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El gobierno español le recordó ayer al presidente catalán, Carles Puigdemont, que le quedan tres días para evitar una posible suspensión de la autonomía de su región, y le reprochó no haber contestado a su pregunta de si ha declarado o no la independencia.
La peor crisis política en 40 años de democracia en España continúa así profundizándose, dado el diálogo de sordos entre el gobierno de Mariano Rajoy y el ejecutivo separatista de Puigdemont.
La batalla se libra al mismo tiempo en los tribunales. Este lunes, el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero quedó en libertad provisional tras declarar por segunda vez ante la Audiencia Nacional, acusado de sedición, pero le retiraron el pasaporte y tendrá que presentarse en el juzgado cada quince días.
Se le acusa de “sedición”, por no haber hecho supuestamente lo necesario a fin de impedir el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, en el que se escudan los independentistas en su lucha por separarse de España.
En tanto una jueza de la Audiencia decretó prisión preventiva para los líderes de dos influyentes asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, imputados por el delito de sedición, según el auto judicial.
La jueza Carmen Lamela decidió la "prisión comunicada y sin fianza de Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro", indicó el auto del alto tribunal en Madrid.
Rajoy pide claridad
En una sesión parlamentaria confusa, el pasado martes, Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum inconstitucional del 1 de octubre -con 43% de participación y 90% de síes-, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con Madrid.
Rajoy le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le había dado plazo hasta ayer.
Este es el primer paso para aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender la autonomía de una región si desobece la ley. En su carta, sin embargo, Puigdemont eludió contestar y ofreció dos meses para dialogar.
“El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados”, dijo la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría.
Aparte de ella, Rajoy escribió ayer al presidente catalán, que tiene ahora hasta el jueves a las 10 (5 argentina) para dar marcha atrás.
“Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (...), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere”, escribió el jefe del gobierno español.
Codorniú trasladó a La Rioja su sede social
Codorníu Raventós, la emblemática empresa productora de cava, el vino espumoso catalán, anunció ayer que traslada su sede social a la gran región vinícola española de La Rioja por “la situación política” en Cataluña, en alusión al pulso independentista.
“Ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Cataluña”, Codorníu Raventós “ha acordado el traslado de su domicilio social desde el actual ubicado en Barcelona a La Rioja”, informó la empresa.
La compañía precisó que “se mantiene la estructura operativa de producción de todas sus bodegas, así como el total de sus empleados en sus actuales centros de trabajo”.
