Imputados por usurpación, un matrimonio y sus cuatro hijos fueron desalojados de tierras compradas por Abel Pintos en Lavalle. Ahora piden ayuda para comprar un terreno que les han comprado.
Tras ser desalojados por usurpadores, la familia que vivía en tierras de Abel Pintos enfrenta otro problema. Foto: Los Andes / Gentileza Radio Tierra Campesina
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Gentileza Radio Tierra Campesina Barajar y dar de nuevo. Esa es la síntesis, empapada de resignación, del panorama que hoy atraviesan Alberto "Tito" Angulo, su esposa Yésica Ferreira y sus hijos de 15, 13, 10 y 5 años (el de 13 cuenta con Certificado Único de Discapacidad, ya que le han diagnosticado "Psicosis infantil").
El miércoles 28 de mayo, la familia fue desalojada del terreno en que vivían en San Francisco (Lavalle) y que habían adquirido en febrero del 2024 tras invertir todos sus ahorros. Y es que los 1.500 metros del lote en que vivía la familia Angulo Ferreira se encuentran comprendidos dentro de las 93 hectáreas que el cantante Abel Pintos y su socio, Marcelo González, adquirieron para el desarrollo de un proyecto productivo y educativo. Y, luego de que el Ministerio Público Fiscal imputara al matrimonio por usurpación de inmueble en marzo, entre la mañana y la tarde del miércoles pasado la familia fue desalojada.
"Estamos reacomodándonos. Todavía nos queda un quilombo en el patio. No hemos tenido ninguna novedad, no ha venido nadie de la Municipalidad ni nadie. Así que estamos como siempre, solos. Pero estamos más tranquilos", cuentan, con la voz cansada, Angulo.
Desde el miércoles por la noche la familia está viviendo en un terreno de Jocolí viejo (también Lavalle) y que les ha prestado un amigo de Angulo. Este hombre le ha ofrecido a la familia comprar esta parcela para, una vez más, levantar su humilde vivienda en este sitio. El tema es que la familia no tiene nada de plata, y piden colaboración a quienes puedan ayudarlos.
Alberto Angulo y su familia, por un lado, y Abel Pintos y su socio -por el otro- se vieron involucrados en una impensada disputa judicial que se extendió durante más de un año y recrudeció durante los últimos meses en la Justicia de Mendoza.
Ambas partes adquirieron tierras en la localidad de San Francisco, a 45 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. El tema es que, mientras que Angulo lo hizo a un privado que tenía los derechos posesorios del lugar, Abel Pintos y su socio compraron el terreno al banco que tenía los derechos registrales del terreno.
Con este conflicto como el origen de esta segunda disputa, ante la denuncia de los abogados de Pintos y González y tras recolectar la documentación y pruebas disponibles, el fiscal Juan Carlos Alessandra imputó al matrimonio compuesto por Alberto Angulo y Yésica Ferreira por usurpación. Y, tras celebrar audiencias en el Polo Judicial, finalmente fueron desalojados del terreno la semana pasada.
"Nos dieron permiso a sacar lo que más pudimos, lo más importante era el quincho que teníamos armado. La verdad es que nos duele montón, estamos con una angustia terrible porque perdimos todo lo que invertimos, perdimos mucho tiempo, muchas ilusiones que teníamos con el lugar", describió Angulo a Los Andes.
"Pero a la vez estoy tranquilo y más firme que nunca para volver a salir adelante y empezar de nuevo. Esto ha sido un tropezón, no ha sido una caída", acotó Angulo, ya instalado con sus pocas pertenencias en un terreno que les prestó el hermano de un amigo suyo.
Aunque en un principio les han permitido quedarse en el lugar de forma provisoria, el dueño del lote les ha ofrecido vender el terreno. Y les ha pedido 5 millones de pesos para que sea de su propiedad.
"Sinceramente, estamos muy mal económicamente. Y 5 millones de pesos es inalcanzable para nosotros. Por eso queríamos ver si la gente puede ayudarnos. Yo sé que en algún momento voy a poder pagar el lote, pero me pone en apuros no poder entregar nada para instalarme y construirme la casa", describe Angulo.
Alberto Angulo deja su celular (2613344989) para quien quiera y pueda ayudar, ya sea económicamente o con materiales . "Estoy a disposición para quien quiera consultar algo o tenga alguna duda", aclara.
Todo el terreno que se vio involucrado en este conflicto entre privados está comprendido en 93 hectáreas de campo. Tras la quiebra de una empresa privada, el banco HSBC, acreedor de la firma, tomó posesión del terreno hace ya algunos años, y a fines de 2022, comenzaron las conversaciones entre los representantes del banco y Marcelo González, socio de Abel Pintos en este emprendimiento.
En ese momento comenzaron las conversaciones con la intención de adquirir las tierras para instalar un emprendimiento de frutos secos y olivos, para replicar un modelo que los socios ya tienen en otras partes del país. Por entonces, nadie vivía en esas tierras.
Cuando concluía 2022 se firmó un compromiso de compra venta entre el banco y González y, en simultáneo, se avanzó con el análisis de la situación de las tierras.
Recién el 13 de junio de 2024 se escrituró el terreno a nombre de González, una vez concretada la transacción. No obstante, con fecha del 13 de diciembre de 2023 ya hay constancia de un primer plano de mesura de la propiedad, a nombre de Marcelo González.
Lo que derivó en el conflicto que dio que hablar en las últimas semanas se enfoca en un movimiento paralelo suscitado entre que se arribó al compromiso de compra venta y el momento en que se concretó la compra y se escrituró a nombre de los socios. En ese interín, Alberto "Tito" Angulo y su esposa, Yésica Ferreira, adquirieron un lote de 1.500 metros dentro del terreno.
Según relata Angulo, en junio de 2023 cobró una indemnización por un accidente de trabajo. Ese dinero lo destinó a comprar un lote que había encontrado a la venta en Facebook, y el 28 de febrero de 2024 tomó posesión del terreno.
El detalle es que Angulo y su esposa concretaron esa compra con otro hombre de apellido Morales y quien lo ofrecía a la venta.
"Los derechos posesorios fueron cedidos por el señor Ricardo Rafael Morales, a quien la familia (NdA: Araujo - Ferreira) pagó todos sus ahorros, incluyendo una indemnización por un accidente laboral”, detalló la abogada de la familia, Flavia Actis, hace poco más de un mes a Los Andes.
Mientras que González y Pintos avanzaban en la compra de las 93 hectáreas con el banco, la familia acordaba la transacción por 1.500 metros de esas 93 hectáreas con Morales. Este último había trabajado para la firma dueña del predio hasta que quebró y, según detalla la abogada de la familia, el hombre se quedó viviendo en el lugar sin que nadie reclamara nunca ningún derecho posesorio.
La complejidad del caso encuentra su explicación en una de las tantas grietas que suele evidenciar cualquier conflicto judicial de este tipo. Mientras que el banco -con los derechos registrales del terreno- avanzaba en la venta con Pintos y González; Morales -con los derechos posesorios- hacía lo propio con la familia Angulo Ferreira.
Es por esto que, al analizar la cadena de propietarios registrales del terreno, se destacan la firma quebrada, luego el banco y finalmente Marcelo González y Abel Pintos. Pero no hay registros de Morales, y en esto se basó el fiscal para imputar a Angulo y a Ferreira por usurpación en marzo.
"Es como si vos te enterás que una vecina se fue de vacaciones y ofrecés a la venta su casa. Y cuando ella vuelve, se encuentra que vendiste un terreno del que no tenías propiedad", ejemplificó una fuente de la investigación.
Entre que se acordó el compromiso de compra venta y hasta que se escrituró a nombre de González y Pintos, los responsables del emprendimiento pusieron a gente a trabajar en las tierras. Y en esas primeras visitas, nunca encontraron a nadie viviendo.
En noviembre de 2024, cuando Abel Pintos viajó a San Juan, González lo acompañó. Y aprovechó el viaje para visitar sus flamantes 93 hectáreas en Lavalle. Durante ese recorrido por los terrenos se encontraron con ocho familias que argumentaban haberle comprado las tierras a Morales. A raíz de esta situación, viendo venir el inminente conflicto, los inversores bonaerenses contrataron al abogado Pablo Teixidor.
El 17 de diciembre del año pasado, Teixidor presentó la denuncia penal contra la familia Angulo Ferreira y ante la presencia de un candado colocado por personas ajenas en un portón de la propiedad. Aquella denuncia no involucró a otras familias ya que solo estaban in situ Alberto, Yésica y sus hijos.
A raíz de esta denuncia penal es que se citó a Angulo y a los abogados de Abel Pintos y Marcelo González a una conciliación. En aquel encuentro se resolvió que "Tito" Angulo y su familia abandonasen el terreno antes del 3 de febrero de 2025.
No obstante, meses después los abogados de Angulo y Ferreira solicitaron que se declare nula esta audiencia de conciliación. Lejos de calmarse las aguas, la tensión fue en aumento, y finalmente el 12 de marzo el matrimonio fue imputado por "usurpación de inmueble".
Dada la situación de vulnerabilidad de la familia y sus hijos, la Municipalidad de Lavalle ofreció alternativas de asistencia a la familia Angulo Ferreira. Una de ellas incluía la entrega de un lote para que se fuesen a vivir.
Sin embargo, cuando les confirmaron que no podrían llevarse a sus animales (caballos, gallinas y otras especies de corral), la familia desistió. Y argumentaron que los animales son terapéuticos y ayudan a que su hijo se calme ante el brote de algunas de sus crisis.
Tras haberse concretado el desalojo el miércoles pasado, el abogado de Abel Pintos y de Marcelo González confirmó a la Justicia que contaban con el pleno control de la propiedad. Además, dejó en claro que los socios se sentían resarcidos, por lo que no había intención de seguir con la querella, paso previo a que el matrimonio sea sobreseído.