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El alcalde de la ciudad mexicana de Iguala (sur) fue acusado de asesinato hace un año y su esposa es hermana de narcotraficantes, pero la pareja supo mantenerse en el poder hasta la noche en que 43 estudiantes desaparecieron tras un ataque de sus policías corruptos.
A 12 días de que los uniformados y sicarios de un cártel local atacaran a los jóvenes, las autoridades batallan para explicar cómo el alcalde José Luis Abarca y su esposa, ahora prófugos, se las arreglaron para permanecer tanto tiempo al mando de esta localidad ubicada a 200 km de Ciudad de México.
Varias fosas clandestinas, con 28 cadáveres aún sin identificar, aparecieron recientemente en las espesas montañas de las afueras de Iguala, incrementando los temores de que los estudiantes desaparecidos hayan sido asesinados.
De confirmarse estas sospechas, sería la peor masacre conocida desde que arrancó la presidencia de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.
Abarca y su esposa, descritos por el diario El Universal como “la pareja Imperial de Iguala”, están bajo la mira de las autoridades por el papel que pudieron desempeñar en el ataque.
Según el gobernador de la empobrecida y convulsa región de Guerrero, Ángel Aguirre, una de las varias hipótesis es que la primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda, quiso impedir que los universitarios -conocidos por sus radicales posturas políticas- interrumpieran un discurso que tenía previsto aquel 26 de setiembre.
Las desapariciones han puesto de relieve la infiltración del crimen organizado en partidos políticos y fuerzas de seguridad mexicanos, en el marco del combate militarizado contra el narcotráfico lanzado por el Ejecutivo en 2006, que ha dejado más de 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos.
Esta semana, el presidente Peña Nieto ordenó a sus fuerzas federales asumir la seguridad de la ciudad de Iguala (de 140.000 pobladores) y desarmar a los policías municipales, 22 de los cuales habían sido detenidos tras la balacera como sospechosos de servir al cártel Guerreros Unidos.