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El caso Próvolo se acerca a su primera sentencia. Es casi un hecho que los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el ex jardinero Armando Gómez -llegaron a juicio con 28 imputaciones por abuso sexual y corrupción de menores- conocerán el fallo que definirá su futuro antes de que termine noviembre.
El Ministerio Público Fiscal y el primer grupo de abogados querellantes -quienes alegaron entre ayer y el lunes- ya hicieron sus fundamentaciones y se explayaron en sus pedidos de pena. Mientras que la fiscalía pidió 45 años de prisión para los dos curas y 22 años y medio para el administrativo, los abogados de la ONG Xumek pidieron 50 años de cárcel para Corbacho -es la pena máxima por los delitos de los que está acusado- y acompañaron el pedido de los fiscales respecto de Corradi y Gómez.
Además, los abogados Sergio Salinas y Lucas Lecour, quienes alegaron ayer en nombre de algunas de las víctimas, formalizaron al Tribunal una serie de pedidos referidos a medidas de satisfacción y prevención, tanto para las víctimas como para evitar episodios futuros similares. Entre ellas, se destacan que la Iglesia Católica haga un "pedido de disculpas público" a las víctimas, que el Congreso de la Nación deje sin efecto el Concordato con el Vaticano (de 1966) cuando se solicite información, que se garantice la enseñanza de Lengua de Señas en las escuelas mendocinas y que se asegure un seguimiento y contención a las víctimas una vez culminado el juicio.
Para hoy, en tanto, están previstos los alegatos del segundo grupo de abogados de las víctimas, integrado por Oscar Barrera y Leandro Lanci, quienes defienden a los otros denunciantes de la causa uno.
Quien dio inicio a la etapa de alegatos el lunes fue el fiscal Gustavo Stroppiana, quien instruyó y encabezó prácticamente la totalidad de la investigación. Durante su alocución, realizó una contextualización del caso y dividió sus palabras en tres partes.
Primero se refirió a lo edilicio y a lo difícil de controlar lo que podría haber ocurrido en los 11.000 m2 del predio. Luego hizo un repaso por el perfil psicológico de las víctimas, su personalidad y la dificultad para comunicar lo que estaban viviendo. Aquí también hizo hincapié en los resultados de las pericias, aquellas que sostienen que los relatos de los chicos son coherentes y verosímiles. Por último, el fiscal se detuvo en los rasgos de Corbacho y Gómez.
También el lunes comenzó a exponer el jefe de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, quien culminó ayer con sus alegatos. Fue él quien solicitó una pena de 45 años de prisión para los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y de 22 años y medio para el ex jardinero Armando Gómez.
"La gran mayoría de los hechos han ocurrido y las víctimas son víctimas. No veíamos que fuera una situación orquestada ni con intereses. Por ello hemos solicitado al tribunal una sanción", detalló Iturbide al culminar la audiencia de ayer.
De los 28 hechos que sumaban entre los imputados, el fiscal sostuvo 25 de esas acusaciones y consideró que no había pruebas suficientes solamente en tres de ellas: una por abuso simple y otra por corromper menores contra Gómez, y una más por corrupción sobre Corradi.
El fiscal fue contundente respecto de los curas. "Tenían todas las herramientas para hacer una institución que sirviera a los niños y la han arruinado", sintetizó. Sobre la diferencia entre los pedidos de condena a los sacerdotes y la de Gómez, Iturbide detalló que el ex jardinero no tenía el mismo poder que los religiosos y que era un simple jardinero.
A su turno, Salinas y Lecour solicitaron la pena máxima posible para Corbacho, que es de 50 años. Respecto de Corradi y Gómez, pidieron la condena que les corresponde específicamente por los episodios cometidos contra los ex alumnos que ellos representan (15 años de prisión para Corradi por un caso de corrupción y otros 15 para Gómez por dos episodios), aunque acompañaron en general el pedido de la fiscalía para ellos.
Además, los abogados incluyeron en sus fundamentos la requisitoria de una serie de medidas institucionales a adoptar: una recomendación al Ministerio de Salud de Mendoza para que brinde "de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario" tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito con intérpretes a todas las víctimas y que se aseguren las facilidades para que los damnificados puedan asistir, ya sea a través de becas de transporte público o mediante la visita de los profesionales a sus domicilios. Por otra parte, recomendaron a la Dirección General de Escuelas que asegure opciones educativas a las víctimas y que se otorgue una beca que incluya transporte y materiales de estudio.
También incluyeron medidas "de satisfacción", entre las que se destaca una exigencia a la Iglesia Católica para que haga "un pedido de disculpas, mediante acto público, a las víctimas, realizadas con el acuerdo y participación de éstas".
Las denuncias por abusos en el Próvolo de La Plata se conocieron luego de que saliera a la luz el caso mendocino, aunque los episodios ocurrieron con anterioridad (entre las décadas del 80 y 90). Además de Corradi, hay otros dos acusados: el profesor José Brítez y el laico Eliseo Pirmati, quien se fue a Italia cuando estalló el escándalo en Mendoza.
Por pedido de la fiscal platense Cecilia Corfield, quien instruye la causa en la ciudad bonaerense, la Justicia argentina solicitó a su par de Italia la extradición de Pirmati (nacido en aquel país, al igual que Corradi).
Recientemente hubo una respuesta de la Justicia italiana, aunque no fue la esperada. Desde aquel país solicitaron que se amplíen datos sobre la identidad de Pirmati, que se indique la época en que se cometieron los delitos por los que se lo acusa y la tipificación legal de la imputación y sus pruebas, entre otras cosas.
Si bien esta respuesta dilata el proceso y permite que Pirmati extienda su estadía en el país europeo, desde la fiscalía que comanda Corfield destacaron que muchas de estas requisitorias ya han sido respondidas con anterioridad y en el pedido de extradición.
No obstante, aclararon que no es un rechazo al pedido, sino más bien "una serie de trabas y excusas" y lamentaron la poca voluntad de colaborar de la Justicia italiana.
