Una vez más, el Gobierno de San Luis quedó en el centro de la polémica por una transferencia errónea de fondos públicos. En esta ocasión, se trató de $90 millones depositados por equivocación a una destinatario no autorizado, lo que encendió las alarmas entre las autoridades provinciales.
El ministro de Hacienda, Néstor Ordónez, fue notificado del error mientras se dirigía a Buenos Aires y dio instrucciones inmediatas para rastrear el dinero y alertar a los organismos financieros involucrados. La hipótesis principal apunta a “un error de tipeo o distracción”, pero aún se investiga.
Casos similares: más de 100 millones
Se trata del tercer escándalo de estas características: a principios de este año, Verónica Acosta, oriunda de Villa Mercedes, esperaba recibir apenas $8.000. Sin embargo, le llegaron a su cuenta de Mercado Pago un total de $510.236.811 por parte del Poder Ejecutivo local.
Según informó el Diario La República, con ese capital Verónica se compró varias cosas y el resto lo transfirió a cuentas de sus familiares.
Ante la denuncia por parte de las autoridades, Acosta y familiares quedaron imputados por defraudaciones especializadas por el uso de tarjeta de débito continuado, fraude a la administración pública y retención indebida.
En la audiencia imputativa también se había fijado la millonaria fianza que debían abonar, así como también que tenían que cumplir con las prisiones preventivas.
Aun así, el abogado de Acosta, Hernán Echeverría, le confirmó a Noticias Argentinas que la Justicia desestimó la fianza que se había impuesto sobre los imputados, monto total de $30 millones, $5 millones por cada acusado.
Finalmente, el segundo hecho ocurrió cuando una persona recibió también por un error $110 millones.