Hay una legislación vigente por la que debe garantizarse el acceso pero desde el año pasado no se envían recursos, a tono con una política de desmantelamiento.
Desde el año pasado Nación no envía medicación para acceso a IVE a Mendoza
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A tono con su postura ideológica, el gobierno de Javier Milei dejó de enviar la medicación y/o fondos que cubría el estado nacional para dar cumplimento a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza dejaron de recibirlo el año pasado por lo que el Ministerio de Salud de Mendoza se ha hecho cargo de los recursos para dar cumplimento efectivo a la normativa vigente.
No es la primera vez que sucede: desde que asumió la nueva gestión nacional, se han implementado recortes y “desapariciones” de programas y recursos destinados a garantizar seguridad y derechos a las mujeres. La retracción del gobierno nacional en diferentes programas para dar asistencia por ejemplo a víctimas de violencia de género ha sido también cubierta por el gobierno de la provincia.
“Desde el año pasado nosotros no recibimos más medicación para acceso a IVE, quien se ha hecho cargo de todos los insumos es el ministerio; hoy te puedo decir que no tenemos faltante porque se han ordenado compras, pero responde el ministerio de la provincia de Mendoza”, aceptó Johana Bazán, la jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza.
Ella asumió su cargo en setiembre y recuerda que al menos desde ese entonces ya no se enviaron. Agregó que asimismo nunca tuvieron problemas para brindar respuesta a la demanda ni contar con los insumos. “La decisión de hacerse cargo y comprar insumos se tomó inmediatamente desde el ministro, respetando un marco legal que teníamos, porque nosotros recursos físicos teníamos, se agregaron las licenciadas en Obstetricia que a través de una resolución ministerial de la provincia, a partir de noviembre comenzamos a prescribir y con el tema de los insumos nunca tuvimos faltantes”, detalló.
Según datos del programa, en 2024 se realizaron 3.289 IVE en Mendoza. Habían sido 1.971 en 2021, 2.631 en 2022, y 3.147 en 2023. Bazán contrapuso el número a las 523.000 mujeres en edad fértil que hay en la provincia, quienes tienen entre 15 y 49 años. De ellas, 77.518 son adolescentes (hasta 19 años). La mayoría de quienes solicitan la práctica tienen entre 24 y 34 años.
Dijo que son muy pocas las adolescentes que llegan. “Tenemos muy instalado en la provincia el mecanismo para evitar el embarazo adolescente, por eso la mayoría son mujeres más grandes que a lo mejor han quedado desprotegidas o bueno, todo lo que conlleva ser mujer en esos tiempos ya que quizás no tienen tiempo de buscar asistencia”, analizó.
En cuanto al aumento detalló que, con los años, se ha podido mejorar el acceso: “Es un marco legal que tenemos que respetar para quien decida interrumpir el embarazo y también porque se han sumado profesionales a la prescripción”.
Y agregó: “Antes de la ley los abortos existían clandestinamente y no se podían medir estadísticamente, hoy podemos decir un número porque los estamos midiendo”.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el acceso a un aborto cuidado y voluntario bajo ciertos parámetos, es una ley vigente en Argentina desde 2021. La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se aprobó en el Congreso de la Nación en diciembre de 2020, mientras que el decreto que la promulgó fue firmado por el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, en enero de 2021.
Pero el gobierno nacional ha mostrado desde el inicio de la gestión una postura reacia a las políticas de género y abiertamente al aborto, sobre el cual incluso se ha planteado la posibilidad de presentar un proyecto para revisar esa legislación y eliminarlo.
Ante esas cuestiones con las que no comulga, la estrategia ha sido la desfinanciación y la eliminación de espacios. El presidente Javier Milei se ha expersado abiertamnete contra el aborto al calificarlo de “asesinato agravado por el vínculo”.
Hay que recordar que antes de la legalización no es que no existieran abortos. La práctica ha existido siempre pero ha implicado riesgos y mortalidad de mujeres que han accedido a hacerlo como han podido, incluso más aún si pertenecen a sectores vulnerables. Que no hubiera un marco legal implicaba prácticas y profesionales sin control -si es que intervenían- falta de asistencia de salud en sus diversas aristas, la falta de llegada al sistema de salud para brindarle métodos anticonceptivos para evitar próximos embarazos y, por supuesto, la carencia de datos estadísticos y controles.
Para sostener su postura, recientemente el presidente sostuvo que el aborto es el responsable de la baja de la natalidad. “Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Lo hubieran pensado antes, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres”, agregó.
El asunto es que la baja en la natalidad es un fenómeno multicausal atravesado por diversas cuestiones culturales y socioeconómicas, un proceso paulatino que se presenta a nivel mundial e incluso desde hace décadas.
En 2023 nacieron en Mendoza 20.051 niños, es una baja de 44,5% en relación a los 36.131 bebés que nacieron en 2014, el último año que marcó un pico en la natalidad. Es casi la mitad en 9 años, la ley tiene 4 y medio.
Los análisis de especialistas consultados por Los Andes apuntan que inciden entre otras cosas, cambios en las concepciones culturales y proyectos de vida, acceso a planificación familiar y cuestiones socioeconómicas como las crisis, periodos en los cuales es notoria la baja en los nacimientos. De hecho, no puede soslayarse el impacto de la coyuntura reciente. La falta de seguridad económica y dudas sobre el futuro afectan la decisión de maternar o paternar, los profesionales que trabajan en salud sexual y reproductiva, advierten que hay una tendencia a una mayor planificación familiar.
Un informe de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina, detalla que durante el primer año de mandato de Javier Milei, que se inició el 10 de diciembre de 2023, se logró sostener la atención médica en el marco de los requerimientos de la IVE, “a pesar de que el Ejecutivo libertario desmanteló las políticas públicas principales que garantizaban el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población”.
Detalla que según indica el último reporte publicado por el Proyecto Mirar, una iniciativa que se encarga de monitorear la implementación de la ley IVE en Argentina, entre enero y octubre de 2024 hubo una caída brutal en el financiamiento de políticas públicas esenciales para garantizar la implementación de la norma.
Refiere que el informe, titulado Insistir y persistir, el panorama del aborto en Argentina, detalla que en 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE/ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024, directamente, no hubo entregas. “El gasto del presupuesto nacional destinado a salud sexual y (no) reproductiva resulta ser el más bajo de los últimos nueve años”, advierte la organización.
“Esto tiene un impacto directo, sobre todo en las provincias con menos recursos económicos y menos compromiso político con los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, que genera dificultades en el acceso a los derechos para la salud sexual y reproductiva, y confusión debido a los mensajes contradictorios y equívocos que emiten distintos funcionarios públicos”, señaló Natalia Gherardi, abogada feminista y docente, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y miembro de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (Redaas). Además, consideró que el cumplimiento efectivo de la ley IVE para 2025 estaría en riesgo.
“Durante 2024 todas las provincias han sido afectadas porque el recorte del presupuesto para la compra de medicación utilizada para la IVE por parte del gobierno nacional es total”, dijo Rosana Fanjul, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Amnistía Internacional presentó el informe “También es por vos: Defender el acceso al aborto”, donde alerta sobre un retroceso de políticas públicas que da cuenta del alarmante debilitamiento en el acceso al aborto. La organización registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por dificultades en el acceso al aborto, en comparación con 2023, a través de su formulario de atención y denuncias.