Un empresario vitivinícola de 71 años demandó al laboratorio AstraZeneca y al Estado Nacional porque las dos dosis de vacunas contra el Covid-19 le produjeron Trombosis. Los detalles.
Vacunas contra el Covid-19 le ocasionaron trombosis y perdió trabajo y vínculos familiares: reclama $150 millones. Foto: Imagen ilustrativa (Web)
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J. es un empresario vitivinícola mendocino de 71 años. Aunque está jubilado, sigue trabajando con su empresa, tanto que hasta el 2023 viajaba a distintas Ferias de Vino en todo el mundo con la intención de promocionar y vender sus productos. Sin embargo, a partir de 2023 no pudo viajar más. No por una decisión propia, sino porque le diagnosticaron una Trombosis Venosa Profunda (TVP). Esta situación también le impidió a J. poder volver a Italia a visitar a su familia.
Lo llamativo es que, durante casi 67 años de su vida, J. jamás tuvo antecedentes ni indicios de Trombosis, y su historia clínica así lo confirma. Pero en septiembre de 2021, casi dos meses después de haberse aplicado dos dosis de la vacuna contra Covid-19 del laboratorio AstraZeneca, le diagnosticaron este cuadro a través de un ecodoppler. Y la TVP es uno de los efectos colaterales que el mismísimo laboratorio ha reconocido que pueden sufrir quienes se aplican sus componentes.
Por esto mismo es que en febrero de este año J. presentó una demanda en la Justicia Federal contra AstraZeneca y contra el Estado Nacional haciéndolos responsables por daños y perjuicios ocasionados a raíz de la aparición de la Trombosis. Y reclama cerca de 152 millones de pesos.
"A raíz de la Trombosis, esta persona tuvo que dejar de viajar a las ferias y, en consecuencia, sufrió una considerable baja en las ventas. El perjuicio es considerable y está probado y detallado, por ello la demanda", destacó el abogado Carlos Aguinaga, quien acompaña al denunciante en la demanda.
En junio de 2021, el empresario vitivinícola mendocino se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio AstraZeneca. En julio regresó para recibir la segunda. Y fue a partir de agosto - septiembre que comenzaron las descompensaciones.
"En agosto comenzó con los síntomas, lo internaron en el Hospital Santa Isabel de Hungría, pero no le encontraron nada y le dieron el alta. Al mes lo volvieron a internar y allí, por medio de un ecodoppler venoso color, le encontraron la Trombosis. Pero en 35 años de prepaga jamás le habían encontrado nada que fuera indicio de ello", resumió Aguinaga, quien aclaró que toda la historia clínica ha sido incorporada a la demanda como prueba y ante el reclamo.
Tiempo después, el mismo laboratorio confirmó que uno de los efectos colaterales que producía la vacuna contra el coronavirus desarrollada por ellos era la aparición de Trombosis en quienes hubiesen sido inoculados con sus componentes. Ello le permitió a J. atar cabos, completar el rompecabezas y entender que las dos dosis de AstraZeneca derivaron en la aparición de la TVP.
"A partir de entonces, este hombre decidió asesorarse y así fue como, partiendo de todas presunciones legales, se presentó la demanda contra el laboratorio y contra el Estado Nacional. A raíz de la Trombosis, se encuentra en constante riesgo ante distintas situaciones físicas. Tampoco puede ir al odontólogo y, si se opera de urgencia, puede llegar a morir desangrado. De hecho, ya tuvo suspender una cirugía programada", agregó el abogado del demandante.
Tras haber oficializado la presentación de la demanda ante la Justicia Federal en febrero de este año, por estos días está corriendo el plazo para contestar. De hecho, ambos demandados tienen dos semanas más para hacerlo.
Según explicó Aguinaga, la demanda es contra el Estado Nacional y contra el laboratorio AstraZeneca. En cuanto a la responsabilidad estatal, el abogado destacó la función primordial del Estado es (o debería ser) prevenir y controlar las condiciones de seguridad a las que tienen derecho los consumidores de productos médico-sanitarios. De hecho, agregó que este deber de seguridad, inherente a la función estatal, tiene como fin asegurar que los productos que circulen en el mercado sean seguros para los pacientes y o consumidores.
"El control administrativo previo por parte del Estado constituye un factor esencial para la prevención del daño, y debe ser complementado por la farmacovigilancia posterior que permita detectar posibles efectos adversos o riesgos no identificados durante las etapas iniciales de distribución. Se debieron respetar y garantizar las normas vigentes sobre el consentimiento informado efectivo del paciente", sostuvo Aguinaga.
Respecto a la responsabilidad del laboratorio, el abogado destacó que la responsabilidad civil por productos defectuosos tiene su origen en la necesidad de regular con mayor rigurosidad los perjuicios masivos ocasionados, especialmente en el caso de productos médico - sanitarios, debido a su inherente potencialidad de riesgo.
"La responsabilidad del laboratorio es objetiva, pues se busca garantizar el resarcimiento integral de las víctimas, independientemente de la existencia de algún comportamiento intencional que provoque el daño. Se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, y el laboratorio debe responder como propietario y explotador de la actividad económica, garantizando seguridad al paciente de que las vacunas comercializadas no ocasionen daño a los consumidores", se explayó el abogado del demandante.
Según Aguinaga, esta situación encuadra en lo que se conoce como “riesgos de desarrollo” y deben ser asumidos por el fabricante y no por la víctima. Y agregó que, en este caso, se aplica en el principio de "causalidad probabilística", que permite establecer la responsabilidad del fabricante siempre que exista un conjunto de indicios consistentes y suficientes para inferir una relación directa entre el producto y el daño.