El colectivo de la Discapacidad toma hoy la calle nuevamente en apoyo al proyecto de ley de emergencia en discapacidad que tratará el Congreso de la Nación.
El proyecto fija ciertos parámetros para garantizar derechos y servicios. Los prestadores reclaman por atraso en los valores y los pagos.
Prestadores de servicios y familias marchan hoy en Mendoza en favor de Emergencia en Discapacidad
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El colectivo de la Discapacidad toma hoy la calle nuevamente en apoyo al proyecto de ley de emergencia en discapacidad que tratará el Congreso de la Nación.
Personas con discapacidad, familiares, profesionales y quienes les prestan servicios se reunirán hoy a las 12 frente a la Legislatura de Mendoza como ya lo hicieron el pasado jueves.
Para ese día estaba previsto el tratamiento legislativo en Buenos Aires pero la fecha fue pospuesta hasta hoy. El proyecto, promovido por la oposición al gobierno nacional, busca sancionar la norma que permita garantizar derechos y servicios.
El pedido ingresará por Diputados de la Nación y luego debe pasar por el Senado. Contempla que se establezca un presupuesto para actualizar los valores que se pagan a los prestadores de servicios, como transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares y diversos profesionales. Incluye lo que se paga a trabajadores con discapacidad en talleres protegidos ya que el monto no se actualiza desde febrero de 2023.
También busca agilizar y eficientizar procesos de auditorías y aprobación de pensiones, ya que se denuncia que desde que asumió el nuevo gobierno nacional se han otorgado muy pocas.
En tanto, el gobierno ya ha manifestado su oposición a la propuesta: el 30 de abril, en un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expresó su “enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición”. Expresó que “se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
El jueves pasado los prestadores de servicios habían convocado a un paro federal que generó marchas en todo el país. Incluyó a transportistas y profesionales de la salud, entre ellos psicólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, terapistas del lenguaje, acompañantes terapéuticos, docentes.
Vienen reclamando un atraso en los valores que reciben por sus prestaciones así como demoras de meses para que se haga efectivo el pago.
El proyecto de ley busca justamente actualizar el nomenclador de prestaciones donde se establecen los valores que pagan las obras sociales y prepagas por terapias, traslados y apoyos.
Pero además, se sumaron personas con discapacidad y familiares que están resultando afectados por diversas medidas dispuestas por el gobierno nacional, como falta de respuesta a solicitudes de asignaciones, revisión de las pensiones otorgadas y cambios en el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad.
Desde la oposición legislativa nacional han afirmado que hay un amplio apoyo al proyecto y por lo cual, hay chances de que avance.