Tras un reclamo con tintes de novela, la familia que vivía en las tierras adquiridas por Abel Pintos en Lavalle fue desalojada. El abogado del artista confirmó que se hará con las tierras.
El problema menos esperado por Abel Pintos en Mendoza: así fue la compra, el desalojo y el fin del conflicto. Foto: Gentileza
Foto:
Muy probablemente, cuando el cantante Abel Pintos y su socio, el empresario Marcelo González decidieron comprar 93 hectáreas en el distrito lavallino de San Francisco para avanzar con su emprendimiento productivo y educativo ni se imaginaban la novela que les esperaba. Ni mucho menos el conflicto judicial que culminó este miércoles con el desalojo de un matrimonio y sus cuatro hijos, a quienes se los imputó como usurpadores.
Lo que, en teoría, debería haber sido una operación entre un banco privado -propietario de los terrenos en Lavalle- y Pintos y González se convirtió en un escándalo con incontables episodios y condimentos de todo tipo, con una familia en crisis en el medio. Y, como efecto colateral, la sospecha de un tercero que intentó sacar provecho vendiendo lotes que no eran de su propiedad.
Luego de varios meses de litigio, entre las 9 y las 18 de este miércoles, 28 de mayo, Alberto "Tito" Angulo, su esposa Yésica Ferreira y sus cuatro hijos -de 15, 13, 10 y 5 años- fueron desalojados del terreno que había comprado hace un tiempo. Y están viviendo en el terreno de un amigo, quien les ha ofrecido que compren el lugar, pero no tienen cómo.
En esta enmarañada historia, que revolucionó la Unidad Fiscal Correccional desde marzo de este año, las fechas juegan un rol clave. Para llegar a los orígenes del inesperado conflicto en que se vio envuelto Abel Pintos -y sin tener conocimiento de ello- hay que remontarse a fines de 2022.
El botín en cuestión son 93 hectáreas de campo ubicadas en San Francisco, un distrito ubicado a 12 kilómetros de la Villa Tulumaya (Lavalle) y a casi 45 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Tras la quiebra de una empresa privada -Olive Grove-, el banco HSBC, acreedor de la firma, tomó posesión del terreno hace ya algunos años, y a fines de 2022, comenzaron las conversaciones entre los representantes del banco y González, socio de Abel Pintos en este emprendimiento.
"En ese momento comenzaron las conversaciones con la intención de adquirir las tierras para instalar el emprendimiento de frutos secos y olivos, para replicar un modelo que los socios ya tienen en otras partes del país, como ocurre en Mercedes (Provincia de Buenos Aires)", destacó el abogado de Pintos y González, Pablo Teixidor.
En ese momento, nadie vivía en esas tierras. Siempre de acuerdo a la reconstrucción de Teixidor, cuando concluía 2022 se firmó un compromiso de compra venta y, en simultáneo, se avanzó con el análisis de la situación legal de las tierras, así como también de la factibilidad de sus condiciones para producir.
Recién el 13 de junio de 2024 se escrituró el terreno a nombre de González y Pintos, una vez concretada la transacción. No obstante, con fecha del 13 de diciembre de 2023 ya hay constancia de un primer plano de mesura de la propiedad, ya a nombre de Marcelo González.
Lo que derivó en un complejo enredo en la operación -y el conflicto actual- se enfoca en un movimiento paralelo entre que se arribó al compromiso de compra venta argumentado por Teixidor (a fines de 2022) y cuando finalmente se concretó la compra y se escrituró a nombre de los socios (junio del año pasado). Fue en ese momento cuando Alberto "Tito" Angulo y su esposa, Yésica Ferreira, adquirieron un lote de 1.500 metros en el terreno.
Y es que, según relata Angulo, en junio de 2023 cobró una indemnización por un accidente de trabajo. Ese dinero lo destinó a comprar un lote en febrero de 2024. Esto consta en el expediente de la causa, donde se detalla que el 28 de febrero de 2024, Angulo tomó posesión de uno de los lotes que se ofrecía a la venta en Facebook.
El detalle es que Angulo y su esposa concretaron la compra del lote con otro hombre de apellido Morales, quien lo ofrecía a la venta.
"Los derechos posesorios fueron cedidos por el señor Ricardo Rafael Morales, a quien la familia (NdA: Araujo - Ferreira) pagó todos sus ahorros, incluyendo una indemnización por un accidente laboral que había recibido el señor Angulo”, detalló la abogada de la familia, Flavia Actis, hace poco más de un mes a Los Andes.
Mientras que González y Pintos avanzaban en la compra de las 93 hectáreas con el banco, la familia acordaba la transacción por 1.500 metros de esas 93 hectáreas con Morales. Este último había trabajado para Olive Grove hasta que la firma quebró y, según detalla la abogada de la familia, este hombre se quedó viviendo en el lugar sin que nadie reclamara nunca ningún derecho posesorio.
"Morales había estado ejerciendo la posesión de esas tierras por 20 años. Y si bien no estaban registradas a su nombre, vivió de forma pacífica pública e ininterrumpida. De hecho, vecinos lo reconocen como dueño. Al haber transcurrido 20 años, que es el plazo que establece la ley, ejerció los derechos posesorios. Y lo que él hizo fue vender justamente esos derechos posesorios de las tierras a varias familias, entre ellas a Angulo", detalla Actis.
La complejidad del caso encuentra su explicación en una de las tantas grietas que suele evidenciar cualquier conflicto judicial. Mientras que el banco -con los derechos registrales del terreno- avanzaba en la venta con Pintos y González; Morales -con los derechos posesorios- hacía lo propio con la familia Angulo Ferreira.
Es por esto que, al analizar la cadena de propietarios registrales del terreno, se destacan Olive Grove, luego el banco HSBC y finalmente Marcelo González y Abel Pintos. Pero no hay registros de Morales, y en esto se basó el fiscal Juan Carlos Alessandra para imputar a Angulo y a Ferreira por usurpación en marzo. E, incluso -y según trascendió- Morales y quienes participaron de las formalidades de la venta también están bajo la lupa.
"Es como si vos te enterás que una vecina se fue de vacaciones y ofrecés a la venta su casa. Y cuando ella vuelve, se encuentra que vendiste un terreno del que no tenías propiedad", ejemplificó una fuente de la investigación.
Entre que se acordó el compromiso de compra venta y hasta que se escrituró a nombre de González y Pintos, los responsables del emprendimiento pusieron a gente a trabajar en las tierras. Y en esas primeras visitas, nunca encontraron a nadie viviendo allí.
Según consta en la actuación notaria, el 28 de febrero de 2024 Alberto Angulo y Yésica Ferreira tomaron posesión de las tierras.
En noviembre de 2024, cuando Abel Pintos viajó a San Juan para participar de la Fiesta del Sol, González lo acompañó. Y aprovechó el viaje para hacer unos kilómetros más y visitar sus flamantes 93 hectáreas en San Francisco.
Fue durante ese recorrido por los terrenos que se toparon con ocho familias que argumentaban haberle comprado las tierras a Morales. A raíz de esta situación, viendo venir el inminente conflicto, los inversores contrataron a Teixidor.
El portón que delimitaba el ingreso a la propiedad es otro de los puntos que ha generado discusión. Por un lado, el abogado de Pintos y González sostiene que ellos colocaron dos portones (uno primero y luego cambiado por uno mejor y más seguro), y que en una de las visitas -en diciembre de 2024- se toparon con un candado colocado por quienes allí vivían. En tanto, Angulo argumenta que el único portón que ha existido en el lugar lo colocaron ellos.
En medio de estas idas y vueltas fue que Teixidor presentó la denuncia penal contra la familia Angulo Ferreira a fines del año pasado y ante la presencia de un candado colocado por personas ajenas. Aquella denuncia no involucró a otras familias ya que aquel 17 de diciembre solo estaban in situ Alberto, Yésica y sus hijos.
A raíz de esta denuncia penal es que se citó a Angulo y a los abogados de Abel Pintos y Marcelo González a una conciliación. En aquel encuentro se resolvió que "Tito" Angulo y su familia abandonan el terreno. Y, con miras a darles un tiempo para organizarse, se los emplazó a irse antes del 3 de febrero de 2025.
No obstante, meses después los abogados de Angulo y Ferreira solicitaron que se declare nula esta audiencia de conciliación. Lejos de calmarse las aguas, la tensión fue en aumento, y finalmente el 12 de marzo el matrimonio fue imputado por "usurpación de inmueble".
Dada la situación de vulnerabilidad de la familia y sus hijos -uno de ellos con certificado de discapacidad-, la Municipalidad de Lavalle ofreció alternativas de asistencia a la familia Angulo Ferreira. La más reciente incluía la entrega de un lote en Jocolí viejo para que se fuesen a vivir.
Sin embargo, cuando desde les confirmaron que no podrían llevarse a sus animales (caballos, gallinas y otras especies de corral), la familia desistió. Y es que, argumentaron, estos animales son terapéuticos y ayudan a que uno de sus hijos se calme ante el brote de algunas de sus crisis.
Cerca de las 9 del miércoles pasado, personal policial y judicial se presentó en el lote de Angulo y Ferreira. La orden del fiscal era clara: desalojar a la familia.
Hasta las 18, y con asistencia de camiones de la Municipalidad de Lavalle, Alberto Angulo y Yésica Ferreira se dedicaron a retirar sus pertenencias y los materiales de su humilde y precaria vivienda. Todo fue trasladado a un lote que prestó un amigo en La Pega.
"Hoy por la mañana fuimos y notificamos que ya tenemos pleno control de la propiedad. Además, dejamos en claro que nos sentimos resarcidos ya, por lo que no tenemos intención de seguir con la querella. Lo único que se hizo por parte de los propietarios fue denunciar un ilícito que impedía el pleno disfrute de la propiedad, y fuimos a la Justicia para que interviniera haciendo cesar el delito", sintetizó Pablo Teixidor.
En ese sentido, el letrado confirmó -además- que, habiendo recuperado ya sus tierras, los inversores van a comenzar de inmediato con los trabajos en el lugar.
"Conforme nosotros consideramos que podrían haber sido víctimas de un ilícito de un tercero (NdA: en alusión a la operación que cerraron con Morales), a fines de no perjudicar a la familia y habiendo recuperado el inmueble, creemos conveniente no seguir con la querella criminal. Es el paso previo para que la fiscalía deje de lado la imputación", concluyó Teixidor.
A su turno, Actis consideró que el conflicto debería haberse dirimido en el fuero civil.
"El nudo del conflicto está en que los derechos posesorios los tenía Morales y los registrales eran del banco. Esto debería haberse sometido a la Justicia civil para que se determinara qué derecho tenía mayor validez. A lo penal debería haberse llegado como última instancia, pero resultó más rápido exponer y acusar en lo penal, utilizarlo para llegar a un desalojo más rápido", concluyó.