Nación no da datos sobre suspensión de pensiones en la provincia, donde hay 23 pensiones por cada 1.000 habitantes, según un estudio. Las provincias piden suspender las auditorías por deficiencias.
Pese a que avanzan las auditorías, a la fecha no se sabe cuántas son las pensiones que se han suspendido en Mendoza. | Foto: Los Andes
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Pese a que avanzan las auditorías, a la fecha no se sabe cuántas son las personas a las que les han suspendido la pensión no contributiva por discapacidad en Mendoza. Se trata de aquellas que por disposición del gobierno nacional, y ante sospechas de fraude, se mandaron a auditar en un controvertido contexto.
Las solicitudes enviadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por autoridades del gobierno provincial para conocer el dato no han tenido respuesta oficial, salvo una informal en la que se señaló que los datos se están procesando. Según pudo saber Los Andes, lo mismo ha sucedido en otras provincias.
Lo que sí se sabe es que en Mendoza han sido citadas para demostrar su situación de discapacidad 43.511 personas: 41.511 en una primera convocatoria y 2.000 en una segunda. Sin embargo, no todas tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD). Estas pensiones se otorgan a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad.
En el primer llamado han sido 5.599 de San Rafael, 5.021 de Guaymallén, 4.403 de Las Heras, 3.761 de Maipú, 3.295 de San Martín y 2.772 de Godoy Cruz. El resto corresponde a los demás departamentos y hay en todos.
Cabe recordar que la iniciativa del Gobierno Nacional de auditar las pensiones obedece al argumento de que muchas presentan inconsistencias y se trata de un nicho en el que abundan los fraudes. Sin embargo, han surgido denuncias de personas en efectiva situación de discapacidad a las que se les ha eliminado el beneficio dejándolas en alto riesgo para su supervivencia y garantías de atención básica de su salud.
Pese a que hay algunos números dando vueltas en algunas provincias, lo cierto es que la situación sería la misma en todas las jurisdicciones: Andis no ha dado información, pese a las solicitudes de las Direcciones de Discapacidad.
Las perspectivas no serían favorables si se tiene en cuenta que la Andis tiene sus propios problemas: afronta las conocidas denuncias de coimas hechas públicas tras la filtración de audios. En ese marco, debió cambiar de director tras la renuncia de Diego Spagnuolo, devenido en denunciante, por ahora, aparentemente involuntario. El escándalo salpica las más altas esferas del poder nacional en plena campaña electoral.
En el gobierno mendocino creen que la falta de información puede atentar contra las posibilidades de brindar acompañamiento adecuado a las personas con discapacidad ante la pérdida de resguardos económicos y de otra índole, lo que incrementa su vulnerabilidad.
También preocupa que, dado que debe garantizarse la asistencia básica, y si deja de cubrirla el gobierno nacional, deberá hacerlo la provincia, por lo que conocer la cantidad de afectados por la pérdida de pensiones no contributivas es crucial para planificar.
Referentes del colectivo de discapacidad de Mendoza confirmaron que el número de afectados real no está. “Ese es un dato que no vas a conseguir desde ningún lado porque es un dato de la Agencia Nacional de Discapacidad que en este momento no va a dar, ningún dato absolutamente a nadie”, aseguró Mónica Bascuñán, referente del Observatorio de Discapacidad de Mendoza.
“El sector está atravesando una situación muy crítica pero la discapacidad está en agenda por corrupción y no por derechos humanos. Entonces, llamamos un poco a la reflexión, las personas con discapacidad no salen a gritar a los cuatro vientos que les suspendieron las pensiones, hay un estigma muy fuerte, hay vergüenza”, apuntó.
El mecanismo también ha sido cuestionado. Como se ha hecho público, hay denuncias de que en diferentes lugares del país, las convocatorias han sido en lugares inhóspitos, inadecuados en cuanto a su accesibilidad, alejados o que incluso se suspendieron pensiones con el argumento de que los beneficiarios no se presentaron pero ellos aseguran que nunca les llegó la citación.
En el Gobierno de Mendoza aseguran que los casos de convocatorias a lugares inadecuados no se han presentado en la provincia porque han buscado intervenir para facilitar el acceso.
Tan es así que en mayo, los participantes del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), conformado por funcionarios de áreas de discapacidad de las provincias y ONG, elevaron una nota a la dirección de la Andis pidiendo se suspendieran las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el territorio nacional en tanto no estaba garantizado que fueran accesibles.
“Reconociendo que la auditoría de beneficios constituye una herramienta legítima y necesaria para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, entendemos que dichos procesos no pueden realizarse mediante modalidades que vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ni que omitan los ajustes razonables que exige su participación efectiva”, advierte.
Agrega que la moción encuentra sustento en diversas consideraciones que, desde una perspectiva federal y de derechos humanos, ameritan una revisión urgente de los procedimientos actualmente en curso.
Allí hace referencia a “informes provinciales y regionales que han identificado deficiencias graves en la implementación de los procesos de auditoría vigentes”. Luego menciona que entre los aspectos más preocupantes se destaca la falta de accesibilidad en la forma de notificación: el uso exclusivo de carta documento como medio de citación y que no contempla formatos accesibles ni mecanismos alternativos qué garanticen la efectiva recepción comprensión y respuesta por parte de las personas con discapacidad. A las autoridades provinciales esto afecta su derecho a la información y al debido proceso.
En ese mismo contexto mencionan el registro de situaciones de incertidumbre, ansiedad y desinformación generalizada entre los beneficiarios. Agregan dificultades materiales y logísticas para cumplir con los plazos establecidos y la ausencia de apoyos para participar de manera efectiva en las evaluaciones. Suman la falta de criterios públicos objetivos y homogéneos para la revisión de los casos.
Para los firmantes estas deficiencias comprometen principios fundamentales como el trato digno, la igualdad ante la ley, la accesibilidad, la no discriminación y el derecho a un nivel de vida adecuado, tal cual establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Entendiendo que el actual proceso de auditorías podría configurar un retroceso en la garantía de derechos sociales adquiridos en infracción al principio de no regresividad consagrado en el artículo 4.2 de la misma convención”, solicitan a la Andis la suspensión temporal de las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el territorio nacional hasta tanto se garantiza que los procedimientos aplicados respeten plenamente los derechos de las personas con discapacidad. En el mismo marco solicitan la conformación de una mesa de trabajo interjurisdiccional en el seno del Cofedis para revisar y proponer ajustes a los procedimientos de auditoría.
Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), entre los años 2000 y 2023 las pensiones por invalidez pasaron de 75 mil a 1,2 millones.
La organización es un centro de estudios que se define independiente y sin fines de lucro, especializado en mercado laboral, seguridad social, sistema de salud y asistencia social, entre otros temas.
Allí se detalla que en el país hay 25 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes. Mendoza se encuentra cerca del promedio nacional aunque levemente debajo: según el estudio tiene 23 cada 1.000 habitantes. En los extremos, Chaco tiene 86 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes y Tierra del Fuego, 7.
“Ante las sospechas que genera semejante crecimiento se encaró una auditoría masiva. Como resultado, pululan denuncias en distintas partes del país de personas con visibles manifestaciones incapacitantes cuyas prestaciones fueron suspendidas y otras que se quejan por el maltrato y el sometimiento a trámites muy engorrosos, burocráticos y hasta irrazonables”, expresa el informe.
Y agrega: “La Andis implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas. La consecuencia fue el maltrato a gente inválida soportando largas demoras para ser atendida y la suspensión del beneficio de manera arbitraria”.