El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata hizo lugar a una demanda civil contra la provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires deberá indemnizar a la familia de un preso asesinado en una cárcel.
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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata hizo lugar a una demanda civil contra la provincia de Buenos Aires y ordenó indemnizar a la viuda y a los hijos de Elio Edgardo Constantino Cajal, un interno que fue asesinado en 2016 dentro de la Unidad Penal N°15 de Batán. El fallo responsabiliza al Servicio Penitenciario Bonaerense por no garantizar su seguridad, aunque la resolución aún no está firme y fue apelada.
Según consta en la denuncia presentada por la esposa de Cajal, existieron graves deficiencias en el servicio penitenciario que permitieron que el crimen ocurriera. La mujer sostuvo que, si bien el homicida es el autor directo del asesinato, el Estado también es responsable por omitir sus obligaciones legales de custodia y prevención.
El juez Simón Isacch coincidió con ese argumento y resolvió otorgar una indemnización de $7 millones a la viuda y $3,5 millones para cada uno de los hijos. No obstante, la sentencia fue apelada y la provincia aún no deberá pagar la compensación hasta que se resuelva la instancia judicial superior.
El asesinato de Cajal ocurrió en 2016, en un contexto de reiterados conflictos con otros internos, particularmente con Emanuel Tonzo y Víctor Fernández Ale. Fue Fernández quien lo atacó con un arma blanca y le provocó múltiples heridas. Aunque fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, falleció poco después.
El fallo judicial remarca que las peleas entre presos son una problemática estructural conocida, por lo que el Estado no puede desentenderse de su responsabilidad. El juez señaló que hubo omisiones concretas en los protocolos de seguridad y vigilancia que permitieron la agresión fatal.
