La abuela paterna de las cinco niñas de la mujer imputada por matar y descuartizar a un hombre reclama que las niñas queden bajo su tutela. Ya las cuidó durante un año y medio.
Abuela de las hijas de la "descuartizadora de Guaymallén" pide la custodia de las niñas y que no vayan a un hogar. Foto: Los Andes
Foto:
El caso del violento crimen de un hombre de 44 años, ocurrido el 18 de junio en Guaymallén, sigue dando que hablar con sus repercusiones a nivel judicial y -principalmente- social. Y es que Adriana Valeria Suárez (40), la mujer imputada por asesinar, descuartizar y quemar a la víctima tiene cinco hijas menores de edad. Las niñas vivían con Suárez, quien cumplía con prisión domiciliaria por otro delito.
Al regresar a prisión efectiva -tras ser detenida e imputada por el macabro asesinato-, la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes de la Provincia dispuso que las niñas -de 17, 15, 11, 9 y 7 años- queden alojadas y en tres hogares de menores dependientes del Estado. Esto como medida excepcional y al considerar que no existe una red familiar que garantice la protección de derechos de las vulneradas chicas.
Sin embargo, en las últimas horas, Elisa Bonsemblante (64), la abuela paterna de las niñas, entró en escena y puso el grito en el cielo para contraponerse a lo dispuesto por el Estado y ofrecerse a cuidar y mantener bajo su tutela a sus cinco nietas.
"No sé por qué el Gobierno decide mandarlas a un hogar. Las chicas tienen una red de contención familiar, que soy yo -como abuela- y que estoy pidiendo la tutela. Yo tuve a mi cargo a las cinco niñas durante un año y medio, mientras la madre estaba presa y en ese lapso las nenas tuvieron calidad de vida y estaban bien", resume la mujer, quien ha encontrado el acompañamiento de la Asociación Verdad y Justicia de Mendoza (en la figura de su titular, Ruth Milano) y de la abogada Patricia Chalampa, quien la acompaña y asesora administrativa u judicialmente para que las niñas vuelvan a vivir con su abuela.
"Las cinco chicas son una. Se sienten desprotegidas y, con lo que ellas nos quieren a nosotros -a mí y a su papá-, ¿cómo me van a prohibir verlas a mí, que las he tenido con la guarda y saben cómo han estado mis nietas? Yo sé que ellas necesitan un abrazo de su abuela, de su papá", describe la mujer, compungida.
Desde Infancias, Adolescencias y Juventudes aclararon, en tanto, que se ha determinado que -actualmente- la mujer no es garante de derechos de esas niñas, aunque ello no quiere decir que luego no lo sea.
Además, reafirmaron que las niñas están muy afectadas psíquicamente y que la evaluación profesional de diferentes instituciones que han intervenido coinciden en que hoy necesitan un espacio en las residencias estatales. Incluso, confirmaron que el padre de las chicas posee una prohibición de acercamiento hacia las niñas que está vigente (la abuela de las niñas asegura que es como consecuencia de una falsa denuncia que radicó la mujer, hoy señalada como "descuartizadora").
"Siento que nos arrancan a nuestras niñas, a mí a mis nietas y a sus hijas a mi hijo", destaca la mujer.
Un año y medio antes de que estallara la pandemia de Covid-19, Adriana Valeria Suárez fue detenida y trasladada a una celda común. Fue luego de que se confirmara que había sido coautora de un robo agravado.
Como la mujer tenía ya cinco hijas menores de edad -producto de la relación con un hombre de quien ya se había separado-, las cinco niñas quedaron bajo la guarda de Elisa Bonsemblante (abuela paterna de las menores). Elisa es la madre de Nicolás, quien estuvo 12 años en pareja con Suárez y con quien mantuvo una convivencia por demás conflictiva (a nivel relación).
"Mientras su madre estuvo en la cárcel, yo tuve la custodia de las mis nietas por un año y medio. Pero en 2020, con la pandemia, a ella le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Y un día fue ella a buscar a mis nietas a mi casa, se apareció de la nada y me dejó la documentación donde se autorizaba la domiciliaria y que las chicas volvieran con ella", rememora Elisa, quien aclara que jamás recibió una notificación.
Incluso, la abuela fue a ver a sus nietas, y la propia Suárez le aclaró que su función de encargada de la guarda ya había terminado y que ahora ella se haría cargo de las hijas.
"Desde ese momento pasaron cinco años más o menos, cinco años en que las chicas volvieron con su madre y cinco años en los que se podrían haber evitado un montón de cosas. Ellas (por las niñas) siempre decían que estaban bien, pero yo no las veía limpias. Las veía mal, las veías descuidadas. Conmigo estaban impecables, la comida no les faltaba. Yo les daba todo el amor", resume la mujer, quien aclara que todo esto se extendió desde que le otorgaron la prisión domiciliaria a Suárez y hasta que volvieron a detenerla hace menos de un mes y luego del brutal crimen.
En esos cinco años, Elisa fue a ver a sus nietas cuando podía ("siempre le tuve miedo a esa mujer, me ha echado y maltratado muchas veces", reconoce). E, incluso, hasta aclara que la madre de sus nietas la amenazaba por teléfono y le decía que no iba a verlas más a las niñas. En el fondo, lo que lograba con este mecanismo era sacarle plata.
El padre de las cinco niñas, Nicolás, fue quien recibió las fotos del cuerpo descuartizado y quemado en su teléfono celular. Quien las envió no fue otra que la propia Suárez.
"Nicolás y su hermano, tío de las chicas, hicieron la denuncia cuando ella envió las fotos. Es un pensamiento de una mente asesina, perversa, no hay otra explicación", aclara.
Según cuenta Elisa, la relación entre Nicolás y la madre de las chicas nunca fue buena. Se juntaron cuando él tenía 16 años y ella 22 (ya con una hija fruto de otra relación) y la convivencia, con idas y vueltas -y los cinco embarazos en el medio- se extendió durante 12 años. En el medio, ambos fueron condenados a prisión por protagonizar un robo agravado.
El 18 de junio, cuando la policía llegó a la casa donde vivían Suárez y las cinco niñas, fueron los propios efectivos quienes llamaron a Nicolás para que fuera a buscar a las niñas. Y el las llevó al Hospital Carrillo, donde quedaron bajo el abordaje del equipo de Salud Mental y tomó intervención el ETI.
"Mi hijo tenía tres falsas denuncias por violencia de género que le había puesto la madre de las chicas. La última de esas denuncias se había caído en marzo de este año, pero existía una restricción de acercamiento de parte de la Justicia. Y, aunque aún está vigente, esa noche lo llamaron a él para que fuera a buscar a las chicas", agrega Elisa, quien aclara que Ruth Milano, de la fundación, la ha acompañado y brindado contención en todo este tiempo.
Según cuenta Bonsemblante, estando con la orden de restricción de acercamiento vigente, Nicolás llevaba a sus hijas al médico, ya que Suárez jamás lo hacía y, en ocasiones, se amparaba en que estaba con prisión domiciliaria y no podía salir (la misma que incumplió, por lo menos, cinco veces).
"Él siempre dio todo por sus hijas. Después de haber estado preso, modificó sus hábitos. Pero ella no. Desde el momento en que Nicolás la conoció a ella, yo perdí al hijo que crie. Ella lo manipulaba mucho", acota.
El mismo día en que las niñas fueron trasladadas al Hospital Carrillo, Elisa fue al hospital para ver a sus nietas.
"Me fui al hospital a estar con ellas y estuve con las cinco, que habían quedado en dos salitas separadas. Mi idea era quedarme todo el tiempo, pero me dijeron que iban a poner una cuidadora del ETI. Al principio me habían dicho que yo me iba a poder quedar en el hospital y era bueno, porque sabía que ellas me necesitaban", rememora Elisa.
Sin embargo, esa misma tarde le explicaron que debía retirarse porque se quedaban las cuidadoras. Y al día siguiente, cuando regresó con intenciones de volver a ver a sus nietas, no la autorizaron y le dijeron que nadie podía visitar a las niñas.
"El día anterior ellas me habían pedido que les prometieran que iba a volver a verlas. Y como a mí me habían dicho que iba a poder volver, yo les prometí que volvería", cuenta, con la voz quebrada.
"Yo necesitaba darles un abrazo, necesito que mis nietas sepan que estoy, que estamos con su papá, que estamos con la familia", completa.
La abogada Patricia Chalampa, que acompaña a Elisa en esta batalla por recuperar a sus nietas y su tutela, resaltó que están intentando manejarse con mucha prudencia, teniendo en cuenta que la prioridad es las niñas presenten mejorías. En ese sentido, resaltó que aguardan el control de legalidad por parte del Poder Judicial y las medidas que adopta el ETI.
"Nos sentimos verdaderamente contenidos por Ruth y su asociación y por la doctora. Pero, a la vez, tenemos esa impotencia de sentir que nos arrancaron las niñas y que nos tratan de culpables por no haber hecho denuncias", agrega Elisa.
Para la mujer, el grupo de la iglesia adventista del que forma parte -y quienes la acompañan, incluso desde que las niñas vivían con ellas- y su familia han sido un apoyo y contención fundamentales.
Desde el Gobierno, en tanto, destacaron que el 3 de julio se citó al padre de las niñas para explicarles el alcance de las medidas tomadas, aunque él no asistió. Además, sostuvieron que el viernes 4 de julio se mantuvo una reunión con la abogada de la abuela paterna por esto mismo.
En tanto, el lunes 7 de julio desde el ETI habían convocado a otra reunión con el mismo objetivo -y para la que estaban citados Elisa, Nicolás y el abogado de este último-, aunque tampoco asistieron los familiares de la niña.