comité de especialistas propuso encomendar al Colegio Cardenalicio la gestión temporal y crear una comisión médica que evalúe periódicamente al Papa, la Santa Sede nunca implementó reformas. Mientras el Vaticano reporta una recuperación tranquila de León XIV, la incertidumbre médica obligó a poner en duda su viaje apostólico previsto a Uruguay, Argentina y Perú.
