A casi un año de la implementación de la resolución nacional que restringe prescripciones en prepagas y en obras sociales, se multiplicaron, y por montos millonarios, los recursos de amparo y las medidas cautelares.
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El panorama de la salud privada y de las obras sociales en Mendoza se transformó en los últimos meses y está más conflictiva: se multiplicaron las medidas cautelares, los recursos de amparo por montos millonarios; hay más afiliados reclamando en tribunales y muchos médicos se debaten entre el miedo y la indignación.
Es que la resolución 3934/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), publicada a fines del año pasado, limitó de manera estricta quiénes pueden prescribir medicamentos y tratamientos en planes cerrados y se multiplicaron las denuncias. Ahora, solo los médicos de cartilla de cada prestador pueden indicar prácticas médicas o fármacos, especialmente los de alto costo, con la intención de controlar el gasto y evitar desfinanciar las instituciones.
Desde el Círculo Médico de Mendoza, su presidente José Lodovico, confirmó a Los Andes que existe un aumento cercano al 20% en la judicialización dentro del sector de la salud privada a partir de la nueva limitación en las cartillas con planes cerrados. "Sí, hay evidencia pública de un real aumento en judicializaciones a raíz de la Resolución. El dato del 20% proviene de la percepción del sector privado, aún sin confirmación estadística pública, pero no es descartable dada la señal institucional sobre el incremento de juicios y medidas cautelares", señaló el referente gremial.
Las causas son varias. De hecho, el Círculo Médico de Mendoza expresó su indignación al respecto mediante un reciente comunicado, en el cual advierte públicamente que la norma que impuso el Ejecutivo nacional no sólo limita derechos fundamentales de los pacientes, sino que reduce al médico de esa cartilla a “un mero ejecutor de decisiones administrativas, subordinando su criterio clínico al interés económico de las prestadoras de salud”, alertaron.
El Comunicado, plantea que, desde octubre pasado a la fecha, “se ha judicializado innecesariamente la atención sanitaria”, puesto que desde la entrada en vigencia de la resolución se ha verificado un aumento en las acciones de amparo presentadas por pacientes, lo que demuestra el impacto negativo de estas restricciones.
“En lugar de reducir litigios, como se propone la norma, se están trasladando los conflictos a la vía judicial con mayor frecuencia. La sostenibilidad del sistema no puede lograrse a costa del derecho a la salud ni del trabajo médico digno. Como hemos señalado en múltiples oportunidades, incluyendo en nuestras reuniones gremiales, el camino debe ser una mayor inversión pública, la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias independiente. En defensa de la salud de la población mendocina y de la dignidad del ejercicio médico, exigimos: La revisión urgente de la Resolución 3934/24 y su adecuación a los principios de equidad, accesibilidad y respeto al trabajo profesional”, completa la carta abierta de la entidad médica.
“Aunque no hay una documentación pública formal que hable directamente de “extorsión”, el contexto regulatorio crea una tensión real: el médico puede experimentar presión para restringir sus indicaciones según criterios administrativos de la prepaga, a riesgo de ser excluido de la cartilla. Esto socava su autonomía profesional y pone en riesgo la calidad del vínculo médico–paciente”, agregó Lodovico.
Desde el sector privado, y del lado de las prepagas, la resolución ha generado nuevos desafíos operativos, incluso financieros. Mario Koltan, presidente de Boreal, prepaga con 50 mil afiliados en Mendoza, negó que se rechacen las indicaciones médicas externas a la cartilla, aunque admitió se interviene en ciertos casos. "Si nos llama la atención alguna prescripción llamamos a un especialista de nuestra cartilla para realizar una auditoría compartida y avanzar en el tratamiento, o no, de estas enfermedades crónicas”.
Koltan explica que en provincias y localidades del interior resulta más difícil cumplir la normativa nacional, ya que la cartilla médica no siempre incluye especialistas en todas las patologías complejas. Esta situación se ha traducido en enojos del afiliado y, por ende, en un incremento que va del 15 al 20% en juicios y amparos; algunos revertidos y otros cumplidos según disposición judicial. “El drama surge cuando la auditoría indica que el tratamiento no es adecuado para la evolución de la enfermedad”, señala Koltan, y añade que la medida no quita prestaciones obligatorias, pero sí limita ciertos reintegros de tratamientos caros si no cumplen criterios clínicos.
La resolución nacional se ha convertido en un “mecanismo de presión sobre los médicos”, según planteó a este diario un alto funcionario del sector privado de salud que eligió resguardar su identidad y cargo. Para esa fuente, limitar la prescripción a médicos solo de cartilla puede terminar transformándose en un "collar de ahorque", obligándolos a ajustarse a lo que cubre el financiador para seguir en cartilla. "La estrategia es limitar las prescripciones para controlar gastos en pacientes crónicos, en personas con discapacidad y en medicamentos de alto costo. Y la única forma de achicar o cuidar ese gasto prestacional es cerrando ´ventanas de atención´, reveló.
Sobre el aumento de judicialización, el funcionario explicó un dato clave que se convierte en moneda corriente dentro de obras sociales y prepagas: utilizar la instancia judicial para reforzar el control sobre dónde y cómo se cubren las prestaciones, evitando pagar precios libres que podrían ser más muchos caros. “Obviamente que han aumentado los juicios en todos los agentes de salud. Muchos casos los llevan a esta instancia ellos mismos y, a la hora de cubrir la prestación se presentan a la justicia y dicen: ´Yo le cubro esta práctica, pero en este prestador puntual´. O sea, dan la prestación, pero en donde ellos ya arreglaron de antemano", adujo.
Beneficiarios y la tensión por el acceso
El efecto sobre los pacientes es palpable. La resolución parece haber generado inequidades en el acceso a tratamientos, sobre todo, en zonas alejadas donde los especialistas de cartilla son escasos. Para Lodovico, la situación crea un difícil escenario, en el cual los pacientes pueden enfrentar demoras en la atención o incluso necesitar acudir a la vía judicial para acceder a determinados medicamentos.
“La resolución refleja un riesgo de desfinanciamiento para las prepagas y obras sociales, pero la sostenibilidad del sistema no puede lograrse a costa del derecho a la salud ni del trabajo médico digno”, insistió el presidente del Círculo Médico. Es que la Resolución 3934/24 no solo limita la autonomía de los médicos, sino que también contradice normas internacionales sobre la práctica profesional. “Esto contradice lo expresado en la Declaración de Santander de la CONFEMEL (2024), que reafirma la necesidad de garantizar la independencia clínica del médico como un bien social, algo que, con esta normativa, no se está cumpliendo”, concluyó Lodovico.
No todas las instituciones de Mendoza se ven afectadas por la normativa nacional. Consultados por Los Andes, tanto Damsu, el Departamento Médico Social Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, como OSEP, la obra social estatal provincial, aclaran que están fuera del alcance de la resolución.
Según directivos de Damsu, su régimen universitario particular lo exime de estas restricciones, al igual que OSEP, que opera bajo la ley provincial 4373/63. Los afiliados de OSEP pueden asistir a profesionales propios o hacerse atender en forma particular pagando el coseguro estipulado, manteniendo flexibilidad en la elección del médico.
Esta distinción resalta que la norma impacta principalmente a prepagas y obras sociales bajo regulación nacional, dejando a salvo a quienes operan bajo leyes provinciales o regímenes universitarios.
